Crónica Digital 28 agosto, 2026

Carlos Margotta. Discurso de apertura Seminario Internacional “La Crisis de Naciones Unidas. Medidas para superarla. Propuestas de Reforma al Sistema”

«Muy buenos días.

Señor Vicerrector de Vinculación con el Medio, Claudio Herrera, en representación del Rector, Pedro Palominos Belmar, autoridades académicas, estimados estudiantes de la USACH, Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), señor José Pérez Debelli, presidente de la ANEF, representantes del cuerpo diplomático, distinguidas y distinguidos juristas, académicos y analistas internacionales; representantes de organizaciones de derechos humanos, amigas y amigos:

En nombre de la Asociación de Juristas por la Democracia y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quiero darles la más cordial bienvenida a este Seminario Internacional, que hemos denominado “La Crisis de Naciones Unidas. Medidas para superarla. Propuestas de Reforma al Sistema”.

Nos convoca una preocupación profunda, pero también una convicción.

La preocupación es evidente: el sistema multilateral construido después de la Segunda Guerra Mundial atraviesa una de las crisis más profundas desde la creación de las Naciones Unidas.

Y nuestra convicción es igualmente clara: frente a esta crisis, la respuesta no puede ser abandonar el multilateralismo ni renunciar al derecho internacional. Por el contrario, debemos democratizarlo, fortalecerlo y dotarlo de instrumentos que permitan que sus principios tengan eficacia real.

Una crisis que va más allá de Naciones Unidas

Lo que hoy está en cuestión no es solamente el funcionamiento de una organización internacional.

Está en cuestión una idea mucho más profunda: la posibilidad de que las relaciones entre los Estados estén sometidas a reglas comunes y universales, y no exclusivamente a las relaciones de fuerza.

Después de las tragedias de la primera mitad del siglo XX, la comunidad internacional intentó construir un orden basado en una premisa fundamental: que la paz, la dignidad humana, los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias no podían depender exclusivamente de la voluntad de los Estados más poderosos.

De allí surgieron la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Convenciones de Ginebra y todo un sistema internacional destinado a establecer límites al ejercicio del poder.

Ochenta años después, debemos preguntarnos con franqueza: ¿ha sido o es capaz hoy ese Sistema, de cumplir efectivamente esa función?

Gaza y la crisis de eficacia del derecho internacional

La tragedia que vive el pueblo palestino en Gaza ha puesto esta pregunta ante los ojos del mundo con una crudeza difícil de soslayar.

No estamos solamente frente a un crimen internacional y a una catástrofe humanitaria. Estamos frente a una situación que ha sometido a una prueba extrema la capacidad del sistema internacional para prevenir, proteger y hacer cumplir sus propias normas.

La Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas provisionales vinculantes en el marco del procedimiento iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. El derecho internacional humanitario establece obligaciones precisas respecto de la protección de la población civil. Diversos órganos de Naciones Unidas han formulado reiterados llamados a proteger a la población y garantizar la asistencia humanitaria. La Corte Penal Internacional ha dictado orden de detención contra Benjamín Netanyahu, por su responsabilidad en el Genocidio.

Sin embargo, la política de exterminio y el consecuente drama humano, ha continuado en Palestina.

Y cuando existe una distancia tan profunda entre la norma proclamada y su capacidad efectiva de proteger a las personas, no solamente sufren las víctimas directas. Se deteriora también la credibilidad del sistema internacional.

Gaza nos obliga entonces a formular una pregunta incómoda pero indispensable: ¿qué valor tiene un orden jurídico internacional si sus normas pueden ser aplicadas de manera diferente dependiendo del Estado involucrado, de sus alianzas o de su poder político, económico o militar?

No puede existir un verdadero Estado de Derecho internacional si las normas son obligatorias para algunos y negociables para otros.

El problema estructural del Consejo de Seguridad

Esta crisis tiene una expresión institucional particularmente evidente en el Consejo de Seguridad.

Un órgano diseñado en 1945 continúa reflejando, en buena medida, la distribución del poder existente al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Cinco Estados conservan un privilegio excepcional: el derecho de veto.

En junio de 2025, una resolución que demandaba un cese al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, recibió catorce votos favorables en el Consejo de Seguridad y fue bloqueada por el veto de uno de sus miembros permanentes: Estados Unidos.

Más allá de las posiciones particulares de cada Estado, esta situación revela un problema estructural.

¿Puede una sola potencia impedir una decisión respaldada por los otros catorce integrantes del órgano encargado primordialmente de preservar la paz y la seguridad internacionales?

Cuando el veto paraliza la respuesta frente a graves crisis humanitarias o violaciones del derecho internacional, deja de ser solamente un mecanismo institucional y se transforma en un problema de legitimidad democrática del sistema.

Lo ocurrido en Gaza, Palestina, es sólo un botón de muestra de la crisis del Sistema. Las condenas anuales de la Asamblea General al bloqueo norteamericano a Cuba, sin consecuencia alguna o la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela ante la mirada impávida de Naciones Unidas, constituyen otros ejemplos dramáticos de la inoperancia del Sistema.

Una crisis que coincide con un cambio político global

Pero sería insuficiente atribuir toda la crisis a la arquitectura institucional de Naciones Unidas.

Estamos viviendo también una transformación política más amplia.

En distintas regiones observamos el fortalecimiento de movimientos de ultraderecha, nacionalismos excluyentes y proyectos políticos autoritarios que cuestionan principios que durante décadas parecieron constituir consensos fundamentales: la universalidad de los derechos humanos, la cooperación internacional, la protección de las minorías, la solidaridad entre los pueblos y la propia legitimidad de las instituciones multilaterales.

Se instala progresivamente una concepción según la cual la soberanía significa no estar sujeto a reglas comunes; según la cual los derechos humanos serían un obstáculo para el ejercicio del poder; y según la cual las relaciones internacionales deberían organizarse fundamentalmente en función de intereses nacionales y relaciones de fuerza.

Esta tendencia debe preocupar especialmente a quienes defendemos la democracia.

Porque la crisis del multilateralismo y la crisis de la democracia no son fenómenos independientes.

Cuando se debilita el principio de que el poder debe estar sometido al derecho en el ámbito internacional, también se debilita ese principio dentro de nuestras sociedades.

No se trata de debilitar Naciones Unidas, sino de transformarla

Frente a este escenario, sería un grave error concluir que Naciones Unidas ha dejado de ser necesaria.

Es exactamente, lo contrario.

En un mundo atravesado por guerras, crisis climática, desplazamientos humanos, desigualdades, amenazas nucleares y transformaciones tecnológicas que ningún Estado puede gobernar por sí solo, necesitamos más cooperación internacional, no menos.

Pero necesitamos una cooperación internacional diferente.

Una Naciones Unidas que represente el mundo del siglo XXI y no solamente el equilibrio geopolítico de 1945.

La propia comunidad internacional ha reconocido esta necesidad. El Pacto para el Futuro, adoptado en 2024, estableció el compromiso de avanzar hacia un Consejo de Seguridad más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz, democrático y responsable.

Ese compromiso debe traducirse ahora en reformas concretas.

Algunas reformas que debemos discutir

Este seminario quiere precisamente contribuir a esa discusión.

Necesitamos debatir, entre otras materias:

Primero, una reforma profunda del Consejo de Seguridad que amplíe su representación y otorgue una presencia mucho más significativa a América Latina, África, Asia y al conjunto del Sur Global.

Segundo, revisar el derecho de veto. Como mínimo, debe discutirse seriamente su limitación frente a genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones masivas de los derechos humanos.

Tercero, fortalecer el papel de la Asamblea General, para que la voluntad ampliamente mayoritaria de la comunidad internacional no quede reducida a declaraciones sin consecuencias frente a la parálisis del Consejo de Seguridad.

Cuarto, fortalecer la justicia internacional y los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y de las obligaciones emanadas del derecho internacional.

Quinto, avanzar hacia una mayor democratización de la gobernanza global, incorporando de manera efectiva a los países del Sur Global y generando mayores espacios de participación para la sociedad civil.

Y, finalmente, debemos recuperar algo todavía más fundamental: la igualdad ante el derecho internacional.

No puede haber un derecho internacional para nuestros aliados y otro para nuestros adversarios.

No puede haber víctimas cuya dignidad nos conmueva y otras cuya humanidad relativicemos.

Los derechos humanos son universales precisamente porque no dependen de la nacionalidad, la religión, el origen, la posición política ni las alianzas internacionales de quienes los ejercen.

Recuperar el sentido original de Naciones Unidas

En definitiva, la pregunta que inspira este seminario no es solamente cómo reformar Naciones Unidas.

La pregunta es qué tipo de comunidad internacional queremos construir.

Una comunidad basada en la fuerza o una comunidad basada en el derecho.

Un sistema de privilegios o un sistema de reglas comunes.

Un orden internacional en que unos pocos decidan por todos o instituciones capaces de representar verdaderamente la diversidad de los pueblos del mundo.

Hace más de ochenta años, en medio de las ruinas de una guerra devastadora, la humanidad fue capaz de imaginar que era posible construir instituciones para impedir que la fuerza se convirtiera nuevamente en la única regla de las relaciones internacionales.

Hoy enfrentamos nuevamente una encrucijada.

Por eso, reformar Naciones Unidas no significa renunciar a sus principios fundacionales. Significa hacerlos realidad.

Significa recuperar la promesa de la Carta: preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, reafirmar la dignidad y el valor de la persona humana y establecer condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto al derecho internacional.

Ese desafío requiere Estados comprometidos, pero también juristas, universidades, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y una ciudadanía internacional activa.

Esperamos que las reflexiones de quienes hoy nos acompañan —desde distintas disciplinas, países y experiencias— permitan no solamente realizar un diagnóstico de esta crisis, sino avanzar hacia propuestas capaces de recuperar la legitimidad, la democracia y la eficacia del sistema multilateral.

Porque cuando el derecho pierde eficacia frente al poder, quienes primero quedan desprotegidos son los pueblos y las personas.

Y porque, precisamente en momentos como éste, defender el derecho internacional, los derechos humanos, la democracia y la paz deja de ser una declaración de principios y se convierte en una tarea urgente e impostergable.

Muchas gracias».

Carlos Margotta, presidente de la Asociación de Juristas por la Democracia (AJD) y Director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Santiago de Chile, 26 agosto de 2026 - Crónica Digital

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