Por: Fernanda Araneda
Diario U de Chile. 15-08-2026
La abogada y académica de la Universidad de Chile contradijo los argumentos entregados por parlamentarios oficialistas. Villegas apunta a la gravedad de los crímenes cometidos y a la obligación de los funcionarios públicos de ajustarse a la Ley.
A juicio de la abogada y académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, el posible indulto a carabineros y militares condenados por hechos del estallido social, “pone en jaque estándares internacionales”. Y afirma que envía un claro mensaje de impunidad.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la profesora titular de la Facultad de Derecho se refirió a la presión que han ejercido parlamentarios oficialistas para que el Presidente José Antonio Kast concrete los indultos, con iniciativas como la “bancada por los indultos” o la entrega de una carta al Mandatario donde se le pide la liberación de un total de 13 uniformados.
Para Villegas, se trata de un intento por equiparar los delitos cometidos por civiles durante el estallido con graves violaciones a los derechos humanos, que no deberían ser indultadas.
La abogada recuerda que los condenados eran funcionarios públicos, “entrenados específicamente para el cumplimiento de cierto tipo de labores, personas que están entrenadas en armas, y que, por lo tanto, al momento de cumplir con sus deberes tienen que hacerlo ajustados a las normas y al Estado de derecho”.
“Los quieren indultar, equipararlos a la situación de delincuentes comunes, como en el caso de los presos civiles del estallido, cuando no corresponde, porque se olvidan que son violaciones graves de derechos humanos, se olvida que son personas que actuaron abusando de su poder, haciendo uso de la fuerza fuera de los márgenes legalmente permitidos”, remarca.
Villegas además responde a los argumentos de algunos representantes del oficialismo, quienes justifican los indultos en que los agentes estatales sólo recibieron órdenes o que se vieron “sobrepasados” por las protestas.
La académica de la Universidad de Chile asegura que con esa clase de argumentos se está cuestionando lo que hizo el Poder Judicial. Los tribunales, afirma, ya consideraron ese tipo de factores.
“Ahí hay una intromisión en lo que es la labor del tribunal. Porque todo lo que es la apreciación del contexto de las manifestaciones, son todas cuestiones que tiene que considerar necesariamente el tribunal y que, por cierto, las defensas han hecho valer y con creces en todos y cada uno de los procedimientos”, explica.
“Eso ya ha sido considerado por el tribunal. Por lo tanto, no se puede dar una opinión general respecto de todos los casos, en relación a que todos estaban abrumados o que estaban todos cumpliendo un deber. Los funcionarios públicos, cuando cumplen su deber, tienen que hacerlo ajustados a derecho”, insiste.
Qué ocurrió en el estallido
Durante el estallido social, Myrna Villegas fue parte de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Un organismo que nació por iniciativa de los estudiantes de la universidad y que buscó prestar auxilio a víctimas de la represión policial.
Desde dichas instancia, emanó un informe donde se relata que a partir del 18 de octubre de 2019, se cometieron “graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile”.
En el documento, además se denuncia la ocurrencia de “atentados a la vida, a la integridad física y psíquica que resultaron en homicidios cometidos por el Estado, mutilaciones, principalmente oculares, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, maltrato y abuso policial de carácter físico, sexual y psicológico”.
A más de seis años de aquello, la profesora Villegas no solo advierte una criminalización de las protestas del 2019, sino que también un “cambio de narrativa”, a través de la que se ha intentado quitar el carácter de violaciones a los derechos humanos a los hechos ocurridos en el estallido.
“Pero eso no es así. Hay múltiples organismos internacionales que acreditaron que en Chile se violaron derechos humanos. Recordemos, además, que en ese momento nunca se discutió si ocurrieron violaciones a los derechos humanos. La discusión se daba en torno a si estas violaciones eran masivas y sistemáticas”, observa.
La abogada además habló de una “maquinaria jurídica” para asegurar la impunidad de los agentes estatales, que comenzó con la Ley Naín-Retamal, y que ahora, podría continuar con los indultos.
“Este escenario de impunidad que nos quieren imponer como país, se ha venido gestando desde hace mucho. La Ley Naín-Retamal ha sido aplicada retroactivamente en favor de personas que cometieron delitos durante el estallido social y eso les ha implicado rebaja de pena o que se les juzgue con unos tipos penales nuevos”, detalla.
“Ahora, en caso de la senadora Fabiola Campillai, o en el caso de Romario Veloz, que falleció en La Serena; en ninguno de esos casos es posible aplicar la Ley Naín-Retamal, entonces, la vía que encuentran para poder dejar en la impunidad nuevamente estos crímenes es el indulto. Esto es una maquinaria jurídica que se ha ido armando de manera concienzuda, no desde ahora, no con la asunción de este gobierno, sino que desde antes”, advierte.
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