Por: El Clarín de Chile  23 mayo, 2026

Bolivia vive una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. A solo seis meses de haber llegado al poder, el presidente Rodrigo Paz enfrenta un escenario explosivo: más de 50 puntos de bloqueo, enfrentamientos con la policía, desabastecimiento en La Paz, protestas mineras e indígenas, huelgas sindicales y crecientes llamados a su renuncia.

Las movilizaciones, lejos de disminuir, aumentaron durante esta semana y ya entraron en su tercera semana consecutiva. Lo que comenzó como una protesta sectorial contra la eliminación parcial de subsidios a combustibles y el aumento del costo de la vida terminó transformándose en una crisis nacional que combina demandas económicas, territoriales y políticas.

La situación recuerda algunos de los momentos más convulsos de la historia reciente boliviana: carreteras cortadas, columnas de mineros marchando sobre La Paz, organizaciones campesinas movilizadas, sindicatos paralizando actividades y una fuerte polarización entre el nuevo gobierno conservador y los sectores populares vinculados al MAS y al liderazgo histórico de Evo Morales.

El detonante inmediato fue la crisis económica. La inflación se disparó, comenzaron problemas de abastecimiento de combustibles y el gobierno de Paz impulsó medidas de austeridad orientadas a estabilizar las cuentas fiscales y abrir sectores estratégicos —como litio y gas— a capitales privados e inversión extranjera.

Pero la chispa más delicada fue la llamada Ley 1720, impulsada por el oficialismo y rechazada por organizaciones indígenas, ambientalistas y campesinas, que denunciaron un favorecimiento de grandes intereses agroindustriales y una amenaza al régimen histórico de tierras comunitarias. Aunque el gobierno terminó derogando parcialmente la norma, las protestas continuaron e incluso se radicalizaron.

En el trasfondo aparece un conflicto político mucho más profundo: el choque entre el nuevo bloque conservador que gobierna Bolivia tras casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales que históricamente sostuvieron el ciclo político iniciado con Evo Morales.

Rodrigo Paz llegó al gobierno ofreciendo una modernización económica liberal y prometiendo atraer inversiones externas. Su gabinete, integrado principalmente por tecnócratas y figuras provenientes del sector privado y organismos financieros internacionales, simbolizó desde el inicio un giro político brusco respecto del ciclo anterior.

Pero seis meses después, el nuevo modelo económico enfrenta una resistencia social masiva.

Las organizaciones movilizadas denuncian que el ajuste económico está siendo pagado por trabajadores, campesinos e indígenas mientras el gobierno favorece a sectores empresariales y financieros. El conflicto ya no gira únicamente en torno al precio de los combustibles o la inflación: se transformó en una disputa por el rumbo político y social del país.

En las últimas horas la tensión aumentó aún más. El gobierno reportó más de 50 bloqueos activos, mientras sectores industriales calculan pérdidas superiores a 600 millones de dólares debido a la paralización del comercio y el transporte.

La Paz comienza además a experimentar problemas de abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos. Hospitales alertan sobre riesgos sanitarios y se reportaron muertes asociadas indirectamente a los bloqueos y retrasos de atención médica.

El gobierno acusa directamente a Evo Morales de alentar la movilización desde el Chapare, donde permanece resguardado mientras enfrenta causas judiciales que él denuncia como persecución política. Morales niega buscar un golpe y sostiene que las protestas expresan el rechazo popular al “retorno del neoliberalismo”.

La crisis ya tiene dimensión internacional. Estados Unidos respaldó públicamente a Rodrigo Paz y llegó incluso a hablar de un intento de “desestabilización” contra el gobierno boliviano. En paralelo, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó duramente al gobierno paceño y defendió a Evo Morales, generando una fuerte tensión diplomática entre ambos países.

En un intento de contener el deterioro político, Rodrigo Paz anunció cambios de gabinete y la creación de un “Consejo Económico y Social” para dialogar con algunos sectores movilizados. Sin embargo, excluyó de las conversaciones a quienes exigen su renuncia o participan en acciones violentas.

El problema para el gobierno es que la protesta parece haber superado ya el conflicto puntual. Bolivia entra en una fase de inestabilidad donde convergen crisis económica, polarización política, desgaste institucional y fractura territorial.

La gran pregunta es si Rodrigo Paz podrá estabilizar el país antes de que el conflicto derive en una crisis de gobernabilidad aún mayor.

Fuentes: Reuters, Financial Times, The Guardian, El País, Radio Universidad de Chile, AP.

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