Por : Eduardo Saffirio Abogado y Cientista Político. – El Mostrador – 13 de agosto 20269

Si la reforma no beneficia perceptiblemente a los sectores medios y populares, el PDG deberá explicar por qué entregó sus votos a cambio de concesiones limitadas. Difícilmente podrá presentarse como observador ajeno a las decisiones de las élites.

La megarreforma del gobierno de José Antonio Kast interpela al Partido de la Gente. El episodio revela una distancia entre su identidad pública y su conducta legislativa, y obliga a revisar una caracterización empleada con ligereza. La votación no demuestra que el PDG actúe como partido bisagra.

David Arter define al partido bisagra por su capacidad de mantener abiertas opciones de cooperación hacia la izquierda y la derecha, conservando autonomía frente a los bloques principales. Esta condición difiere de la posición pivotal, derivada de la aritmética parlamentaria. Un partido puede disponer de votos decisivos sin desarrollar una estrategia de bisagra. Esta exige construir mayorías alternativas, negociar en direcciones diferentes y obtener resultados reconocibles.

La categoría proviene del parlamentarismo, donde el gobierno depende de la confianza parlamentaria. En el presidencialismo también varían las mayorías según la materia. La diferencia aconseja cautela, pero el concepto permite examinar si una fuerza conserva autonomía y condiciona su apoyo a acuerdos sustantivos.

Votar unas veces con el gobierno y otras con la oposición no basta. Esa oscilación puede responder a autonomía programática, oportunismo electoral o indisciplina interna. Una votación aislada puede volver pivotal a un partido sin acreditar una estrategia de bisagra. Dos votaciones relevantes en cuatro meses, alineadas con el mismo bloque y en materias distintas, configuran un patrón, aunque todavía no una trayectoria. El PDG no ha acreditado apertura hacia ambos lados, continuidad estratégica ni resultados que permitan caracterizarlo como bisagra.

Su actuación en la megarreforma no satisface esos criterios. Sus votos viabilizaron la agenda del Ejecutivo sin articular una mayoría alternativa ni alterar el sentido central del proyecto. El Congreso ya había aprobado la reducción transitoria de la tasa aplicable a las pymes. La rebaja permanente era un compromiso previo del gobierno y dependerá de otra iniciativa legal. Presentarla como conquista de esta negociación parece exagerado. Las demás compensaciones son acotadas y no modifican la orientación distributiva de la reforma.

El PDG actuó como fuerza auxiliar del oficialismo en el proyecto económico más importante del gobierno. El patrón se repitió en la acusación constitucional contra Nicolás Grau, impulsada por la derecha oficialista, donde volvió a aportar votos decisivos, sin marcar una posición propia. Toda fuerza parlamentaria puede apoyar iniciativas ajenas. El problema surge cuando ese respaldo no produce resultados visibles para sus electores ni responde a una orientación clara. En esas condiciones, la negociación comienza a parecer subordinación.

La asimetría es delicada para un partido cuyo atractivo se construyó denunciando a las élites y prometiendo representar a sectores abandonados por las colectividades tradicionales. Parte de su base está formada por grupos medios y populares afectados por el endeudamiento y la inseguridad económica. Respaldar una reforma cuyos principales beneficios favorecen a las grandes empresas tensiona esa identidad.

La comparación internacional precisa el problema. El peronismo federal vinculado a Miguel Ángel Pichetto ha negociado con bloques diferentes desde una identidad política, una trayectoria institucional y vínculos provinciales. El Centrão brasileño opera con una lógica más transaccional. Sus partidos poseen redes territoriales y convierten el apoyo legislativo en cargos, influencia administrativa y recursos destinados a estados y municipios ligados a sus bases.

Ninguno corresponde estrictamente a la categoría de Arter. Muestran que una negociación puede sustentarse en identidad y trayectoria, como el espacio asociado a Pichetto, o en redes territoriales y capacidad distributiva, como el Centrão. El PDG carece de ambas fortalezas. Su transacción es personalista y sin anclaje organizacional. Entregó votos decisivos sin modificar el proyecto y obtuvo concesiones menores. Frente a esos casos, su negociación aparece elemental y asimétrica.

El PDG todavía podría modificar su conducta y contribuir a formar mayorías diferentes. Sus votos pueden volverlo pivotal en determinadas votaciones. Solo una estrategia sostenida y resultados atribuibles a su intervención permitirían considerarlo un partido bisagra.

La megarreforma representa una apuesta de alto riesgo. Si sus efectos fiscales obligan a recortes o sus beneficios se concentran en los sectores de mayores ingresos, el PDG quedará asociado a esas consecuencias. El costo principal podría manifestarse fuera del Congreso. Su eficacia electoral depende de mantener la imagen de una fuerza ajena a los acuerdos de las élites. Actuar como auxiliar del gobierno en una materia decisiva compromete esa diferencia. Obtuvo visibilidad inmediata, pero quedó sometido a los resultados de la reforma.

Si la reforma no beneficia perceptiblemente a los sectores medios y populares, el PDG deberá explicar por qué entregó sus votos a cambio de concesiones limitadas.

Difícilmente podrá presentarse como observador ajeno a las decisiones de las élites. Sus votos fueron decisivos y deberá asumir responsabilidad política por sus efectos.

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