Por: Elena Rusca. Periodista, corresponsal en Ginebra.

El Clarín Chile.16 julio, 2026

La semana del 13 al 17 de julio de 2026, el Palacio de las Naciones en Ginebra volvió a ser escenario de una tensión que atraviesa silenciosamente el sistema internacional: la distancia entre el lenguaje diplomático del “posconflicto” y las realidades históricas de pueblos que nunca han salido del conflicto. En la 19ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), dedicada precisamente a los derechos indígenas en situaciones de conflicto y posconflicto, esta tensión adquirió una forma concreta con la intervención de Flor Calfunao Paillalef, representante de la Misión Permanente Mapuche ante la ONU.

Mientras los expertos del EMRIP presentaban su estudio temático sobre los impactos de la guerra, la ocupación y la violencia política en los pueblos indígenas, la declaración Mapuche introdujo un elemento disruptivo: la afirmación de que el pueblo Mapuche no vive un posconflicto, sino un conflicto permanente que se extiende desde el siglo XIX hasta hoy. Esta afirmación no es retórica: es una disputa jurídica, histórica y política que cuestiona directamente la narrativa estatal de Chile y Argentina sobre el territorio Mapuche, el Wallmapu.

El conflicto como estructura, no como episodio

La intervención de Calfunao Paillalef se inscribe en una genealogía que el Estado chileno rara vez reconoce: la existencia de tratados internacionales firmados entre la Nación Mapuche y la Corona española primero, y luego con la República de Chile. Los tratados de Quillín (1641) y Tapihue (1825) no son presentados como documentos arqueológicos, sino como instrumentos jurídicos vigentes bajo el principio pacta sunt servanda, piedra angular del derecho internacional. En esta lectura, la ocupación militar del Wallmapu en el siglo XIX no fue una “pacificación”, sino una invasión sin declaración formal de guerra, en violación de la Constitución chilena de 1833.

La declaración Mapuche denuncia que la soberanía chilena sobre el territorio se construyó sobre un acto de fuerza ilegítimo, acompañado por políticas estatales —y eclesiásticas— que buscaban la desarticulación de la nación Mapuche mediante la imposición de leyes ajenas a su territorio. La pérdida de tierras, la fragmentación territorial y la criminalización de autoridades tradicionales son presentadas como consecuencias directas de este proceso.

En este sentido, la intervención no se limita a denunciar violaciones contemporáneas: reclama la vigencia de un orden jurídico anterior a los Estados modernos, un orden que reconoce a la Nación Mapuche como sujeto político y no como “minoría étnica”. Esta afirmación, repetida en la declaración, es central: la categoría de “minoría” es incompatible con la existencia de tratados bilaterales y con la condición de nación preexistente.

Genocidio cultural y social: una acusación estructural

La intervención Mapuche utiliza un término que incomoda a los Estados: genocidio cultural y social sistemático. No se trata de una acusación aislada, sino de una lectura estructural de las políticas estatales que han afectado al pueblo Mapuche durante más de un siglo: pérdida de territorio, destrucción de sistemas de gobernanza, imposición de modelos productivos extractivos, criminalización de defensores del territorio, y un sistema judicial que opera con sesgos raciales documentados por organismos internacionales.

La denuncia adquiere una dimensión particular en el contexto del EMRIP, donde el tema central es el conflicto y el posconflicto. Para la Nación Mapuche, el conflicto no es un episodio bélico cerrado, sino una continuidad histórica que se expresa hoy en:

• militarización de comunidades,
• persecución penal de autoridades tradicionales,
• restricciones al acceso a documentos históricos,
• y políticas extractivas que afectan directamente al territorio ancestral.

La solicitud de exhibir el texto original del Tratado de Tapihue —actualmente restringido— es un ejemplo concreto de cómo la disputa jurídica sigue viva. La invisibilización de este documento no es neutra: impide la reconstrucción de la memoria jurídica Mapuche y refuerza la narrativa estatal de que nunca existió un reconocimiento bilateral.

La intervención Mapuche en el sistema multilateral

La presencia de la Misión Permanente Mapuche ante la ONU, establecida en 2011, es en sí misma un acto político. En un sistema internacional donde solo los Estados tienen personalidad jurídica plena, la existencia de una misión indígena constituye una forma de diplomacia paralela que busca abrir espacios de reconocimiento y disputar la narrativa oficial.

La intervención de Calfunao Paillalef se sitúa en este marco: no es una declaración testimonial, sino una estrategia de inserción en el sistema multilateral para internacionalizar la disputa territorial y jurídica. En un momento en que el EMRIP discute la participación indígena en la ONU y el futuro de la Declaración de 2007, la voz Mapuche introduce un recordatorio incómodo: la autodeterminación no es un principio abstracto, sino una demanda concreta que implica revisar la historia, los tratados y las prácticas estatales.

El contraste con el lenguaje diplomático del EMRIP

La semana del EMRIP estuvo marcada por intervenciones institucionales que subrayaron la importancia de proteger a los pueblos indígenas en contextos de conflicto. El Presidente del Consejo de Derechos Humanos habló de “participación significativa”; el Alto Comisionado, de “violencias estructurales”; los expertos, de “reparación y garantías de no repetición”. Sin embargo, la intervención Mapuche introdujo un elemento que el lenguaje diplomático tiende a evitar: la acusación directa de usurpación territorial y violación de tratados internacionales.

Mientras el EMRIP discute cómo apoyar a los pueblos indígenas en procesos de posconflicto, la Nación Mapuche afirma que el posconflicto no existe porque el conflicto nunca terminó. Esta divergencia conceptual es fundamental: revela que el marco analítico del sistema internacional no siempre coincide con las experiencias históricas de los pueblos indígenas.

Una demanda de diálogo genuino

La declaración concluye con una afirmación que sintetiza la posición Mapuche: la paz en el territorio no se alcanzará mediante programas de desarrollo, mesas de trabajo o políticas de reconocimiento simbólico, sino mediante acciones concretas de diálogo genuino y el fin de la criminalización de los defensores del territorio. La criminalización —tema recurrente en informes de la ONU— es presentada como una herramienta estatal para desarticular la resistencia territorial y evitar la discusión sobre los tratados históricos.

La intervención Mapuche no pide mediación internacional ni supervisión externa: pide que los Estados reconozcan la existencia de un sujeto político con el cual ya firmaron tratados en el pasado. En este sentido, la declaración se sitúa en una tradición diplomática indígena que busca reactivar instrumentos jurídicos históricos para enfrentar conflictos contemporáneos.

Una semana que revela las fracturas del sistema internacional

La 19ª sesión del EMRIP mostró que los conflictos que afectan a los pueblos indígenas no pueden ser entendidos únicamente como episodios bélicos, sino como procesos históricos de larga duración donde la disputa por el territorio, la autodeterminación y la memoria jurídica sigue siendo central. La intervención Mapuche recordó que, para muchos pueblos, la paz no es un horizonte abstracto, sino una condición que solo puede alcanzarse mediante el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos y la reparación de las violencias históricas que continúan estructurando sus relaciones con los Estados.

En un sistema multilateral que enfrenta una crisis de legitimidad —como lo evidenció también la intervención del Comité de Procedimientos Especiales sobre Sudán— la voz Mapuche introduce una pregunta incómoda: ¿puede la ONU abordar los conflictos indígenas sin revisar las bases históricas sobre las cuales se construyeron los Estados modernos?

La respuesta, por ahora, sigue abierta. Pero la intervención de Flor Calfunao Paillalef dejó claro que la Nación Mapuche no espera pasivamente: disputa, interpela y exige que el sistema internacional reconozca una verdad histórica que los Estados han preferido ignorar.

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