EDITORIAL: 07 DE JUNIO 2026

La principal discusión que enfrenta Chile no es únicamente quién gobierna ni qué medidas anuncia cada administración. La cuestión de fondo no es simplemente evaluar si las medidas anunciadas producirán crecimiento económico o mejores indicadores en el corto plazo. El debate más profundo consiste en determinar si esas respuestas son capaces de enfrentar las causas estructurales del malestar social acumulado durante décadas.

El problema no radica únicamente en las medidas específicas anunciadas, sino en la visión de país que las sustenta. Si las demandas por mayor igualdad, mejores salarios, acceso efectivo a la vivienda, educación, salud y oportunidades continúan siendo abordadas como cuestiones secundarias, difícilmente podrá reconstruirse la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

Las propuestas de reducción tributaria para grandes empresas y sectores de mayores ingresos se presentan como instrumentos destinados a estimular la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, la discusión no debería limitarse a sus eventuales efectos económicos. La pregunta central es qué visión de sociedad expresan estas medidas.

Detrás de ellas subyace la convicción de que el desarrollo continúa dependiendo principalmente de fortalecer la capacidad de acumulación de quienes ya concentran una parte significativa de la riqueza nacional. Se trata de una lógica conocida en la historia económica reciente de Chile: favorecer al gran capital bajo la expectativa de que los beneficios terminarán extendiéndose al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, precisamente esa premisa es una de las más cuestionadas en la actualidad. Las movilizaciones sociales de las últimas décadas no surgieron porque la economía no creciera. Surgieron porque una parte importante de la población comenzó a preguntarse por qué ese crecimiento no se traducía en mayor seguridad económica, mejores oportunidades o una distribución más justa de sus beneficios.

La misma lógica aparece en otros ámbitos de la acción pública. Si en materia económica las respuestas privilegian el crecimiento como mecanismo central de solución, en materia de seguridad predomina una visión orientada principalmente al control y la contención de los problemas sociales.

La delincuencia constituye una preocupación legítima para la ciudadanía y exige respuestas efectivas del Estado. Sin embargo, cuando el análisis se concentra principalmente en el control, la vigilancia o la asociación entre delincuencia y migración, existe el riesgo de reducir problemas complejos a explicaciones simplificadas.

Las organizaciones criminales prosperan allí donde convergen múltiples factores: desigualdad, exclusión, ausencia de oportunidades, debilitamiento institucional y enormes flujos económicos ilícitos. Por ello, la discusión sobre seguridad también es una discusión sobre el tipo de sociedad que se está construyendo.

¿Puede existir seguridad duradera en un contexto de profundas desigualdades sociales?

¿Puede fortalecerse la cohesión social cuando amplios sectores perciben que las oportunidades se distribuyen de manera desigual?

¿Puede sostenerse la confianza democrática si una parte importante de la ciudadanía siente que las instituciones responden con mayor eficacia a los intereses de los grupos económicamente más poderosos que a las necesidades de las mayorías?

Estas preguntas no apuntan exclusivamente a un gobierno. Constituyen interrogantes que atraviesan buena parte de la historia reciente de Chile. Sin embargo, la Cuenta Pública adquiere relevancia precisamente porque revela cómo una administración específica responde a ellas.

La Cuenta Pública revela una visión de país donde el crecimiento económico, el control social y la seguridad pública continúan ocupando el centro de las prioridades gubernamentales, mientras las transformaciones orientadas a reducir las desigualdades estructurales aparecen relegadas a un plano secundario.

Porque si estas interrogantes continúan sin respuesta, el problema dejará de ser exclusivamente económico o gubernamental. Pasará a ser, como ya ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia, una cuestión de legitimidad democrática.

Y quizás la pregunta más importante que deja esta Cuenta Pública sea precisamente esa: si Chile necesita únicamente mejores políticas dentro del marco actual, o si ha llegado el momento de discutir la construcción de un nuevo tipo de sociedad, más igualitaria, más democrática y más coherente con las aspiraciones de su ciudadanía.

En definitiva, el desafío de fondo es construir un nuevo tipo de sociedad: más igualitaria, más democrática y capaz de distribuir de manera más equilibrada el poder, la riqueza y las oportunidades.

Esa es la discusión que, más allá de los anuncios específicos de una Cuenta Pública, continúa pendiente en Chile.

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