Por: Leonardo Buitrago
El Ciudadano. 17/06/2026
El exfiscal Carlos Gajardo asegura que los antecedentes conocidos sobre el nuevo embajador en Israel son "extraordinariamente graves" para que el Gobierno tome una decisión obvia: "la persona no está en condiciones de representar al país ante un Estado extranjero”.
El exfiscal Carlos Gajardo colocó presión sobre el presidente José Antonio Kast al insistir en el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como nuevo embajador de Chile en Israel, y planteó que el abogado «no está en condiciones de representar al país» debido a la gravedad de los antecedentes revelados en su contra.
Cabe recordar que la Fiscalía Regional de Valparaíso acogió una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) en contra de Zaliasnik, luego de revelarse conversaciones con el penalista Luis Hermosilla, involucrado en el caso Audio.
Los antecedentes incluidos en la acción legal, apuntan a eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones, mientras que a la par una serie de investigaciones publicadas por Reportea revelaron que el abogado intervino en el nombramiento de varios jueces que luego no se inhabilitaron a la hora de revisar las causas de su interés. Ante este complejo escenario, la administración de Kast ha optado por una férrea defensa de su designado embajador en Israel.
En conversación con el espacio Radioanálisis de Radio U. de Chile, Gajardo fue enfático al señalar que el comportamiento atribuido al abogado presenta «bastante semejanza» con el del controvertido Luis Hermosilla, lo que debería llevar al Gobierno a replantearse su nombramiento.
Según el expersecutor, no se trata de una gestión puntual, sino de un patrón reiterado en el que Zaliasnik habría intentado «en 10 ocasiones favorecer distintos nombramientos de ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema».
El exfiscal profundizó en su crítica al revelar que el abogado no solo intervino en los procesos de selección judicial, sino que además «alegó en más de una decena de ocasiones ante esos mismos ministros« con quienes mantenía una «especial cercanía». Esta situación, a juicio del abogado configura un escenario de incompatibilidad ética que trasciende lo meramente jurídico y afecta la credibilidad de la representación diplomática chilena en el extranjero.
Uno de los puntos que generó mayor controversia en las declaraciones de Gajardo fue su cuestionamiento a una «actitud demasiado deferente» por parte del Ministerio Público, señalando que los chats entre Zaliasnik y Hermosilla ya estaban en poder de los fiscales mucho antes de que se hiciera pública la investigación.
«Un periodista tiene acceso a ello y decide publicarlo y solo a partir de ahí se genera la apertura formal de la investigación», indicó al medio citado.
«Lo único que uno puede entender es que la Fiscalía ha tenido una actitud demasiado deferente con las personas que están siendo investigadas, porque forman parte del mismo sistema”, acusó.
Gajardo fue más allá al comparar la situación con otras indagatorias recientes, recordando que «en estos casos están o han estado en prisión preventiva exfiscales del Ministerio Público, Manuel Guerra particularmente, o exministros de la Corte Suprema como Ángela Vivanco».
A su juicio, esta disparidad evidencia «un cierto temor reverencial a esas investigaciones» que viola «el principio de igualdad de la ley».
«Los hechos sucedieron, esas comunicaciones están, nadie las ha negado»
La respuesta del Gobierno ha sido mantener su respaldo al abogado, argumentando que se respetará la presunción de inocencia y que se esperarán los resultados de la investigación fiscal. Sin embargo, Gajardo rechazó categóricamente esta postura, afirmando que «lo que el Ministerio Público haga tiene que ver con la responsabilidad penal del imputado, pero acá se tiene que evaluar otra cosa». El exfiscal insiste en que el estándar para un cargo diplomático debe ser más exigente que el mero cumplimiento legal, y que «con lo que ya se sabe, independiente si es o no delito, es extraordinariamente grave».
Las declaraciones de Gajardo plantean un escenario complejo para el propio Kast, quien ha insistido en mantener la designación a pesar de las críticas. El exfiscal fue terminante al señalar que “los hechos sucedieron, esas comunicaciones están, nadie las ha negado, ni siquiera el propio abogado (…) y son lo suficientemente graves como para que el Gobierno tome una decisión obvia: la persona no está en condiciones de representar al país ante un Estado extranjero”, enfatizó en la entrevista.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno mantendrá su postura o si la creciente presión política y mediática lo obligará a reconsiderar un nombramiento que, para voces con peso el sector judicial como el exfiscal, ya está irremediablemente manchado.
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