Por: Leonardo Buitrago
El Ciudadano. 07/05/2026
Durante más de un año y tres meses, el entonces militar permaneció privado de libertad y fue sometido a torturas en recintos de la Armada y la DINAm donde sufrió golpes, asfixia, submarino (inmersión en agua), descargas eléctricas en zonas sensibles y obligado a presenciar agresiones a otros presos
La dictadura cívico-militar no solo persiguió, torturó y ejecutó a opositores políticos, sino que también volvió su maquinaria represiva contra quienes vestían el mismo uniforme. Así lo confirmó un fallo del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago en el que condenar al Estado a pagar una indemnización de 40 millones de pesos por concepto de daño moral a V.S.E.L. un exmiembro del Ejército que fue detenido por agentes de inteligencia de su propia rama castrense el 12 de febrero de 1975.
Durante más de un año y tres meses, el entonces militar permaneció privado de libertad y fue sometido a torturas en recintos de la Armada y la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet.
En el fallo, la magistrada Daniela Royer Faúndez desestimó las excepciones de reparación integral y prescripción presentadas por el fisco. En su razonamiento, la jueza sostuvo que los hechos padecidos por V.S.E.L. constituyen un crimen de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles tanto en el ámbito penal como en el civil.
De esta forma, el tribunal no solo validó la posibilidad de demandar décadas después, sino que también reconoció el deber del Estado de reparar a una víctima que alguna vez fue parte de sus propias filas.
Militar detenido y torturado por agentes de la dictadura
En su relato, el exmilitar señaló que fue arrestado el 12 de febrero de 1975 en Quilpué por inteligencia del Ejército, bajo acusaciones de una supuesta militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Tras ser vendado y golpeado, lo trasladaron a distintos centros de reclusión y tortura, incluyendo Villa Grimaldi (perteneciente a la DINA), donde permaneció 28 días y sufrió golpes, asfixia, submarino (inmersión en agua), descargas eléctricas en zonas sensibles. También fue obligado a presenciar agresiones contra otros presos.
Posteriormente fue llevado a Cuatro Álamos, Tres Álamos, Silva Palma y Melinka, siendo liberado el 28 de septiembre de 1976. Fue condenado por un tribunal militar por infracción a la ley de control de armas y luego amnistiado.
Como consecuencia, sufrió secuelas físicas (dificultades para caminar, dolores de espalda) y psicológicas (pesadillas, crisis de angustia, insomnio, irritabilidad, desconfianza, aislamiento social). Su familia también enfrentó pobreza, aislamiento y estigmatización.
Ante este escenario, tomó la decisión de partir al exilio a Suecia, donde según indicó pudo llegar «gracias a la solidaridad de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos».
Informe revela trastorno de estrés postraumático complejo
Para acreditar el daño moral, la parte demandante presentó un informe biopsicosocial elaborado por la psicóloga clínica Tamara Tapia Zubicueta, quien diagnosticó al exmilitar con un trastorno de estrés postraumático complejo. El cuadro clínico se manifiesta en pesadillas recurrentes, ansiedad, un estado de hiperalerta crónico, así como sentimientos persistentes de tristeza, incertidumbre y miedo.
El documento también detalla el impacto emocional que implicó el exilio, por el que debió «dejar a su familia de origen, raíces y sueños».
Esto le «provocó un gran impacto en el actor, debiendo su esposa y familia adaptarse”, acota.
Uno de los pasajes más impactantes del informe psicológico, recogido por el fallo, revela que el costo más doloroso de lasa agresiones perpetradas por los agentes de la dictadura fue el fin de su matrimonio. «producto del cambio de personalidad que experimentó luego de las torturas a las que fue sometido».
Fisco deberá pagar indemnización de $40 millones
El tribunal determinó que “el informe psicológico indicado, permite concluir que la vida del actor experimentó una alteración de envergadura como consecuencia de la detención política, torturas sufridas y el exilio del país a que fue sometido, presentando secuelas psicológicas en la actualidad”.
A la hora de avaluar prudencialmente la indemnización, la magistrada ponderó las secuelas psicológicas actuales, la extensa duración de la privación de libertad (más de quince meses), el exilio posterior y una reparación pecuniaria previa que el Estado ya había entregado al demandante. Con todos esos elementos, fijó el monto en 40 millones de pesos.
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