Por: Leonardo Buitrago
El Ciudadano. 02/07/2026
En un golpe a la memoria y la verdad, el Gobierno de Kast elimina la unidad especializada en adopciones forzadas, desvincula a sus profesionales y relega una deuda histórica a meros "trámites" internos, pese a que la ley aún exige investigaciones y acompañamiento psicosocial.
El Gobierno de José Antonio Kast desmanteló la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), creada en febrero de este año para atender una de las deudas históricas más sensibles del Estado chileno.
La decisión, que constituye un retroceso en materia de derechos humanos, fue oficializada mediante la Resolución Exenta N°207, del 22 de junio de 2026, dejando sin efecto el mandato legal que había sido establecido en la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026.
El organismo, que operaba bajo la Subsecretaría de Derechos Humanos, fue desarticulado apenas cuatro meses después de su creación, desvinculando a los tres profesionales que integraban el equipo. El nuevo «tijeretazo» de la administración del ultraderechista representa un giro en la política pública destinada a reparar uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país.
Unidad para abordar las adopciones irregulares y forzadas
La historia de esta oficina comenzó mucho antes de su creación formal. Desde 2023, la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia recibía antecedentes sobre adopciones ilegales y solicitudes de organizaciones y embajadas chilenas en el extranjero. Si bien no atendía directamente a víctimas ni realizaba investigaciones, funcionaba como una ventanilla institucional para un problema que llevaba décadas reclamando atención estatal.
La creación de la UBAFI en febrero de 2026 fue consecuencia directa de la Ley de Reajuste del Sector Público para ese año, que incorporó disposiciones clave en materia de reparación. La normativa ordenó al Servicio Médico Legal crear un Banco de Huellas Genéticas para facilitar búsquedas de origen y reunificación familiar, y estableció que la Subsecretaría de Derechos Humanos llevara a cabo investigaciones administrativas en respuesta a la solicitud de los tribunales, además de brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas.
Por primera vez, existía un mandato legal explícito para abordar las adopciones irregulares y forzadas. La resolución que creó la UBAFI contemplaba búsqueda documental, análisis genético, coordinación con consulados y embajadas, acompañamiento psicológico y apoyo jurídico, además de facilitar reencuentros familiares y cooperación internacional.
El cierre sorpresivo y sus consecuencias
De acuerdo con fuentes consultadas por Bio Bío Chile, una vez que Kast asumió La Moneda, las propuestas y solicitudes impulsadas por la unidad comenzaron a carecer progresivamente de respuesta desde el gabinete de la Subsecretaría. Entre las gestiones pendientes se encontraban reuniones clave con el Servicio Médico Legal y el Poder Judicial, que eran consideradas esenciales para activar el sistema de búsquedas y el Banco de Huellas Genéticas.
Ananías Reyes, quien estuvo a cargo de la unidad hasta su desvinculación, calificó la decisión como «un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia» y señaló que el Banco de Huellas nunca logró implementarse, debido a que la propuesta de reglamento elaborada por el equipo debía ser discutida con el SML, pero desde el gabinete nunca gestionó una reunión.
El argumento oficial para el cierre fue un nuevo «enfoque estratégico» y la necesidad de reasignar funciones compatibles con las directrices gubernamentales. No obstante, la obligación legal continúa vigente y la Subsecretaría carece actualmente de personal suficiente para cumplir con las competencias fijadas por ley.
Reasignación cuestionable y una «medida regresiva»
Las funciones que realizaba el equipo de tres personas quedarán radicadas en el asesor de gabinete Maximiliano Garnham y en Isidora Villalobos, quien ingresó como apoyo jurídico y penal. Ambos asumirían tanto el trabajo relacionado con adopciones irregulares como las funciones vinculadas a violencia institucional, materia que también quedó bajo su órbita tras el desmantelamiento de otra unidad especializada.
La decisión generó inquietud dentro de la cartera ministerial. «No se condice lo que la autoridad señala hacia afuera sobre su compromiso con los derechos humanos, con lo que se hace internamente», afirmaron fuentes del ministerio
Ante este escenario, la abogada experta en derechos humanos Karinna Fernández, querellante en casos vinculados a adopciones ilegales, calificó la medida como una vulneración al principio de especialidad y debida diligencia.
«En la práctica, es una medida regresiva en un tema prioritario», sostuvo la jurista.
Consultada por Bio Bío Chile, la Subsecretaría de Derechos Humanos confirmó la reorganización y aseguró que el trabajo en materia de adopciones irregulares continuará, aunque bajo una estructura distinta.
El desmantelamiento de la UBAFI deja en evidencia la fragilidad de las políticas públicas en derechos humanos bajo el actual gobierno. Las víctimas de adopciones ilegales, que durante décadas han esperado respuestas del Estado, vuelven a quedar en un limbo institucional.
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.