Crónica Digital. 19 agosto, 2026
El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció que comenzará la construcción de una “unidad especializada” para llevar a cabo ejecuciones en la horca de palestinos condenados a muerte acusados de terrorismo en Cisjordania.
En un comunicado citado por “The Jerusalem Post”, el funcionario dijo que las instalaciones, ubicadas en el centro del país, incluirán palcos para que las familias de las víctimas puedan presenciar las ejecuciones. “Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca”, sentenció Ben Gvir.
En marzo, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece la pena de muerte en la horca como castigo predeterminado para los residentes de Cisjordania condenados en tribunales militares por actos terroristas letales.
Se trata de una norma que se aplica exclusivamente a los palestinos. Los ciudadanos israelíes no están sujetos a esa ley, ya que son juzgados en tribunales civiles, mientras los palestinos lo son en tribunales militares. Además, la ley prevé la reclusión de los condenados en centros aislados, sin acceso a visitas.
La enmienda fue impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, de Ben Gvir, con el apoyo del Likud de Benjamín Netanyahu.
La nueva ley que consolidó la asimetría ya existente. Según Al Jazeera, el nivel de sentencias condenatorias para los palestinos en los tribunales militares alcanza el 99,74%, mientras que entre los israelíes juzgados por delitos en Cisjordania la cifra se situó en torno al 3% entre 2005 y 2024.
La ley se inscribe en un sistema más amplio de normas que reprimen los derechos de los palestinos. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950, que permitió la confiscación de tierras y viviendas pertenecientes a palestinos desplazados en 1948, y la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel de 2003, que en la práctica impide la reunificación de las familias palestinas divididas por la ocupación. En 2018, la Ley del Estado Nación impulsada por Netanyahu codificó la supremacía jurídica judía en materia de identidad, asentamientos y derechos colectivos; y afirmó una preferencia constitucional por la autodeterminación judía.
Antes de la aprobación de la ley, los Ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Italia y el Reino Unido instaron a que se desistiera de la iniciativa, mientras que en la ONU se subrayó que esta “contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional”.
La Administración Trump, en cambio, declaró que “respetan el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo”.
Tel Aviv, 19 de agosto de 2026.
Crónica Digital / RT News.
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