Por: Raúl Martínez. Cientista social
Crónica Digital. 18 agosto
La serie de Netflix llamada “El cuento de la criada” presenta un futuro cercano, donde los Estados Unidos se han transformado en “Gilead”, una dictadura ultraconservadora que comete una serie de abusos y esclaviza, especialmente a las mujeres. No agrego más, porque algunos la habrán visto. Otros se interesarán y no quieren conocer antes los detalles.
Además del drama propio de los personajes, la historia de fondo es cómo un Estado democrático que enfrenta los problemas modernos es copado poco a poco por un grupo fundamentalista ultraconservador. No hay un golpe de Estado. Hay un erosión gradual de la democracia, con medidas efectistas, hasta que la militarización de la seguridad se convierte en un elemento central de la política pública, que primero restringe y luego reprime de un modo cada vez más violento cualquier desviación, disenso o diferencia, sometiendo a los ciudadanos.
La historia relata cómo bajo la indiferencia de unos y la inacción de otros, que no se ven afectados directamente por el momento, el régimen se va imponiendo. Asimismo, como, personajes que con su protagonismo ayudaron a construir esa sociedad, terminan siendo víctimas de la máquina monstruosa de represión que ayudaron a construir.
En realidad, el argumento de fondo no es nuevo. La Alemania nazi es la experiencia más clara de que es posible ir de una democracia a un Estado totalitario; del “no es conmigo” al sometimiento administrativo total. Y en la serie podemos reconocer muchas situaciones que ya se están viviendo. En los Estados Unidos, la ofensiva de contenidos tradwife (esposas tradicionales) en redes sociales predica la sumisión de la mujer. O las propuestas de una familia, un voto. O la propuesta de eliminar la estabilidad laboral, el fin de los sindicatos y el fin de las medidas de equidad y no discriminación en el gobierno (¿suena conocido?). A primera vista parecen exageraciones, pero son campañas consistentes impulsadas por fuerzas políticas de ultraderecha que usan los sentimientos religiosos como narrativa que articula su mensaje.
Chile no se queda atrás. Van desde las medidas más burdas hasta las más profundas.
El registro de vándalos e incivilidades es una pieza clásica de simple odio social. Suma a las sanciones por un delito o simple falta penal, al estigma público de ser inscrito en una lista y perder derechos sociales, como la educación o el acceso a la PGU, además del impedimento para renovar la licencia o el pasaporte. Por un grafiti no hay “clases de ética”; son hasta cinco años de cárcel y pérdida de derechos sociales. Envuelta en un grupo de situaciones que causan rechazo social (como orinar en público) y otras que provocan incomodidad (como alterar el tránsito), introduce lo necesario para sembrar el temor que desmoviliza o, si es necesario, castigar la protesta social.
Medida a medida, la impunidad de los actos represivos se viene imponiendo en la ley. Es empujada desde la tribuna del odio ultraderechista, siempre precedida por fuerte campaña en los medios de comunicación y muchas veces permitida gracias a la ingenuidad, la ignorancia o el oportunismo de líderes políticos en una cacofonía donde suena el silencio favorito del proceso autoritario: la indiferencia.
Así, la impunidad busca extenderse desde la amnistía para los delitos de lesa humanidad, el gatillo fácil, las reglas de uso de la fuerza que le garanticen a los militares actuar “con eficiencia” y no ser acusados después. Suma y sigue.
La pretensión de establecer constitucionalmente que la propia población puede ser declarada enemigo en nombre de la seguridad… ya sabemos qué significa.
Nada de eso tiene que ver con el crimen organizado. Son las piezas que paso a paso van derivando en un Estado autoritario.
La justificación aislada de leyes y medidas, con ejemplos puntuales que las soportan y los medios enfocados en presentar cada una como indispensable, apabullan por su número, no permitiendo analizar sus alcances en conjunto. A su favor juega la incredulidad.
La mezcla de medidas es como un dulce envenenado. Hay asuntos efectivamente relacionados con el delito, como perseguir a los presos fugados. Deja fuera lo más importante que permite perseguir el lavado de dinero, como levantar el secreto bancario, o más simplemente dar más presupuesto y facultades a las agencias del Estado que lo persiguen. Pero también incluye todo lo que permita amedrentar el movimiento social y reprimir las acciones de protesta.
A estas alturas, poca duda cabe de la intención de una minoría es convertir a Chile en Chilead. La respuesta está en los que ejercen la ciudadanía: que se informan objetivamente, ejercen su derecho a opinar y actúan de manera eficaz en los asuntos públicos.
Raúl Martínez.
Santiago, 18 de agosto de 2026.
Crónica Digital.
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