Por: Elena Rusca
El Clarín Chile.19 junio, 2026
La doctora Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, presentó el 17 de junio de 2026 su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos. Su mandato, establecido por la resolución 60/10, consiste en examinar cómo los Estados garantizan el derecho a la salud física y mental, identificar violaciones estructurales y formular recomendaciones para situar la dignidad humana en el centro de las políticas sanitarias. En su informe de este año, la Relatora subraya que no puede haber salud sin dignidad, ni dignidad sin justicia social, y alerta sobre el impacto de la discriminación, la criminalización y los determinantes comerciales en la salud global.
Ginebra, 17 de junio 2026 / ER. En la sala del Consejo de Derechos Humanos, donde los discursos suelen navegar entre tecnicismos diplomáticos y cautela política, la intervención de la Relatora Especial Tlaleng Mofokeng introdujo un tono distinto: urgente, humano, casi íntimo. Su informe anual, presentado hoy ante los Estados, no habla de estadísticas aisladas ni de sistemas sanitarios abstractos. Habla de algo más profundo: la dignidad humana como fundamento del derecho a la salud, y de cómo el mundo contemporáneo —atravesado por desigualdades, crisis y lógicas neoliberales— está erosionando ese principio básico.
El documento, A/HRC/62/66, parte de una afirmación contundente: “La dignidad es el valor inherente e igualitario de todo ser humano”. Y añade que la salud no es solo un servicio, sino un elemento que hace posible la autonomía, la participación y la vida en comunidad. En otras palabras, sin salud no hay dignidad; sin dignidad, la salud se convierte en un privilegio.
Un mundo donde la dignidad se fractura
Mofokeng describe un panorama global marcado por crisis superpuestas: pandemias, desastres climáticos, conflictos armados, desplazamientos masivos y sistemas sanitarios debilitados por décadas de austeridad. Pero insiste en que la raíz del problema no es solo la escasez de recursos, sino la forma en que los Estados y las economías organizan el poder.
En su informe, señala que la dignidad se vulnera cuando las personas son tratadas como objetos de políticas públicas, cuando se les niega información, cuando se criminalizan sus decisiones o cuando se les excluye de los procesos que afectan su salud. Y recuerda que estas indignidades no se distribuyen al azar: recaen sobre quienes ya han sido históricamente marginados.
La Relatora lo formula con claridad: “La criminalización, la discriminación y la estigmatización marginan a las personas, agravan la exclusión social y niegan el acceso en condiciones de igualdad a los servicios”.
La salud, entonces, no es solo un indicador biomédico: es un espejo de las jerarquías sociales.
Salud como mercancía, dignidad como costo
Aunque el informe no utiliza explícitamente el término “neoliberalismo”, su análisis apunta directamente a sus efectos: la privatización de servicios esenciales, la mercantilización de la atención sanitaria, la concentración del poder corporativo y la reducción del Estado social.
En muchos países, la salud se ha convertido en un mercado donde la capacidad de pago determina la calidad de vida. La Relatora advierte que los “determinantes comerciales de la salud” —desde la industria farmacéutica hasta los sistemas alimentarios globalizados— moldean las condiciones en las que las personas nacen, viven y mueren. Y lo hacen con una lógica que prioriza el beneficio sobre la equidad.
La dignidad, en este contexto, se vuelve frágil. Cuando la atención médica depende de seguros privados, cuando los medicamentos esenciales se vuelven inaccesibles, cuando los hospitales públicos se deterioran por falta de inversión, la salud deja de ser un derecho y se convierte en un lujo.
Mofokeng subraya que la dignidad exige regular el poder de los actores no estatales, garantizar la rendición de cuentas y situar a las personas —no a los mercados— en el centro de las políticas sanitarias.
Estigma, criminalización y violencia: las indignidades que enferman
El informe dedica un amplio espacio a las formas de violencia estructural que deterioran la salud: – leyes que penalizan el aborto, – criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, – prácticas médicas coercitivas, – vigilancia intrusiva de datos, – discriminación racial y de género, – exclusión de migrantes y personas sin documentos.
Estas prácticas, señala la Relatora, no solo violan derechos: producen enfermedad. El estigma retrasa diagnósticos, desalienta la búsqueda de atención, deteriora la salud mental y refuerza ciclos de exclusión.
La dignidad, en cambio, exige reconocer a cada persona como titular de derechos, con autonomía para decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida.
La salud como proceso colectivo: participación, comunidad y poder
Uno de los aportes más significativos del informe es su insistencia en la participación. Para Mofokeng, la dignidad no se garantiza solo con leyes o servicios, sino con la capacidad de las personas para influir en las decisiones que afectan su salud.
La participación no es un gesto simbólico: es una herramienta de redistribución del poder. Permite que las políticas sanitarias se basen en experiencias reales, que los sistemas de salud respondan a necesidades diversas y que las comunidades puedan transformar los determinantes sociales que las afectan.
En este sentido, la Relatora propone un enfoque interseccional que reconozca cómo el racismo, el sexismo, la pobreza, la xenofobia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género se entrecruzan para producir desigualdades sanitarias.
La dignidad como brújula en tiempos de crisis
El informe llega en un momento en que los sistemas de salud del mundo siguen lidiando con las secuelas de la pandemia, mientras enfrentan nuevas presiones: – el aumento de los costos, – la escasez de personal, – la expansión de tecnologías digitales sin suficientes salvaguardias, – la creciente influencia de corporaciones transnacionales, – y la persistencia de marcos legales punitivos.
Mofokeng advierte que las respuestas de emergencia —cuando no se basan en la dignidad— pueden reproducir desigualdades, reforzar la coerción y excluir a quienes más necesitan protección.
Por eso insiste en que la dignidad debe ser el principio rector de la reconstrucción sanitaria global.
Un llamado político: reconstruir la salud desde la justicia social
La presentación de hoy no fue un ejercicio técnico. Fue un llamado político. La Relatora pidió a los Estados:
– eliminar leyes discriminatorias, – garantizar el consentimiento informado, – regular a los actores privados, – invertir en determinantes sociales de la salud, – asegurar la participación de comunidades marginadas, – y priorizar a quienes han sido históricamente excluidos.
Su mensaje es claro: no puede haber salud sin dignidad, ni dignidad sin justicia social.
En un mundo donde la desigualdad se profundiza y la salud se mercantiliza, el informe de Mofokeng recuerda que la dignidad no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que debe guiar políticas, presupuestos y sistemas de atención. Hoy, en el 62º Consejo de Derechos Humanos, esa verdad resonó con fuerza. La pregunta es si los Estados —y las economías que los condicionan— estarán dispuestos a escuchar.
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