Por: Gustavo Burgos

El Ciudadano. 08/06/2026

La restauración de Kast aparece entonces como la otra cara de las tímidas reformas impulsadas por el progresismo. Reforma y restauración son planteados como mecanismos complementarios de preservación de la dominación burguesa.

La entrevista de Enrique Correa que hoy dio para La Tercera, no es una simple opinión sobre el gobierno de José Antonio Kast. Tampoco como puede ser leída como una mera intervención aislada de uno de los operadores políticos más influyentes del período postdictatorial. Su importancia radica en otra dimensión: constituye una ventana privilegiada para observar el estado actual del régimen político chileno y, sobre todo, el grado de convergencia estratégica alcanzado por sus distintas fracciones dirigentes.

Correa define al Gobierno como «restaurador» y «redentor». La expresión llama la atención por su tono inusual. Sin embargo, el verdadero interés de la formulación no reside en la caracterización del gobierno, sino en la manera en que el propio Correa sitúa a Kast dentro de una continuidad histórica. No habla de una ruptura. No habla de una amenaza fascista. No habla de una anomalía. Lo ubica nítidamente dentro de un proceso de recomposición del orden político chileno posterior a la crisis abierta por la rebelión popular de octubre de 2019.

Lo notable es que esta lectura proviene precisamente de uno de los arquitectos del régimen nacido de la transición. Correa plantea abiertamente que el conflicto actual no es entre democracia y autoritarismo, ni entre progreso y reacción, sino entre diversas formas de estabilizar el mismo orden social. La restauración de Kast aparece entonces como la otra cara de las tímidas reformas impulsadas por el progresismo. Reforma y restauración son planteados como mecanismos complementarios de preservación de la dominación burguesa.

La discusión tiene un alcance que supera con mucho la coyuntura chilena. Son escasos los países latinoamericanos donde sectores tan amplios de la clase dominante consiguen discutir abiertamente en términos de ciclos históricos, equilibrios estratégicos y reconstrucción de largo plazo. La histérica burguesía argentina vive atravesada por crisis recurrentes que limitan su capacidad de planificación. La brasileña permanece fracturada por los conflictos tanto entre el lulismo y el bolsonarismo, como en su relación con el imperialismo. En Perú el Estado parece incapaz de estabilizar siquiera su propia representación política y ha desarrollado la curiosa costumbre de encarcelar prácticamente a la totalidad de sus expresidentes. Chile, en este contexto, constituye una excepción.

La explicación de esta singularidad debe buscarse en la experiencia histórica de la clase dominante chilena. El golpe de Estado de 1973 no fue solamente una derrota histórica para la clase trabajadora. Y si bien fue una victoria, fue igualmente una experiencia traumática para la burguesía. Durante la Unidad Popular y desde varios años antes, estuvo efectivamente en cuestión su capacidad de mantener la dirección de la sociedad, emergiendo tendencias de doble poder, como los Cordones Industriales, que plantearon objetivamente el ascenso al poder de la clase trabajadora. La respuesta capitalista a este escenario fue una reorganización integral del Estado, de la economía, de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de los medios de comunicación y de las organizaciones empresariales. La burguesía chilena, precaria, aislada y homogénea fue capaz de pensar en términos estratégicos.

Más allá de sus fracciones y tensiones permanentes la burguesía chilena logró instalar una escuela de transición y transversalidad, desarrollando una notable capacidad para combinar alternancia política con continuidad estructural.

Este fenómeno tiene varias raíces.

La primera es la extraordinaria estabilidad institucional que caracterizó a Chile durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI. A diferencia de Argentina, Bolivia, Perú o Ecuador, donde los ciclos políticos suelen estar atravesados por crisis recurrentes del Estado, golpes, caídas presidenciales o fuertes oscilaciones, Chile construyó una clase política acostumbrada a pensar en horizontes largos. Las grandes masacres obreras y aún la Guerra del Pacífico se dieron en marcos institucionales de orden constitucional, democráticos. La propia dictadura y luego la transición consolidaron la idea de que existía un «modelo» que podía ser gestionado, corregido o perfeccionado, pero cuya continuidad estaba garantizada.

La segunda razón es la influencia de la tradición intelectual chilena. Desde los años sesenta existe una cultura política muy marcada por las ciencias sociales, la economía y la teoría política. La influencia de la Cepal, de los centros de estudios de la Democracia Cristiana, del marxismo universitario, de los llamados «Chicago Boys» y posteriormente de los think tanks concertacionistas produjo una élite que interpreta la política mediante categorías históricas relativamente sofisticadas. Enrique Correa es producto de ese mundo. Fue militante socialista, dirigente de la Unidad Popular, operador clave de la transición y luego consultor empresarial. Habla desde una tradición donde la política es entendida como administración de bloques históricos.

La tercera razón es que el estallido de 2019 —aún frustrada una revolución que nadie se atreve a llamar por su nombre— abrió una crisis que muchos actores percibieron como una crisis de régimen. Aunque la palabra suele evitarse, buena parte de la élite chilena entendió que entre 2019 y 2022 estuvo en cuestión la estructura política construida después de 1990. Por eso aparecen categorías como «refundación» o «restauración». No son palabras casuales. Son intentos de nombrar qué ocurrió después de que el consenso transicional entró en crisis.

Más allá de sus fracciones y tensiones permanentes la burguesía chilena logró instalar una escuela de transición y transversalidad, desarrollando una notable capacidad para combinar alternancia política con continuidad estructural. Concertación, Nueva Mayoría, Frente Amplio y hoy el gobierno de Kast aparecen retrospectivamente como momentos distintos de una misma secuencia histórica destinada a preservar los fundamentos esenciales del orden social surgido de la derrota de la revolución chilena.

La reacción posterior al Estallido Social confirma este fenómeno. Durante algunos meses el régimen enfrentó una crisis que amenazó con escapar a los mecanismos tradicionales de control. El Acuerdo por la Paz constituyó la primera respuesta estratégica de fondo. Luego el gobierno reaccionario de Boric habilitó las condiciones, para cerrar el ciclo con el inédito —único en el mundo— fracaso de dos procesos constitucionales. La derrota del proyecto constitucional del progresismo y posteriormente la derrota de la propuesta impulsada por la derecha completaron el ciclo. El resultado fue la reconstrucción de un amplio consenso capitalista acerca de la necesidad de restablecer la autoridad del Estado, fortalecer los mecanismos represivos y garantizar condiciones favorables para la acumulación de capital.

La megarreforma funciona como la expresión programática de una nueva etapa del régimen. No es una política sectorial. Es un intento de reorganizar el conjunto de las relaciones sociales sobre bases más favorables para la burguesía después de la crisis de 2019.

La denominada megarreforma aparece precisamente en este contexto. Su importancia excede con mucho sus contenidos económicos específicos. No es un simple arreglín para beneficiar a los amigos del Ministro de Hacienda, aunque también lo es. La megarreforma funciona como la expresión programática de una nueva etapa del régimen. No es una política sectorial. Es un intento de reorganizar el conjunto de las relaciones sociales sobre bases más favorables para la burguesía después de la crisis de 2019.

Correa en su entrevista —relevante por ser la primera luego de la Cuenta Pública—  revela hasta qué punto esta orientación ha conquistado una legitimidad transversal. Incluso cuando formula observaciones críticas al gobierno, lo hace desde el reconocimiento de una tarea histórica común: la estabilización del régimen. La discusión ocurre dentro de un horizonte compartido. No se debate si el orden debe preservarse. Se discute cuál es la mejor manera de hacerlo.

En contraste con este panorama, gran parte de la izquierda que se reclama de los trabajadores y aún de la revolución, permanece atrapada en una lógica completamente distinta. El antifascismo liberal se ha convertido en la forma dominante de la oposición al gobierno. Su horizonte es esencialmente defensivo. Su objetivo consiste en resistir, denunciar, contener. La agenda de los derechos humanos ocupa un lugar central, pero desligada de cualquier perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad.

Fragmentada en múltiples grupos, oscila permanentemente entre el maximalismo retórico y el electoralismo más limitado. Su actividad se encuentra dominada por la coyuntura inmediata, reaccionando a cada acontecimiento sin construir una estrategia de largo plazo. La revolución aparece como una consigna abstracta mientras la práctica cotidiana se reduce a intervenciones testimoniales o medidos cálculos electorales de alcance sectario. Pensemos en las experiencias electorales del PC-AP o el PTR, de las que —a pesar del enorme esfuerzo militante— no ha quedado nada acumulado en términos de clase.

De esta forma y aún sin quererlo, tanto el antifascismo liberal como el anti-neoliberalismo difuso —separados de una estrategia de poder— terminan siendo funcionales a la estabilidad del régimen. La política definida únicamente por aquello a lo que se opone termina paradójicamente subordinada a la agenda de sus adversarios. El antifascismo necesita permanentemente del fascismo. El anti-derechismo necesita permanentemente de la derecha. El anti-neoliberalismo necesita permanentemente del neoliberalismo. Ninguna de estas posiciones logra plantear una alternativa histórica independiente. Por supuesto que es necesario combatir al fascismo, a la derecha y a las corrientes neoliberales, pero tal combate —para contribuir al fortalecimiento de la clase trabajadora— debe ser planteado en términos estratégicos y de acumulación organizativa.

…la izquierda revolucionaria no podrá reconstruirse mientras permanezca confinada a una política puramente sectaria y reactiva. Superar la fase «anti» supone volver a discutir las cuestiones fundamentales que han desaparecido del debate político contemporáneo.

Debemos sacar conclusiones sobre la forma como la burguesía discute sus problemas. Cuando hablan Correa, Tironi, outsiders de la derecha como Longueira, Boric y el propio Kast, lo hacen en nombre de la clase explotadora en su conjunto. La burguesía chilena ha demostrado una vez más que piensa en términos históricos. Que discute sobre décadas y no sobre semanas. Que evalúa correlaciones de fuerzas de largo plazo y no solamente coyunturas electorales. Que posee una estrategia.

Por lo mismo, la izquierda revolucionaria no podrá reconstruirse mientras permanezca confinada a una política puramente sectaria y reactiva. Superar la fase «anti» supone volver a discutir las cuestiones fundamentales que han desaparecido del debate político contemporáneo. Las cuestiones estratégicas —de la violencia revolucionaria, la insurrección, el problema del poder, la socialización de los grandes medios de producción, la destrucción del Estado burgués y la construcción de una nueva forma de organización social basada en el gobierno de los trabajadores— deben plantearse como respuestas materiales y concretas a las necesidades inmediatas de la lucha de clases.

En una palabra, supone volver a discutir y a levantar programáticamente en la lucha de clases la necesidad de una revolución socialista. Porque, aunque hoy día no exista un partido revolucionario en nuestro país, y quizá aún no madure siquiera una tendencia en esa perspectiva, lo objetivo de la situación mundial —que avanza en medio de guerras, genocidios y crisis económicas cada vez más profundas— empujará al régimen chileno inevitablemente a nuevas crisis. El simple bloqueo del Estrecho de Ormuz consumió en semanas el esmirriado capital político de Kast y esto es solo el comienzo. La lucha de clases ya está mostrando signos inequívocos de reactivación y tras su discurso «transversal» Kast a endurecido la represión en contra del movimiento social. Por más que la burguesía logre ponerse de acuerdo, ello no detiene la implacable lucha de clases.

El punto de partida del reagrupamiento de la vanguardia tiene un nombre simbólico: Luis Emilio Recabarren. Volver a la clase trabajadora. Hablar con claridad. Abandonar toda concepción reformista y pacifista de la lucha social. Por cierto, la fuerza de Recabarren no provenía únicamente de la claridad programática, sino de que expresaba un proletariado en ascenso, concentrado en centros productivos estratégicos y con elevados niveles de organización. Pero nuestra generación puede pararse en los hombros de aquellos gigantes a condición de abrir los ojos a la realidad y mostrar disposición a la lucha, cualquiera sea el escenario que se nos presente.

Por lo mismo es necesario que los problemas democráticos, sociales y nacionales —fundamentales en todo período de reactivación como el que vivimos— sean planteados bajo una estrategia de cuestionamiento al régimen, a sus instituciones y al orden social. Porque mientras la burguesía chilena discute sobre restauraciones y ciclos de dominación, una izquierda encerrada en la coyuntura seguirá condenada a observar la historia desde fuera. La cuestión decisiva consiste en volver a intervenir en ella. Como se dice en el box ¡¡¡Fuera los seconds!!!

Gustavo Burgos

El Porteño, 7 de junio de 2026.

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