Por: Marco Hernández Mariángel. Abogado.

Crónica Digital. 6 julio, 2026

Chile asiste a un experimento peligroso. La Administración de José Antonio Kast ha desplegado una ofensiva legislativa que, bajo el desgastado mantra de la “eficiencia” y la “libertad económica”, esconde un diseño regresivo que amenaza con desmantelar los pilares básicos de nuestra convivencia. No estamos ante un simple cambio de gestión, sino ante un intento estructural por revertir los avances democráticos y los pisos mínimos de protección social que el país construyó luego de décadas de complejas negociaciones y acuerdos transversales.

El núcleo de esta estrategia se condensa en lo que no se puede calificar de otra forma sino como una megarreforma tributaria encubierta. Tras los anuncios de simplificación administrativa y exenciones para la inversión, se devela un mecanismo nítido de transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados del capital. Mientras el salario real de los trabajadores sufre el impacto acumulado de la pérdida de poder adquisitivo, las grandes corporaciones y los sectores de mayores ingresos que, según datos del Banco Central y la CMF, han mantenido márgenes de utilidades históricas en el último trienio se verán beneficiados por una menor carga impositiva real. Es una política que pone dinero de manera directa en los bolsillos de quienes ya lo tienen todo, profundizando una desigualdad que la OCDE sitúa consistentemente a Chile entre los países más injustos del bloque, con un coeficiente de Gini que se resiste a bajar de los 0,44 puntos.

Para financiar este beneficio a la cúspide, el gobierno ha optado por el camino más indolente: el recorte presupuestario. La cancelación de decenas de programas sociales bajo el pretexto técnico de estar “mal evaluados” es una coartada ideológica. La realidad detrás de la burocracia es el desamparo de miles de familias. Se debilita la red de soporte público justo cuando más se necesita. Esta lógica de austeridad selectiva demuestra una profunda desconexión y una preocupante codicia conceptual: creer que se puede estrujar aún más el bolsillo de la clase trabajadora sin que el tejido social cruja.

La amnesia del gran empresariado

Lo más alarmante de este escenario político es la complicidad y la activa promoción del gran empresariado. Parece que el sector corporativo ha olvidado muy rápido las lecciones del estallido social. Han decidido ignorar su rol social fundamental, respaldando un diseño institucional que dinamita las bases de la cohesión ciudadana.

Esta miopía económica no solo afecta a los trabajadores; es un golpe directo al corazón de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). En Chile, representan más del 98% del tejido empresarial formal y generan cerca de la mitad del empleo, pero su participación en las ventas del mercado apenas ronda el 13%. Al deprimir los salarios y precarizar el empleo a través de las reformas de flexibilización laboral del oficialismo, el Gobierno destruye el mercado interno. La ecuación es matemática pura y de un sentido común básico: sin salarios dignos, no hay capacidad de consumo; y sin consumo, las Pymes no tienen a quién vender. Los anuncios de la actual Administración no están pensados para los emprendedores de esfuerzo ni para los asalariados, sino para consolidar el monopolio de los grandes consorcios.

La paz social como activo económico

La retórica oficialista suele omitir una verdad empírica: la paz social es el activo económico más importante de cualquier nación. No hay estabilidad política, previsibilidad financiera ni crecimiento sostenible si la ciudadanía percibe que las reglas del juego están cargadas hacia un solo lado. Las democracias sólidas avanzan mediante el reconocimiento mutuo y el fortalecimiento de lo público, no mediante la imposición de una agenda que busca retrotraer al país a un neoliberalismo dogmático que ya demostró su fracaso y su alta conflictividad.

Hay que decirlo con claridad y responsabilidad: la actual administración no es confiable. Se han instalado narrativas que faltan a la verdad de manera descarada, revistiendo de “ayuda a la clase media” lo que en la práctica son transferencias de recursos e impunidad tributaria para el gran capital. José Antonio Kast, sin embargo, no se manda solo. Detrás de sus Ministerios y de sus bancadas legislativas operan los poderes fácticos de siempre, celebrando en la miopía de sus directorios las facilidades del corto plazo.

Esos mismos sectores económicos que llevaron a la ultraderecha al poder están jugando con fuego. Al aplaudir el desmontaje de los programas sociales y el debilitamiento del Estado, están resquebrajando el embalse social que se encuentra más arriba. Si la matriz de protección se rompe y la frustración popular vuelve a desbordarse por la falta de respuestas materiales y el empobrecimiento sistemático, el costo político y económico lo pagará todo Chile.

Estamos a tiempo de alzar la voz. Las fuerzas progresistas, los trabajadores organizados y el mundo de las Pymes deben articular un rechazo categórico a estas medidas en el Congreso y en los espacios de debate público. No por capricho político, sino por la defensa estricta de nuestra estabilidad, nuestra democracia y el futuro de la República.

Marco Hernández Mariángel.

Santiago, 6 de julio de 2026.

Crónica Digital.

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