Apolo Olivares -  Ex dirigente de la UTE -  Para Ute-Noticias – 11-06-2026

El 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre. Pocas veces la historia republicana chilena registró un consenso político de tal magnitud. Desde la izquierda hasta la derecha, todos comprendieron que el cobre no era simplemente un recurso mineral: era el fundamento material sobre el cual Chile podía construir su desarrollo económico, científico y social.

Aquella decisión fue mucho más que una medida económica. Fue una afirmación de soberanía nacional. Salvador Allende la definió como la recuperación del "sueldo de Chile", una riqueza que durante décadas había generado enormes utilidades para compañías extranjeras mientras el país permanecía atrapado en el subdesarrollo.

Sin embargo, ese proyecto histórico sufrió una profunda transformación durante la dictadura militar.

La Constitución de 1980 mantuvo formalmente la propiedad estatal sobre las minas. No obstante, mediante la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras de 1982 y un conjunto de reformas legales posteriores, se creó uno de los sistemas de concesiones más favorables para la inversión privada . En la práctica, el Estado conservó la propiedad jurídica del subsuelo, pero entregó a empresas privadas amplias garantías para explorar y explotar grandes yacimientos por largos períodos, con elevados niveles de protección jurídica.

Los resultados fueron evidentes. Mientras CODELCO continuó operando los grandes yacimientos históricos nacionalizados en 1971, comenzó el desarrollo de enormes proyectos privados como Escondida, Collahuasi, Los Pelambres, Candelaria, El Abra, Los Bronces y muchos otros. En pocas décadas, la mayor parte del crecimiento de la producción nacional quedó en manos de empresas privadas, principalmente de capitales extranjeros.

El retorno a la democracia en 1990 abrió la esperanza de revisar este modelo. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario.

Los gobiernos de la Concertación optaron por mantener las reglas heredadas de la dictadura. Su argumento fue que la estabilidad jurídica permitiría atraer inversión extranjera, aumentar la producción y generar crecimiento económico. Desde esa perspectiva, modificar profundamente el régimen de concesiones podía afectar la confianza de los inversionistas.

Esa decisión marcó uno de los consensos más importantes de la transición chilena.

Los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet mantuvieron intacta la estructura fundamental del sistema minero construido durante la dictadura. Si bien introdujeron regulaciones ambientales, reformas tributarias y, en 2005, el llamado "royalty minero", nunca impulsaron una renacionalización de los grandes yacimientos privados ni modificaron sustancialmente el régimen de concesiones.

También los gobiernos de Sebastián Piñera defendieron explícitamente este modelo, promoviendo la inversión privada como motor del crecimiento económico.

Desde el punto de vista político, este consenso fue respaldado por amplios sectores de la antigua Concertación —Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Socialista— junto con los partidos de la derecha, particularmente Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Aunque existieron parlamentarios y dirigentes individuales que manifestaron críticas o propusieron cambios más profundos, nunca se conformó una mayoría política capaz de alterar el modelo establecido durante la dictadura.

La paradoja es evidente.

El país que nacionalizó el cobre en 1971 terminó convirtiéndose, durante las décadas siguientes, en uno de los mayores productores mundiales gracias, principalmente, a inversiones privadas. Sin embargo, este crecimiento abrió un debate que permanece vigente: ¿ha capturado el Estado una proporción suficiente de la renta minera para financiar el desarrollo nacional, o una parte significativa de esa riqueza ha beneficiado principalmente a inversionistas privados y accionistas extranjeros?

La discusión no consiste únicamente en quién extrae el cobre. La verdadera pregunta es quién captura el valor que genera esa riqueza.

Un país puede producir millones de toneladas de cobre cada año y, aun así, seguir dependiendo de la exportación de materias primas si no transforma esa riqueza en ciencia, tecnología, educación, innovación e industrialización.

La nacionalización de 1971 representó una visión estratégica de largo plazo: utilizar los recursos naturales para construir una nación más desarrollada y menos dependiente.

Cinco décadas después, la interrogante continúa abierta.

Quizá el desafío del siglo XXI ya no sea repetir exactamente las soluciones del pasado, sino recuperar el principio que las inspiró: que las riquezas naturales pertenecen a toda la sociedad y deben convertirse en bienestar colectivo, conocimiento, desarrollo tecnológico y oportunidades para las futuras generaciones.

Porque la verdadera soberanía no consiste únicamente en poseer los recursos del subsuelo, sino en decidir democráticamente cómo esa riqueza contribuye al destino común del país.

La historia exige distinguir entre quienes diseñaron un modelo, quienes lo administraron y quienes decidieron conservarlo.

El régimen de concesiones mineras que permitió la expansión de la gran minería privada fue creado durante la dictadura. Sin embargo, su permanencia no puede explicarse únicamente por su origen. Durante más de dos décadas de gobiernos democráticos existieron las condiciones políticas para revisar, modificar o reemplazar aspectos centrales de ese sistema. Esa decisión no se tomó.

Los gobiernos de la Concertación privilegiaron la continuidad institucional y la estabilidad económica como pilares de la transición. Bajo esa lógica, optaron por preservar el régimen de concesiones y fomentar la inversión privada en la minería, incorporando algunas reformas —como la creación del royalty minero y mejoras regulatorias—, pero sin alterar la estructura fundamental del modelo.

Esta continuidad fue respaldada principalmente por los partidos que integraban la Concertación —Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical—, junto con los partidos de derecha, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, que defendieron abiertamente ese esquema.

El Partido Comunista, en cambio, permaneció fuera de los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2010 y mantuvo una posición crítica respecto del predominio de la gran minería privada y de la necesidad de fortalecer el papel del Estado en la explotación de los recursos estratégicos. Cuando posteriormente pasó a integrar una coalición de gobierno, no logró transformar esa posición histórica en una reforma estructural del sistema minero.

Por ello, el debate histórico no debería centrarse únicamente en quién expresó una determinada posición ideológica, sino en quiénes tuvieron la capacidad efectiva de gobernar y de legislar. En democracia, la responsabilidad política se mide por las decisiones que se adoptan —o que se decide no adoptar— cuando se tiene la posibilidad de hacerlo.

Apolo Olivares

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