Por: Viviana Cáceres D., directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile
Crónica Digital. 30 agosto, 2026
En Chile, la dictadura cívico-militar estuvo marcada por la desaparición forzada de más de mil personas. A pesar de las diversas investigaciones que lo avalan, tomó más de una década reconocer la violencia específica que sufrieron las mujeres durante ese periodo. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada quisiéramos poner el foco en ese silencio, en la invisibilidad de tantas trayectorias de vida truncadas para siempre por el horror.
Ninguna de las Comisiones de Verdad constituidas en Chile —ni la Rettig, ni la Valech I, ni la Valech II— incorporó un enfoque de género en su diseño ni en su funcionamiento. La ausencia no se limita a un detalle metodológico: atraviesa la recopilación de testimonios, el análisis de la información y la producción de resultados. Se trata de una omisión estructural que determinó qué ciertas violencias fueron vistas, nombradas y validadas mientras que otras debieron esperar décadas para ser reconocidas.
Durante años, relevar las formas específicas de tortura que sufrieron las mujeres en dictadura resultó extraordinariamente difícil. No porque los hechos no hubieran ocurrido, sino porque una sociedad que aún negaba la magnitud del horror, las invisibilizaba frente a otras formas de represión. Tuvieron que pasar catorce años desde el retorno a la democracia para que, en 2004, un grupo de mujeres decidiera romper el silencio y dar visibilidad pública a sus propios casos. Fue gracias a ellas, y a las organizaciones feministas que las acompañaron, que Chile comenzó a reconocer la violencia sexual como una forma específica y sistemática de tortura contra las mujeres.
Lo que esas mujeres se atrevieron a nombrar no admite eufemismos: desnudez forzada, tocaciones y manoseos de carácter sexual, violaciones individuales y grupales, agresiones con objetos y animales, la introducción de ratas en la vagina, sexo oral forzado incluso con animales, embarazos producto de violaciones y abortos provocados por la propia tortura. Cada una de estas prácticas constituyó un método deliberado de destrucción de la dignidad de las mujeres, y sin embargo tardó más de una década en ser reconocido institucionalmente como tal.
Solo a partir de noviembre 2004, en el marco del trabajo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Valech I, el Estado chileno reconoció formalmente las violaciones y vejaciones sexuales como método sistemático de tortura especialmente ejercido contra las mujeres. El Informe Rettig, elaborado más de una década antes, no contempló siquiera esa posibilidad. Esta demora tiene un costo que no puede medirse solo en años: significó que el número real de mujeres víctimas permanece subestimado hasta el día de hoy. La naturaleza misma de la violencia sexual —el estigma, la vergüenza impuesta, el traume, el silencio como mecanismo de supervivencia— hizo que la entrega de testimonios fuera un proceso gradual y tardío, incompatible con los plazos acotados en que trabajaron estas comisiones.
Hay otras ausencias que también nos deberían interpelar con fuerza: la de las mujeres disidentes, migrantes, afrodescendientes, cuyas experiencias no aparecen mencionadas en ninguno de los informes oficiales, ¿acaso tú, lector o lectora de esta columna, habías oído alguna vez sobre esto? Tampoco existe desagregación adecuada de la información referida a niñas, niños y adolescentes. El Informe Valech I documentó personas menores de edad detenidas por la prisión de sus padres y/o madres, incluso personas nacidas en prisión y privadas de libertad. Valech II calificó como víctimas de prisión política a cientos de niñas y mujeres de entre 18 y 20 años. Son verdades que deberían estremecernos: hablan de infancias y juventudes arrebatadas, y de un aparato represivo que no distinguió edad ni género a la hora de castigar.
A toda esta acumulación de omisiones y deudas se suma, quizás, la más elocuente: hasta hoy no existen medidas de reparación —restitución, indemnización, rehabilitación— diseñadas específicamente para las mujeres que sobrevivieron a estas formas particulares de violencia. El Estado reconoció, con enorme retraso, que la tortura tuvo rostro de mujer, pero reconocer dista mucho de reparar.
Treinta y seis años después del fin de la dictadura, la memoria histórica de Chile sigue construida sobre un relato incompleto. No se trata de reabrir heridas por afán de revisionismo, sino de una deuda pendiente con la verdad misma: una verdad que, mientras no incorpore la experiencia particular de las mujeres seguirá siendo parcial. La justicia transicional no puede darse por concluida mientras persistan estos vacíos. Nombrar lo que no fue nombrado, considerar a quienes no fueron consideradas, es también una forma de justicia que Chile todavía está en deuda.
Santiago de Chile, 30 de agosto 2026 Crónica Digital
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