Por: Jaime Hurtubia. Exasesor Principal Política Ambiental, Comisión Desarrollo Sostenible, ONU, Nueva York y Director División de Ecosistemas y Biodiversidad, United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, Kenia.

El Mostrador. 16 agosto, 2026

La diferencia entre una emergencia inevitable y una tragedia evitable suele estar en las decisiones que se tomaron —o no se tomaron— meses y años antes. Y en esa diferencia se mide, finalmente, la seriedad de un gobierno.

Nuestro país ya no puede darse el lujo de tratar la emergencia climática como una amenaza lejana, como un asunto técnico reservado a informes o seminarios ambientales. Vivimos, año tras año, una versión cada vez más nítida de un nuevo régimen de riesgos: inviernos marcados por temporales devastadores, desbordes de ríos, remociones en masa, inundaciones urbanas y ríos atmosféricos; veranos atravesados por olas de calor, sequías persistentes, escasez hídrica e incendios forestales de una violencia que hace poco parecía excepcional y hoy empieza a parecer recurrente.

La pregunta ya no es si Chile será golpeado por el cambio climático. La pregunta es cuántas veces más aceptaremos ser sorprendidos por desastres que hace años vienen siendo advertidos por la ciencia, los municipios, las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, las comunidades y los propios organismos públicos.

Lo más grave no es solo la intensidad de los eventos, sino la brecha entre la evidencia disponible y la respuesta política. Contamos con diagnósticos, mapas de riesgo, planes de adaptación, capacidades científicas y experiencia acumulada tras tragedias recientes. Sin embargo, la acción pública sigue apareciendo fragmentada, reactiva y muchas veces comunicacionalmente ausente.

Hoy, Europa enfrenta olas de calor con temperaturas superiores a los 40° Celsius en Berlín, París, Madrid, Barcelona, Londres, entre otras, con miles de muertes desde mayo a julio. Más aún, está siendo golpeada por incendios forestales devastadores asociados a sequías prolongadas y vegetación altamente combustible.

Nosotros deberíamos leer esa escena como una advertencia directa, no como una noticia extranjera. Lo que arde en España, Francia, Grecia o Portugal, con quienes compartimos el mismo clima de tendencia mediterránea (veranos secos e inviernos lluviosos), no pertenece a otro planeta: es una imagen posible de nuestro próximo verano si continuamos actuando como si cada emergencia climática fuera una sorpresa, un accidente aislado.

En este contexto, la pasividad del gobierno resulta preocupante. Estamos constatando que la pasividad inunda, quema y seca. No basta con administrar emergencias. Gobernar frente al cambio climático exige anticipación, coordinación, inversión sostenida y liderazgo político. Exige decir con claridad que la seguridad climática es también seguridad nacional, que proteger cuencas, bosques nativos, humedales, infraestructura crítica y barrios vulnerables no es una agenda secundaria, sino una condición básica para la vida cotidiana y la estabilidad económica del país.

También preocupa la ausencia de la ministra del Medio Ambiente en la palestra pública. En tiempos de crisis climática, el silencio institucional comunica tanto como una declaración. Si el país enfrenta amenazas crecientes, la autoridad ambiental no puede limitarse a aparecer en hitos administrativos o eventos protocolares. Debe iniciar un diálogo nacional, explicar riesgos, exigir coherencia a otros ministerios, empujar coordinación territorial y asumir un rol pedagógico y político. La ciudadanía necesita saber qué se está haciendo, cuánto falta, quién responde por cada brecha y cómo se prepara el país antes de la próxima emergencia.

Nuestro país no parte de cero. Dispone de una Ley Marco de Cambio Climático, de instrumentos de planificación y de plataformas como el Atlas de Riesgos Climáticos, que identifica amenazas sobre salud, infraestructura, recursos hídricos, biodiversidad, agricultura, pesca, energía y asentamientos humanos. El problema, entonces, no es la falta absoluta de información, sino la distancia entre saber y actuar.

La adaptación climática no puede ser entendida como un catálogo de buenas intenciones. Debe traducirse en obras, presupuestos, normas, fiscalización y prioridades concretas. Antes de cada invierno, significa revisar la infraestructura de drenaje urbano, recuperar cauces, proteger humedales, actualizar mapas de inundación, reforzar defensas ribereñas donde corresponda, impedir construcciones en zonas de alto riesgo y mejorar los sistemas de alerta temprana. Las ciudades chilenas no pueden seguir colapsando por falta de planificación hidráulica, ocupación de quebradas o mantenimiento insuficiente de colectores y canales.

Previo a cada verano, la prioridad debería ser igualmente clara: prevención real de incendios, manejo del combustible vegetal, ordenamiento de la interfaz urbano-rural, restauración de bosque nativo, control efectivo de quemas ilegales, fiscalización de plantaciones y educación comunitaria permanente. Hemos aprendido dolorosamente que los mega incendios no son solo un problema forestal. Son una falla territorial, social, urbana, sanitaria y de gobernanza. El fuego deja de ser un fenómeno natural y pasa a ser una catástrofe políticamente evitable.

Tanto las inundaciones como la sequía exigen abandonar la ilusión de que el futuro resolverá por sí solo un problema estructural. La seguridad hídrica debe organizarse por cuencas, con prioridad para el consumo humano, los ecosistemas y la producción sostenible. El agua no puede seguir siendo tratada únicamente como insumo económico; es infraestructura vital, soporte ecológico y condición de igualdad territorial.

La experiencia europea muestra que negar, minimizar o postergar solo agrava los costos. Los incendios que hoy azotan Europa se explican por una combinación conocida: calor extremo, sequedad prolongada, vegetación disponible como combustible, vientos intensos, ocupación territorial riesgosa y sistemas de prevención sobrepasados. Chile comparte varios de esos factores. Nuestra zona centro-sur ha vivido por años mega sequías, olas de calor e incendios de alta intensidad; la zona central concentra población, infraestructura y vulnerabilidad hídrica; y en las regiones muchas comunas conviven con expansión urbana desordenada hacia áreas expuestas al fuego, aluviones o inundaciones.

Estamos sufriendo en estos momentos los azotes del fenómeno de El Niño agravado en sus efectos devastadores por el cambio climático con sistemas frontales que conforman ríos atmosféricos, temporales, marejadas e inundaciones en el Norte Chico y la Zona Centro Sur. Aún estamos lidiando contra los estragos de las inundaciones y desbordes ocurridos en Vallenar, La Serena, Coquimbo y Valle de Elqui, entre otros, con daños y pérdidas en viviendas, caminos, puentes, carreteras e infraestructuras que ascienden a miles de millones de pesos. En los próximos días se acercan nuevos sistemas frontales desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo con lluvias inusuales en Atacama, Antofagasta y Tarapacá.

Por último, lo que más se requiere es honestidad política. No se puede hablar de adaptación climática mientras se debilitan capacidades científicas y se relativiza la evidencia. Peor aún, cuando el discurso ambiental del presidente Kast y de sus ministros se reduce a facilitar la aprobación de proyectos de inversión. La transición climática debe compatibilizar desarrollo, empleo y protección, pero no puede construirse negando límites ambientales físicos. Si Chile no cuida sus cuencas pagará más caro el agua; si no ordena su territorio pagará más caro cada incendio; si no adapta sus ciudades pagará con salud pública cada ola de calor; si no escucha a la ciencia terminará obedeciendo a la emergencia.

El gobierno aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero corregir no significa anunciar mesas de trabajo. Significa asumir que enfrentar la crisis climática es una prioridad del Estado, no de una carpeta ministerial. Significa que la ministra del Medio Ambiente debe salir de la invisibilidad, liderar técnicamente y disputar públicamente el sentido de la acción climática. Significa que cada ministerio debe responder por su parte y que cada peso invertido en prevención sea entendido como ahorro de vidas, patrimonio, biodiversidad e infraestructura.

Para actuar no necesitamos esperar a que una inundación cubra otra ciudad, a que una nueva lluvia arrase puentes, caminos y barrios enteros o a que la sequía siga degradando nuestros ecosistemas y plantaciones agrícolas y forestales. La crisis climática ya está aquí. Lo responsable es prepararse antes, invertir antes, ordenar antes y proteger antes.

Si Europa es hoy un espejo incómodo, Chile no debería mirar hacia otro lado. La diferencia entre una emergencia inevitable y una tragedia evitable suele estar en las decisiones que se tomaron —o no se tomaron— meses y años antes. Y en esa diferencia se mide, finalmente, la seriedad de un gobierno.

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