Por: Félix Montano
El Clarín Chile. 26 septiembre, 2026
Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron al Gobierno reconsiderar la permanencia de Chile en el Escudo de las Américas y advirtieron sobre sus posibles efectos en la autonomía de la política exterior. La Moneda respondió acusándolos de utilizar las relaciones internacionales para una confrontación política. Mientras tanto, el ministro de Defensa reconoció que aún no dispone de todos los antecedentes de una iniciativa que también comienza a generar interrogantes en otros países de la región.
La controversia por el ingreso de Chile al Escudo de las Américas dio un salto político con la intervención conjunta de dos expresidentes.
Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron al presidente José Antonio Kast reconsiderar la permanencia del país en la iniciativa impulsada por Donald Trump y plantearon una cuestión que hasta ahora el Gobierno ha intentado responder principalmente desde el combate al narcotráfico: los eventuales efectos de la adhesión sobre la autonomía de la política exterior chilena.
Los exmandatarios parten de una precisión importante. No cuestionan la necesidad de cooperación internacional contra el crimen organizado.
Su advertencia apunta hacia otra dimensión.
Sostienen que esa cooperación debe realizarse preservando la soberanía y autonomía estratégica de Chile y sin subordinar sus políticas exterior, de seguridad o defensa a las prioridades de una potencia extranjera.
Y formulan una frase que toca directamente una de las cuestiones menos explicadas de la adhesión:
“Chile no debe verse obligado a escoger un bando”.
El problema ya no son solamente las tropas
Desde Nueva York, Kast ha insistido en que el Escudo no es un tratado, que no implica pérdida de soberanía y que Chile no ha autorizado intervenciones militares estadounidenses.
Esa precisión responde a uno de los cuestionamientos formulados desde que se conoció la adhesión.
Pero no responde necesariamente a todos.
La declaración conjunta difundida por Estados Unidos contiene tres dimensiones: seguridad, economía y coordinación multilateral. Entre sus objetivos aparecen mecanismos de revisión de inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos, proveedores confiables para infraestructura digital y coordinación de posiciones en organismos internacionales.
Además, los participantes pretenden recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para discutir medidas colectivas frente a organizaciones consideradas narcoterroristas.
Por eso la controversia ha comenzado a desplazarse.
La pregunta ya no es solamente si soldados estadounidenses podrán actuar en territorio chileno.
También se discute qué consecuencias económicas, diplomáticas y estratégicas puede tener la incorporación.
“No debe escoger un bando”
Es en ese contexto donde adquiere importancia la advertencia de Bachelet y Boric.
Los expresidentes defienden una política exterior capaz de mantener relaciones con distintas regiones y potencias sin “exclusiones impuestas desde fuera” y plantean que la integración internacional chilena debe preservar su capacidad de decisión.
No mencionan solamente la dimensión militar.
Su declaración apunta hacia el concepto de “soberanía hemisférica” utilizado por Washington y hacia el riesgo de que la pertenencia al Escudo termine condicionando las relaciones internacionales chilenas.
El planteamiento toca inevitablemente la relación con China.
El documento del Escudo no identifica a China como adversario ni establece que sus miembros deban romper o disminuir sus relaciones con Beijing.
Pero Washington lleva años colocando entre sus prioridades la seguridad de las cadenas de minerales críticos, la revisión de determinadas inversiones estratégicas y la utilización de proveedores considerados confiables para infraestructura tecnológica.
Chile mantiene simultáneamente una relación económica fundamental con China.
La pregunta es cómo pretende compatibilizar ambas dimensiones.
La Moneda responde a Bachelet y Boric
La reacción gubernamental fue rápida.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, cuestionó que dos expresidentes utilizaran la política exterior para criticar al Gobierno y sostuvo que la declaración buscaba generar una confrontación política.
Desde Republicanos también se cuestionó duramente a ambos exmandatarios. El presidente del partido, Arturo Squella, defendió la necesidad de cooperación internacional contra el crimen organizado y acusó a Bachelet y Boric de anteponer diferencias políticas a ese objetivo.
El senador Rojo Edwards, quien integró la delegación presidencial en Estados Unidos, calificó la declaración de “impresentable” y también defendió la cooperación internacional contra las organizaciones criminales.
El intercambio elevó rápidamente el tono político.
Pero deja pendiente la cuestión de fondo planteada por los expresidentes: cuáles son exactamente los límites de los compromisos económicos, diplomáticos y de seguridad que Chile está aceptando.
Un ministro que todavía espera información
La intervención del ministro de Defensa, Fernando Barros, agregó un elemento inesperado.
Barros defendió el Escudo y sostuvo que la iniciativa no establece obligaciones para Chile ni compromete su soberanía.
Pero reconoció simultáneamente que no tenía todos los antecedentes y que esperaba el regreso de Kast y del canciller Francisco Pérez Mackenna para disponer de una explicación más detallada sobre el funcionamiento de la iniciativa.
La afirmación adquiere importancia porque Defensa es precisamente una de las carteras directamente involucradas en cualquier discusión sobre seguridad hemisférica.
También porque el documento al que Chile adhirió contempla recurrir al TIAR, instrumento perteneciente al sistema interamericano de defensa colectiva.
La declaración de Barros vuelve entonces sobre una pregunta que el Gobierno todavía no termina de despejar:
¿qué nivel de conocimiento tenían los distintos ministerios acerca de todos los alcances del Escudo cuando Chile decidió incorporarse?
El antecedente de las presiones estadounidenses
A ello se suma la versión entregada por excancilleres sobre las conversaciones anteriores a la adhesión.
Francisco Pérez Mackenna reunió el 15 de septiembre a antiguos ministros de Relaciones Exteriores para consultar su opinión. Según asistentes al encuentro, el canciller señaló que sería difícil para Chile restarse de la iniciativa estadounidense.
La mayoría de los excancilleres presentes manifestó reparos.
Kast ha negado posteriormente que Estados Unidos haya presionado a Chile.
Por tanto, permanecen dos relatos diferentes sobre las circunstancias que rodearon la decisión.
No existe hasta ahora evidencia pública que permita afirmar que Washington obligó al Gobierno chileno a incorporarse.
Pero sí existen testimonios suficientes para que la naturaleza de esas conversaciones requiera una explicación más detallada.
Chile ya actuaba cuando todavía era observador
Otra información conocida durante las últimas horas amplió las interrogantes.
Chile había adherido a declaraciones políticas del Escudo relacionadas con la situación interna boliviana cuando públicamente todavía mantenía la categoría de observador.
Cancillería ha explicado que el país apoyó esos pronunciamientos porque coincidían con la posición chilena sobre Bolivia.
El antecedente demuestra, sin embargo, que la dimensión diplomática del Escudo no comienza con la adhesión anunciada por Kast en Nueva York.
Chile ya participaba en posiciones políticas colectivas.
Y esa constatación vuelve especialmente relevante la pregunta de Bachelet y Boric sobre la autonomía futura de la política exterior.
¿Es solamente una controversia chilena?
No completamente.
Otros países integrantes han comenzado a discutir también los límites de la iniciativa, aunque con intensidades políticas muy diferentes.
El caso más evidente es Colombia.
Tras la incorporación colombiana se presentó ante el Consejo de Estado una acción judicial destinada a impedir operaciones militares extranjeras mientras no se aclarara su fundamento jurídico. La acción cuestionó específicamente la eventual realización de operaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos y planteó dudas sobre las competencias presidenciales y el papel de otras instituciones del Estado.
El gobierno colombiano, pese a su estrecha cooperación con Washington, ha intentado marcar un límite: su vicepresidente José Manuel Restrepo ha señalado que Colombia participa de la alianza, pero que las operaciones dentro de su territorio corresponden a fuerzas colombianas.
La semejanza con el debate chileno es evidente: cooperación contra el crimen organizado, sí; discusión sobre quién conserva el control de las operaciones nacionales, también.
En Perú comienza otra discusión
Perú ingresó recientemente al Escudo después de la visita de Marco Rubio.
Allí no se observa hasta ahora una controversia política comparable a la chilena, pero el debate comienza a trasladarse hacia el verdadero alcance de la iniciativa.
Un análisis publicado este viernes por El Comercio advierte que Perú se incorpora precisamente cuando el Escudo estaría pasando de una plataforma declarativa a una estructura con instrumentos operativos.
El país enfrenta además directamente a varias de las organizaciones criminales que Washington quiere incorporar a la estrategia hemisférica.
La discusión peruana, por ahora, parece concentrarse más en cómo funcionará la cooperación que en cuestionar políticamente la pertenencia al grupo.
Guyana comienza a aplicar las decisiones
En Guyana ocurre algo diferente.
Su Gobierno anunció que comenzará a adoptar sanciones contra organizaciones haitianas, venezolanas y otras agrupaciones incluidas entre los objetivos del Escudo.
Las medidas contempladas incluyen congelamiento de activos y otras acciones financieras y administrativas.
Es un antecedente relevante porque muestra que las declaraciones de Nueva York pueden traducirse rápidamente en políticas nacionales concretas.
Cada país, sin embargo, debe aplicar esas decisiones de acuerdo con su propia legislación.
Un debate todavía desigual en América Latina
Hasta ahora no aparece en Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay o República Dominicana una controversia institucional de magnitud comparable a la chilena.
Eso no significa que no existan críticas políticas, académicas o sociales.
Significa que, por el momento, Chile presenta una combinación particularmente intensa de factores: cuestionamientos de dos expresidentes, reparos de excancilleres, dudas parlamentarias, interrogantes sobre el TIAR y contradicciones entre las explicaciones de distintas autoridades.
Colombia presenta el antecedente regional más cercano en materia de soberanía y operaciones militares.
Perú comienza a discutir el alcance operativo.
Guyana empieza a implementar decisiones.
Son tres respuestas distintas frente a una misma iniciativa.
La discusión que recién comienza
Bachelet y Boric han colocado ahora el problema en otro nivel.
No preguntan únicamente cómo combatir al Tren de Aragua o cómo intercambiar información policial con Estados Unidos.
Preguntan qué ocurre cuando una alianza creada para enfrentar al crimen organizado comienza simultáneamente a coordinar política exterior, inversiones estratégicas, minerales críticos, infraestructura digital y mecanismos de seguridad hemisférica.
La respuesta gubernamental ha sido que Chile conserva plenamente su soberanía.
Pero precisamente esa afirmación necesita ser acompañada de información concreta.
¿Qué compromisos económicos aceptó Chile?
¿Qué significa coordinar posiciones diplomáticas?
¿Qué obligaciones pueden surgir de las decisiones colectivas del Escudo?
¿Qué papel desempeñará el TIAR?
¿Hasta dónde alcanza la cooperación estadounidense dentro del territorio nacional?
¿Y qué ocurre cuando las prioridades de Washington no coinciden con los intereses de Chile?
El Gobierno sostiene que ninguna de estas cuestiones compromete la autonomía nacional.
Bachelet y Boric sostienen que existe suficiente incertidumbre como para reconsiderar la permanencia.
Entre ambas posiciones existe algo que todavía falta: una explicación completa y pública de cómo funcionará el Escudo en Chile.
Félix Montano
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