Por: Ximena Torres Cautivo. Periodista

El Mostrador. 6 junio, 2026

En el Chile moderno, la delincuencia de cuello y corbata se soluciona devolviendo la plata en cómodas cuotas o con clases de ética, pero la mala educación de las clases populares se paga perdiendo el derecho a envejecer o a estudiar.

Por fin la primera Cuenta Pública nos trajo la brújula moral que tanto andábamos buscando. El anuncio del nuevo Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades es, sin duda, una genialidad de la ingeniería social. Al fin el Estado ha comprendido que el gran motor de la delincuencia en Chile no son las sofisticadas mafias del crimen organizado –esas que se infiltran silenciosamente en la banca, lavando cientos de millones a través de criptomonedas, como nos enteramos esta misma semana–, sino esa horda de peligrosos antisociales dedicados al rayado de muros, al consumo callejero y a pernoctar en la vía pública.

La letra chica del proyecto es notable en su simetría: si cometes una “incivilidad”, la sanción es perder los beneficios estatales, tales como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU). Es una fórmula perfecta de justicia selectiva. Si un joven de Vitacura es sorprendido consumiendo sustancias en una plaza, la pérdida de la gratuidad le provocará, con suerte, una risotada.

En cambio, si el infractor es de Bajos de Mena, el peso de la ley caerá de forma implacable, devolviéndolo de inmediato al lugar del que nunca debió salir. La ley, como siempre, es pareja: todos arriesgan perder los beneficios que solo los más pobres necesitan.

Entre el catálogo de conductas que configuran la “pérdida de la civilidad” figuran varias que son dignas de un manual de buenas costumbres de la época victoriana. Un Carreño renovado:

• Venta ilegal de alcohol: el verdadero enemigo de la recaudación fiscal. A menos, claro, que sea una cata de vinos boutique sin patente en una galería de arte del barrio alto; ahí se le llama emprendimiento y difusión cultural.
• Consumo de drogas en la vía pública: arropado y dentro de su casa el chipe es libre. La hierba y los ansiolíticos solo atentan contra la patria cuando se consumen en la cuneta de una población.
• Vivir en rucos: una falta total de decoro. Con la tremenda oferta hotelera de albergues públicos que existe, donde supuestamente abundan las duchas calientes y los accesos dignos, es obvio que pernoctar a la intemperie es un capricho estético de flojos.
• Rayados sin autorización: el hormigón gris de las grandes constructoras y la propaganda inmobiliaria siempre serán más estéticos que la disidencia o el arte popular.
• Escarbar en la basura: una odiosa práctica que daña la salud. El hambre y el reciclaje de supervivencia afean el paisaje visual de los vecinos bien educados. Para recolectar capitales de origen dudoso ya existen los fondos de inversión privada.
• Orinar o defecar en la vía pública: el colmo de la ordinariez. Es de conocimiento público que el plano regulador de las comunas vulnerables desborda de baños públicos impecables y gratuitos en cada esquina, diseñados especialmente para quienes no tienen llaves ni alcantarillado.

Bajo esta lógica, no podemos dejar de notar que una persona en situación de calle es, por definición, el epítome viviente de la incivilidad. Duerme en la vía pública, ocupa el mobiliario urbano sin permiso y carece del decoro que se exige en los barrios residenciales. Es un delincuente en potencia que atenta contra el orden estético.

Qué alivio saber que, gracias a este registro, si un indigente se atreve a cometer la osadía de infringir el civismo, el Estado lo castigará con fuerza quitándole… el subsidio de arriendo o los beneficios sociales que apenas le alcanzan para sobrevivir.

Mientras el país debate la crisis de seguridad, el Gobierno ha decidido que la prioridad es perseguir el spray de pintura y la lata de cerveza en la vereda. Es una brillante estrategia de criminalización de la pobreza camuflada de civismo.

Al final, el mensaje que se lee entre líneas es de una claridad meridiana: en el Chile moderno, la delincuencia de cuello y corbata se soluciona devolviendo la plata en cómodas cuotas o con clases de ética, pero la mala educación de las clases populares se paga perdiendo el derecho a envejecer o a estudiar.

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