Por: Francisca Santander Faúndez

Interferencia. 05/08/2026

El Senado aprobó por 27 votos contra 22 el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones, cerrando la tramitación legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional. La oposición cuestionó el acuerdo que permitió reunir los votos y calificó de regresivo el esquema de compensación, mientras el oficialismo defendió sus efectos para las comunas y los adultos mayores. Ahora el proyecto enfrenta requerimientos ante el TC y vetos presidenciales pendientes antes de su promulgación.

El Senado despachó este martes la denominada megarreforma tributaria, tras aprobar por 27 votos a favor y 22 en contra el informe de la Comisión Mixta que fija el mecanismo de compensación fiscal a los municipios por la exención del pago de contribuciones. Con esta votación, la última que restaba en su tramitación, el proyecto de Reconstrucción Nacional queda fuera del Congreso.

El resultado se explica por una negociación de última hora del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró un acuerdo con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona (UDI), quienes condicionaban su respaldo a garantías de financiamiento para la reconstrucción de Atacama y Coquimbo. Walker explicó que se creará un fondo compuesto por recursos frescos y extraordinarios, no por reasignaciones ni fondos regionales, cuyo monto definirá una comisión técnica y quedará incorporado en la Ley de Presupuestos 2027.

A ese respaldo se sumó el del senador Pedro Araya (PPD), que confirmó su voto tras conversar con alcaldes y con el biministro Claudio Alvarado. La inhabilitación del senador Fidel Espinoza (PS) no alteró el resultado final.

La disputa por la compensación municipal

Durante el debate en sala, la oposición apuntó tanto al mecanismo aprobado como a la forma en que el Gobierno logró los votos. El senador DC Iván Flores cuestionó que los apoyos quedaran sujetos a compromisos regionales y objetó que la compensación a los municipios más ricos —que serían la mayoría de los beneficiarios— se financie con impuestos generales. La senadora PC Claudia Pascual recordó que el acuerdo original con los alcaldes contemplaba una exención focalizada por nivel socioeconómico, algo que el informe de la Mixta no recogió, y respaldó la propuesta alcaldicia de redistribuir los recursos según los criterios del Fondo Común Municipal.

Desde el oficialismo, el senador Iván Moreira (UDI) puso el foco en la exención de contribuciones para los mayores de 65 años como uno de los principales beneficios de la reforma. El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, defendió que ningún municipio perdería ingresos y que la fórmula aprobada fortalece el Fondo Común Municipal sin debilitar a ninguna comuna.

El Gobierno, por su parte, había advertido que si no se aprobaba el mecanismo de la Mixta no habría compensación en el corto plazo, un argumento clave para destrabar el voto de Araya. Como gesto adicional, se comprometió a destinar un tercio de la sobretasa de 1,5% a la invariabilidad tributaria al Fondo Común Municipal, aunque sin definir todavía si esto se hará por ley o vía discusión presupuestaria anual. La disputa también dividió a los propios alcaldes: pese a las críticas de jefes comunales de oposición como Tomás Vodanovic, 174 alcaldes firmaron una declaración respaldando la propuesta de compensación.

Lo que viene: TC y vetos presidenciales

El artículo aprobado establece que la Tesorería General de la República distribuirá los recursos entre municipios y el Fondo Común Municipal según la proporción de ingresos que dejarán de percibir por la exención, con un cálculo anual a cargo del Servicio de Impuestos Internos. Para acceder a esos fondos, los municipios deberán entregar información en los plazos exigidos y acreditar una reducción de al menos 30% en el tiempo de tramitación de permisos municipales, tomando como referencia el período 2023-2025.

Aunque el proyecto ya salió del Congreso, su destino final no está sellado. Las normas sobre invariabilidad tributaria por 20 años y los mecanismos de compensación ligados a resoluciones de calificación ambiental fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios de oposición, que aún debe pronunciarse. Además, se espera que este miércoles el Ejecutivo ingrese vetos a las normas sobre anatocismo y a la que elimina el llamado “olvido financiero”, antes de que la ley pueda ser promulgada.

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