Marcelo Mella Polanco – Docente de la USACH – Apuntes Politicos - 11 de septiembre 2026
Una de las imágenes más relevantes del siglo XX es la del edificio del Reichstag en llamas durante la noche del 27 de febrero de 1933 en la ciudad de Berlín. Adolf Hitler llevaba menos de un mes como canciller de Alemania (30 de enero) y el régimen nazi todavía no había conseguido destruir completamente las instituciones de la República de Weimar. El acontecimiento del incendio del parlamento alemán proporcionaría la oportunidad.
Al día siguiente del incendio del parlamento, el presidente von Hindenburg promulgó el “Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado”. Mediante este instrumento fueron restringidas las libertades de expresión, prensa, reunión y correspondencia, al mismo tiempo que se ampliaron las facultades policiales para detener a opositores. La situación de excepcionalidad y emergencia, así como la posterior movilización emocional y propaganda contra comunistas y judíos abrió paso a la persecución política y, pocas semanas después, la “Ley Habilitante” permitió a Hitler gobernar prescindiendo del Parlamento.
La controversia acerca de quién provocó materialmente el incendio del Reichstag nunca ha sido totalmente resuelta. Y quizás no es el único aspecto relevante a la luz de las consecuencias del hecho. Sin embargo, desde el punto de vista político, también resulta muy relevante comprender cómo una crisis puede convertirse en una oportunidad para modificar lo aceptable y aquello que una sociedad considera legítimo respecto del poder. Ciertamente, el fuego en el edificio del Parlamento no fue la causa de la cultura autoritaria alemana, ni tampoco del régimen nazi conducido por Hitler, pero permitió acelerar el despliegue de ambos fenómenos bajo la apariencia de una respuesta defensiva de la democracia por parte de “lobos que habían entrado al redil”.
Sería un error transformar el incendio del Reichstag en una analogía mecánica para interpretar cualquier crisis de la democracia contemporánea. Sabemos que no toda emergencia conduce a una dictadura, ni todo gobierno que reclama atribuciones extraordinarias constituye una réplica del nazismo. La historia no se repite de manera exacta, pero proporciona mecanismos y regularidades que conviene observar en perspectiva de comparación histórica.
El primer mecanismo consiste en la construcción política del miedo. Frente a una amenaza real o imaginaria, los ciudadanos pueden aceptar restricciones a sus derechos y garantías, que rechazarían en condiciones normales o habituales. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos mediante la Patriot Act amplió significativamente las facultades de vigilancia del Gobierno Federal frente a potenciales enemigos internos con un amplio respaldo del Congreso, bajo condiciones de temor y amenaza por nuevos ataques. El segundo mecanismo corresponde a la fabricación de un enemigo interno, presentado como responsable de todos los males y colocado fuera de la comunidad legítima. En América Latina, las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 utilizaron la noción de “enemigo interno” para justificar la persecución de opositores políticos y organizaciones sociales. El tercer mecanismo, consiste en transformar las instituciones de control y contrapeso al poder ejecutivo, Parlamento, justicia, prensa o burocracia profesional, en obstáculos para la voluntad de la mayoría. Bajo esta lógica, Alberto Fujimori recurrió al autogolpe de 1992, para disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial argumentando que estas instituciones impedían enfrentar eficazmente el terrorismo, la corrupción y la crisis económica.
Estos mecanismos reaparecen en la actualidad con cierta frecuencia en los sistemas democráticos. La inseguridad, la inmigración irregular, el terrorismo, la corrupción, los conflictos sociales y las guerras se utilizan para sostener que los procedimientos democráticos resultan demasiado lentos e ineficientes para enfrentar amenazas urgentes. Bajo esta perspectiva, la democracia sería eficaz solo si reduce sus controles y entrega mayor discrecionalidad a quienes prometen restablecer el orden.
Por su parte, las plataformas digitales agregan una nueva dimensión al problema. En 1933, la construcción del enemigo necesitó propaganda estatal, control de medios y organizaciones disciplinadas, en la actualidad, una simple acusación sin evidencia, una imagen manipulada digitalmente o un video descontextualizado pueden instalar en pocas horas la percepción de una amenaza.
También en nuestras democracias existe el riesgo de confundir eficacia con concentración del poder. Los déficits habituales en seguridad, control fronterizo o gestión del Estado son problemas reales que requieren respuestas efectivas por parte del Estado. Pero la incapacidad de las instituciones públicas no se resuelve debilitándolas en sus recursos o facultades, ni tampoco transformando los desacuerdos frente a un problema de política pública en una prueba de deslealtad. Una democracia sin capacidad de respuesta pierde legitimidad; pero una democracia que sacrifica sus controles institucionales para aparentar eficacia puede llegar a perder su propia razón de ser.
El reciente triunfo de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, con cerca del 44% de los votos, entrega una advertencia. Recientemente AfD ha sido definido por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, como un partido “extremista de derecha” debido a propuestas como: “remigración” y expulsiones masivas, creación de milicias ciudadanas voluntarias, etnonacionalismo y segregación escolar y revisionismo histórico del Tercer Reich y el Holocausto. El resultado electoral de Sajonia-Anhalt no significa que Alemania se encuentre ante una repetición de 1933, pero muestra la capacidad de la derecha radical para transformar problemas que requieren soluciones de política como la inmigración, la inseguridad y el malestar económico en una narrativa de emergencia nacional. La fuerza de AfD proviene de su capacidad para representar a sus adversarios, en este caso a Friedrich Merz, la CDU y el SPD, como integrantes de un sistema decadente y para mostrar las restricciones institucionales como impedimentos para recuperar el buen gobierno y la grandeza de Alemania.
El incendio del Reichstag muestra que el autoritarismo no siempre se presenta como negación evidente de la democracia. Frecuentemente, aparece como una promesa de protegerla frente a una amenaza excepcional. Los partidarios de la disrupción autoritaria pueden no promover de forma explícita la destrucción del orden institucional, sino más bien, sostener que algunas libertades deben suspenderse para salvarlo. En este contexto, por cierto, es relevante determinar “quién encendió el fuego”. Hoy sabemos que Hermann Göring, en el momento del incendio del parlamento alemán trabajaba a 100 metros del edificio siniestrado. Pero también se requiere entender quién obtiene poder del incendio (y del posterior estado de excepción), quién identifica prematuramente a los culpables y quién pretende prolongar la emergencia cuando el incendio ya ha sido apagado. Por sobre todo, se requiere determinar cuando los lobos ya han entrado al redil y reaccionar a tiempo.
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