By Félix Montano -  El Clarin Chile -  11 julio, 2026  

La política también habla a través de sus prioridades. Y cuando un gobierno decide qué modificar, qué acelerar y qué dejar fuera de una reforma, está enviando un mensaje mucho más elocuente que cualquier conferencia de prensa.

Eso ocurrió esta semana en el Senado.

Mientras la encuesta Black & White mostraba que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, obtiene una de las peores evaluaciones del gabinete y que la economía desplazó a la delincuencia como la principal preocupación ciudadana, el Ejecutivo optó por profundizar el núcleo de su denominada megarreforma económica: ampliar la rebaja del impuesto de primera categoría para las grandes empresas desde el 23 al 22 por ciento. Aunque horas más tarde Quiroz retrocedió, el talante y el objetivo no se altera.

Porque no se trata de un ajuste técnico. Es una definición política.

El Gobierno pudo haber aprovechado la tramitación para reforzar medidas dirigidas a aliviar el costo de la vida, fortalecer la inversión pública o incorporar mecanismos de protección para los sectores más golpeados por la desaceleración. Eligió otro camino. El centro de gravedad volvió a instalarse sobre la competitividad empresarial y la reducción de la carga tributaria del gran capital.

La decisión confirma que la megarreforma nunca fue únicamente un plan para enfrentar la coyuntura económica. Es, sobre todo, un intento de rediseñar las reglas del modelo económico chileno.

La rebaja del impuesto corporativo no llega sola. Se suma a la reintegración del sistema tributario, a la invariabilidad tributaria por 25 años que el Ejecutivo intenta convertir en ley y a un conjunto de normas destinadas a entregar mayor estabilidad regulatoria a la inversión privada. Vista en conjunto, la arquitectura del proyecto apunta a consolidar un marco económico que trascienda el actual período presidencial.

Ese es precisamente el debate que hoy comienza a emerger.

La discusión ya no gira únicamente en torno a cuánto crecerá la economía o cuántos puntos aumentará la inversión. La pregunta es otra: ¿qué capacidad tendrá un futuro gobierno para modificar este diseño si las mayorías democráticas deciden recorrer un camino distinto?

La llamada invariabilidad tributaria se vuelve, en ese contexto, mucho más que un incentivo económico. Se convierte en un mecanismo destinado a limitar la capacidad de futuros gobiernos para redefinir la política tributaria. No es casual que diversos juristas y economistas hayan recordado el antiguo Decreto Ley 600, que durante décadas otorgó garantías extraordinarias al capital extranjero y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de los amarres institucionales heredados de la dictadura.

Mientras tanto, los indicadores económicos siguen deteriorándose. La producción industrial acumula caídas, el desempleo continúa elevado y la promesa de una recuperación rápida todavía no encuentra respaldo en la experiencia cotidiana de miles de hogares.

Quizás por eso la encuesta difundida por Emol resulta especialmente significativa. No porque provenga de un medio cercano al mundo empresarial, sino porque refleja que incluso ese espacio comienza a registrar el desgaste del principal responsable de la política económica del Gobierno. Cuando la discusión abandona el terreno ideológico para instalarse en la percepción ciudadana, el problema deja de ser comunicacional.

Paradójicamente, el Ejecutivo ha respondido a ese escenario profundizando la misma estrategia que prometía revertir el ciclo económico.

Hay una lógica política detrás de esa decisión. El Gobierno parece convencido de que una reducción más agresiva de impuestos generará confianza en los inversionistas y terminará produciendo crecimiento, empleo y mayores ingresos fiscales en el mediano plazo. Es una tesis conocida, aplicada en distintos momentos y países, cuyos resultados siguen siendo motivo de controversia entre economistas.

Pero la política no espera al mediano plazo.

Las familias evalúan el presente. Evalúan el precio de los alimentos, las cuentas de fin de mes, el empleo disponible y los salarios. Es ahí donde se construye o se pierde la legitimidad de un proyecto económico.

La paradoja es evidente. Cuando la ciudadanía comienza a exigir respuestas frente al deterioro económico, el Gobierno opta por profundizar una reforma estructural orientada a redefinir las reglas del mercado. No es una rectificación. Es una apuesta.

Y como toda apuesta política de gran escala, su éxito o su fracaso no dependerá únicamente de los indicadores macroeconómicos. También será juzgada por una pregunta mucho más simple: quiénes perciben primero sus beneficios y quiénes siguen esperando que esos beneficios alguna vez lleguen.

Félix Montano

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