Crónica Digital 13 junio, 2026
Universidades chilenas llamaron a reformar el financiamiento a la educación superior, tras la situación que enfrentan hoy egresados a quienes le embargaron sus cuentas bancarias por morosidad en el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El CAE se creó en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos para ampliar el acceso a la enseñanza a miles de jóvenes de bajos ingresos, pero estableció un sistema de pago con intereses que generó una alta carga de endeudamiento.
Esta fue una de las causas de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012, que entre otras demandas exigían educación gratuita y de calidad, el fortalecimiento de la educación pública y el fin a la mercantilización y el lucro en el sistema educativo.
Durante los últimos días muchas personas al revisar sus depósitos se percataron de que la totalidad o parte de sus fondos fueron retenidos por la Tesorería General de la República debido a deudas asociadas al CAE.
En un comunicado publicado aquí el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) advirtió que esa no es la forma de abordar el déficit fiscal que ha generado el CAE para el Estado, ni de favorecer el diálogo social.
Dejar a personas sin ningún ingreso de un momento a otro tiene repercusiones muy graves no solo para los adultos en situación de morosidad, sino también para sus familias, donde puede haber menores que dependen de sus padres y madres para cubrir necesidades básicas, advirtió la agrupación.
Señaló el Cuech que el CAE endeuda a las familias, a las universidades y al Estado y es una política pública agotada.
“Debemos reformar el CAE de una vez por todas, por el bien de Chile”, señala la organización, que llama al Gobierno, al Congreso Nacional y a todos los actores con incidencia en el tema a retomar el proyecto de ley del Financiamiento a la Educación Superior (FES).
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo anterior y que no logró consenso en el Parlamento, tenía muchos puntos de acuerdo sobre cómo asegurar el derecho a la educación con responsabilidad fiscal, dijeron.
“No queremos que el derecho a la educación siga siendo un bien de mercado, que termine hipotecando la vida de las familias chilenas, en vez de ser un camino de mayor prosperidad y crecimiento humano para el desarrollo de toda la nación”, concluye el comunicado.
Santiago de Chile, 13 de junio 2026
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