Por: Natalia Flores González. Coordinadora Programa Feminismo. Instituto Igualdad

El Ciudadano. 13/07/2026

Cien días de retrocesos:

Hoy, las mujeres deben mantenerse en alerta frente a un gobierno que, bajo la excusa de la gradualidad, busca devolverlas al silencio dentro de sus casas.

Ya han pasado poco más de 100 días desde que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, y las advertencias que se levantaron durante la campaña parecen estar materializándose. La promesa de un «cambio real» ha significado un giro ultraconservador que amenaza con desmantelar décadas de avances en materia de derechos y equidad de género. Tal como se ha observado, no hace falta que se derogue una ley para que haya retroceso: basta con que el Estado deje de empujar, y a eso hoy se le llama gradualidad.

Un ministerio degradado y el triunfo del paternalismo

La primera señal de alerta llegó antes de la instalación del gobierno: la decisión de sacar al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del comité político. Esta no fue una movida protocolar, sino una declaración de principios que dejó la seguridad y el empleo adentro, y el género afuera.

El enfoque de la administración quedó en evidencia cuando el presidente Kast afirmó en una entrevista que «Chile tiene que cuidar el medioambiente, a las mujeres, la cultura, la flora y la fauna». Esta preocupante declaración agrupa a la población femenina junto al paisaje natural, despojándola de su agencia y reduciéndola a un sujeto pasivo que requiere tutela estatal.

A esta visión se suma la designación de Judith Marín, una ministra que meses antes de asumir había planteado evaluar la fusión o eliminación de la cartera que hoy dirige. Esto se alinea peligrosamente con el historial del propio mandatario, quien en su primera candidatura presidencial propuso abiertamente eliminar dicho ministerio. El Ministerio persistió, pero no es necesario hacerlo desaparecer para quitarle su relevancia, basta con relegarlo un papel meramente administrativo. La gestión interna tampoco ha dado respiro: en cien días, la cartera sufrió la salida de la subsecretaria Daniela Castro. Sin embargo, el hecho más grave fue la desvinculación de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, en medio de un tratamiento oncológico, como represalia por advertir públicamente sobre los efectos de un recorte presupuestario del 3% exigido por Hacienda.

Empleo, natalidad y la trampa del Seguro de Cesantía

Si hay un eje en el que el Gobierno ha pretendido demostrar actividad es el laboral, impulsando el programa «Compromiso Mujer» para reducir el desempleo de las mujeres del actual 10% a un 6,5%. No obstante, esta agenda no incluye ninguna medida nueva, pero esconde una trampa en una nueva orientación conceptual: aborda a las mujeres casi exclusivamente en clave de empleabilidad y natalidad —vinculado por el propio presidente a la «crisis de natalidad» del país—, omitiendo la autonomía o la justicia reproductiva. El sujeto de la política pública oficial es únicamente la mujer-trabajadora-madre.

El historial del presidente Kast, quien durante dieciséis años como parlamentario se opuso a cada avance en derechos sexuales y reproductivos, se refleja hoy en un inmovilismo calculado.

El ejemplo más palpable de esta visión mercantilizada son las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna. Si bien se elimina el restrictivo e histórico umbral de 20 trabajadoras, la propuesta del Ejecutivo de financiar este derecho echando mano al Seguro de Cesantía de las y los propios trabajadores es profundamente regresiva. En la práctica, esto indica que las mujeres y la clase trabajadora deben pagar por el derecho a maternar y trabajar, eximiendo a los grandes empleadores de su responsabilidad. Al sumarle a esto la nula urgencia para erradicar la brecha salarial —que se ubica en un inaceptable 24,4% según el INE—, el mensaje es claro: cuando el Estado no provee redes justas de apoyo, las mujeres son empujadas a la precariedad.

Derechos reproductivos y seguridad: el silencio como retroceso

El historial del presidente Kast, quien durante dieciséis años como parlamentario se opuso a cada avance en derechos sexuales y reproductivos, se refleja hoy en un inmovilismo calculado. Es cierto que la ley de aborto en tres causales no ha sido modificada y la ministra la da por zanjada. Sin embargo, este statu quo congelado implica que no hay avances hacia la ampliación de causales ni abordaje de la objeción de conciencia institucional. En paralelo, la educación sexual integral enfrenta una evidente retirada, cediendo terreno a una moralidad que desprotege a las niñas.

Por el lado de la seguridad ciudadana, el Gobierno exhibe la baja en violencia y femicidios como un logro. Pero esta reducción estadística es apenas un efecto colateral de su dura agenda de orden público, y no el resultado de una estrategia integral contra la violencia de género. El prematuro cambio de gabinete —con la salida de las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert y la instalación de figuras duras como Martín Arrau en Seguridad— confirma que la prioridad es el punitivismo ciego, dejando en el abandono la prevención y las redes de acompañamiento temprano.

El silenciamiento en los espacios de poder

A este desmantelamiento institucional se suma un mutismo absoluto respecto a la participación política. La representación legislativa de mujeres alcanzó sólo un 33,5% tras las recientes elecciones y la exclusión persiste brutalmente a nivel territorial: apenas un 16,5% de las alcaldías fueron ganadas por mujeres y ninguna logró ser electa gobernadora regional. Frente a estas deudas, el Ejecutivo no ha presentado propuestas para fomentar el liderazgo de las mujeres o garantizar paridad, escudándose en una «meritocracia» que perpetúa los pactos masculinos.

Con una desaprobación que ya supera el 50%, estos cien días demuestran que la equidad de género es vista por la actual administración como una «ideología» a combatir. Las mujeres no necesitan ser «cuidadas» como elementos decorativos del paisaje; exigen ser reconocidas como ciudadanas plenas, con autonomía económica, política y corporal garantizada. Hoy, las mujeres deben mantenerse en alerta frente a un gobierno que, bajo la excusa de la gradualidad, busca devolverlas al silencio dentro de sus casas.

Natalia Flores González

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