Por: Cyntia Páez Otey. Periodista y Magister en Periodismo Internacional con mención en RRII.
El Mostrador. 11 junio, 2026
La soberanía no es solo territorial; es también digital. Es la capacidad de un Estado de proteger los datos de sus ciudadanos, de decidir qué algoritmos gobiernan sus instituciones, de poner límites a la vigilancia privada.
No hubo comunicados de prensa. No hubo fotos oficiales ni declaraciones conjuntas. Peter Thiel, el enigmático cofundador de Palantir, cruzó Chile como una sombra: se reunió con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, conversó con Johannes Kaiser y José Piñera, y luego se esfumó. El Gobierno confirmó el encuentro solo después de que un oficio parlamentario lo forzara a hacerlo, y aun así se negó a revelar los temas tratados, amparándose en la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y en la exención del Presidente a la Ley del Lobby.
Ese hermetismo, en sí mismo, es el primer dato relevante. Porque Thiel no es un inversionista cualquiera. Es el arquitecto de una de las empresas más poderosas y opacas del mundo: Palantir Technologies, la misma que selecciona objetivos militares con inteligencia artificial para el Pentágono, rastrea migrantes para el Gobierno de Trump y ha jurado lealtad a Israel mientras sus sistemas participaban en los bombardeos sobre Gaza.
Cuando un personaje así ingresa al Palacio de La Moneda y se reúne con el Presidente de la República, la ciudadanía tiene derecho a preguntar, y es deber del periodismo no dejar esta pregunta en el aire.
El tecno poder no pide permiso
Palantir nació en 2003 con financiamiento de In-Q-Tel, el brazo de inversión de la CIA. Su fundación no fue una historia de garaje californiano sino de inteligencia estratégica. Desde entonces, sus plataformas Gotham, Foundry y AIP se han convertido en el sistema nervioso de la vigilancia occidental.
Gotham, por ejemplo, fue clave para localizar a Osama Bin Laden y al líder iraní Ali Khamenei. AIP, su sistema más reciente, permite tomar decisiones letales en segundos, alimentado por datos masivos que cruzan satélites, drones, redes sociales y registros médicos.
Lo que vende Palantir es una lógica de mundo; la idea de que la seguridad justifica la suspensión de la privacidad, que la eficiencia tecnocrática vale más que el control democrático, que algunos datos son demasiado sensibles para que los ciudadanos sepan siquiera que existen. Su CEO, Alex Karp, lo ha dicho sin rodeos: “Me enorgullece ayudar a Israel”. Y desde Buenos Aires, donde Thiel se instaló en 2025, ordenó publicar un aviso a página completa en el New York Times con una sola línea: “Palantir apoya a Israel”. Frente a esta muestra de poder, el silencio de La Moneda es una decisión política.
¿La soberanía se negocia en silencio?
El diputado Gonzalo Winter (FA) envió un oficio para que el Gobierno entregara antecedentes sobre algo que era un secreto a voces entre periodistas políticos y asesores: ¿se reunió el Presidente de Chile, José Antonio Kast, con Thiel?
La respuesta del Gobierno dejó gusto a poco al afirmar que se trató de una “reunión breve, de carácter protocolar” y en cuanto a los temas tratados, el Ejecutivo invocó el artículo 19 de la Constitución –la garantía de las comunicaciones privadas– y recordó que el Presidente no está obligado por la Ley del Lobby. Aunque jurídicamente impecable, es políticamente escandaloso.
¿Puede un Presidente reunirse en reserva con el dueño de la mayor empresa de vigilancia del mundo sin rendir cuentas? La transparencia entonces se convierte en una concesión voluntaria, no en un derecho de los ciudadanos. Y las preguntas centrales (aunque incómodas) aún no tienen respuesta: ¿se ofrecieron contratos? ¿Se habló de acceso a bases de datos de chilenas y chilenos como salud, migraciones, impuestos, telecomunicaciones? ¿Se negoció acaso la instalación de infraestructura de inteligencia artificial al servicio de agencias del Estado? El Gobierno no ha respondido; en ese vacío crece la sospecha.
Si Chile firmara un contrato con Palantir –ya sea para seguridad interior, gestión migratoria, inteligencia fiscal o monitoreo de recursos naturales–, ¿cómo se garantizaría que esos datos no sean compartidos? ¿Quién controlaría que el algoritmo no derive en perfiles de sospecha injustificados? La empresa ha demostrado una y otra vez que su lealtad no es a los países que la contratan, sino a su propio interés estratégico.
Quien defiende la soberanía nacional y la patria en el discurso, no puede abrir la puerta de La Moneda al tecno poder global con ingenuidad. La soberanía no es solo territorial; es también digital. Es la capacidad de un Estado de proteger los datos de sus ciudadanos, de decidir qué algoritmos gobiernan sus instituciones, de poner límites a la vigilancia privada.
¿Están dispuestos a negociar esa soberanía en silencio, sin debate público, sin controles parlamentarios? Y eso, paradójicamente, es lo más antilibertario que existe.
No todo está perdido
El derrotismo no es una opción. La tecnología es un campo de disputa, no es un destino inapelable. En Estados Unidos, la campaña “Purge Palantir” ha logrado visibilizar los contratos del ICE y forzar audiencias en el Congreso. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) ha puesto límites a la transferencia de información a empresas extranjeras. En Chile, aún estamos a tiempo. Pero, ojo, la visita de Thiel a Chile es un mensaje: la era de la vigilancia ya está aquí, y las élites tecnológicas están eligiendo sus territorios, sus aliados políticos y sus refugios personales.
Mientras Kast se reúne en reserva, Thiel construye su búnker en Punta del Este y anuncia la compra de una mansión de Buenos Aires. Además, anunció que Palantir cambia sus oficinas centrales a Miami.
Queda una sola pregunta: ¿de qué lado de la historia quiere estar Chile? ¿Del lado de la democracia transparente que protege los datos de su gente, o del lado de los tecno magnates que ven al Estado como un cliente y a los ciudadanos como un recurso más? Presidente Kast: todo Chile tiene derecho a saber qué conversó con Peter Thiel. El silencio también es una respuesta.
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