Diario Usach. Viernes 19 de junio de 2026

La iniciativa busca elevar los estándares y requisitos para presentar el mecanismo ya afirman un “desgaste” de la herramienta. Entre las medidas propuestas se sugiere la exigencia de una interpelación previa y obligatoria para los ministros de Estados.

Un grupo transversal de parlamentarios, conformado por el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, junto al senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares y los diputados Luis Pardo, Claudia Mora, Gael Yeomans, el senador Diego Ibáñez, entre otros, presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca regular y elevar los estándares de las Acusaciones Constitucionales (AC) en la Cámara de Diputados. El objetivo principal es terminar con el uso político desbordado de esta herramienta, garantizar la gobernabilidad de Chile (independiente del color político del gobierno de turno) y devolver el foco del Congreso hacia las verdaderas prioridades ciudadanas.

Según los diputados y senadores, la propuesta surge como una respuesta urgente ante el evidente desgaste institucional y la constante parálisis que sufren los gobiernos debido al importante número de acusaciones constitucionales que se ha normalizado en los últimos tres períodos presidenciales.

Asimismo, sostuvieron que el aumento sostenido de AC durante los últimos años ha contribuido a la polarización política, debilitando la estabilidad institucional y desviando la atención de las autoridades respecto de las principales demandas ciudadanas en materia de seguridad, crecimiento económico y salud.

"La inmensa mayoría de los chilenos no ve las acusaciones constitucionales como un control serio, sino como una pérdida de tiempo y una pelea entre políticos mientras la delincuencia avanza, la economía sigue estancada y las listas de espera en salud siguen creciendo. Llevamos pocos meses de periodo legislativo y ya se instaló la lógica de la acusación permanente. Queremos dar un punto de inflexión para entregar gobernabilidad y estabilidad al país. Esto no se trata de proteger a ninguna autoridad ni de dar impunidad, se trata de exigir seriedad y rigor", señalaron los parlamentarios.

LOS 4 CAMBIOS CLAVE DE LA PROPUESTA

La propuesta modifica el Artículo 52 de la Constitución Política para fortalecer el carácter excepcional de las acusaciones constitucionales y desincentivar su utilización como una herramienta de confrontación política a través de las siguientes medidas concretas:

Duplicación de firmas exigidas: Para presentar una acusación constitucional, ya no bastará con el patrocinio de 10 diputados. El proyecto eleva el requisito mínimo a no menos de 20 miembros de la Cámara para iniciar cualquier libelo.

Mayor exigencia para la aprobación general: Actualmente, para aprobar una acusación contra un Ministro o autoridad que no sea el Presidente, basta el voto de la mayoría de los diputados presentes en la sala. La reforma establece que para declarar que ha lugar cualquier acusación constitucional se requerirá obligatoriamente el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio, evitando que prospere sobre la base de mayorías circunstanciales.

Interpelación previa obligatoria para ministros: En el caso específico de las acusaciones contra secretarios de Estado, la reforma introduce como requisito previo obligatorio que se haya ejercido primero la facultad de citar a responder preguntas ante la Cámara, mediante una interpelación. De esta forma, se exige agotar previamente las instancias de control político y rendición de cuentas antes de recurrir a una medida extrema como la destitución.

Mayor rigurosidad en las causales de ministros: Se modifica la redacción de la causal aplicable a los secretarios de Estado, exigiendo que la infracción a la Constitución o a las leyes sea realizada de manera "abierta", es decir, manifiesta, evidente y comprobable, elevando el estándar jurídico vigente y evitando acusaciones fundadas únicamente en diferencias de criterio político.

Los legisladores impulsores recalcaron que la iniciativa no busca restringir las facultades fiscalizadoras del Congreso Nacional, sino fortalecer su legitimidad, asegurando que una herramienta tan relevante como la acusación constitucional sea utilizada con fundamentos sólidos y amplios respaldos políticos.

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