Por Apolo Olivares - para UTE-NOTICIAS – 16 de octubre 2026
La desigualdad en Chile no se mide solamente por la distribución de los ingresos, las pensiones o la concentración de la riqueza. También se expresa en las oportunidades que se niegan, en la atención médica que no llega, en las familias que esperan reconstruir sus viviendas y en las decisiones políticas que determinan qué necesidades se atienden y cuáles pueden continuar esperando.
Porque la desigualdad no solamente se hereda. También se gobierna.
Durante décadas, Chile ha mantenido profundas diferencias económicas, sociales y territoriales. Ningún gobierno ha conseguido resolverlas de manera estructural. Sin embargo, reconocer esa historia no significa liberar de responsabilidad a quienes hoy ejercen el poder. Cada administración decide sus prioridades, impulsa determinadas reformas, distribuye recursos y define qué sectores recibirán los beneficios de sus políticas.
El gobierno de José Antonio Kast ha situado el crecimiento económico, la inversión privada y la reducción del gasto entre los principales objetivos de su administración. Una de sus propuestas más relevantes es disminuir gradualmente el impuesto a las grandes empresas, desde el 27% al 23%, argumentando que esa rebaja estimulará la inversión, la producción y la creación de empleos.
Pero entre aumentar las utilidades disponibles de una empresa y generar nuevos puestos de trabajo existe una distancia que ninguna declaración ministerial puede eliminar.
Las empresas invierten cuando encuentran oportunidades de rentabilidad, condiciones favorables y expectativas de retorno. Los recursos adicionales pueden financiar nuevas instalaciones y empleos, pero también pueden distribuirse como dividendos, destinarse a inversiones financieras o trasladarse hacia otros mercados.
En una economía como la chilena, marcada por la concentración de la propiedad, la importancia de las rentas provenientes de recursos naturales y el peso de los grandes grupos económicos, resulta indispensable examinar cuánto de esos excedentes se transforma efectivamente en inversión productiva.
No basta con prometer crecimiento. Corresponde demostrar quiénes se beneficiarán, qué empleos se crearán, cómo evolucionarán los salarios y qué consecuencias tendrá una menor recaudación sobre los servicios públicos.
Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida abiertamente: mientras se propone reducir la tributación empresarial para estimular beneficios económicos futuros, determinadas necesidades sociales inmediatas enfrentan restricciones presupuestarias.
¿Por qué el crecimiento económico futuro se utiliza para justificar beneficios tributarios presentes, mientras necesidades sociales urgentes continúan esperando financiamiento?
El proyecto de Presupuesto 2027 ofrece un ejemplo concreto. El Ejecutivo ha dejado sin financiamiento las Becas de Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación, herederas del programa Yo Elijo Mi PC, que durante diecisiete años permitió entregar computadores a estudiantes de familias vulnerables.
En 2026, más de 96 mil escolares recibieron este beneficio. Para muchos de ellos, el computador representa una posibilidad real de acceder a conocimientos y herramientas tecnológicas que otros estudiantes tienen disponibles en sus hogares.
La decisión resulta especialmente contradictoria en un país que declara aspirar al desarrollo tecnológico, la innovación y la incorporación de la inteligencia artificial.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la medida mediante evaluaciones de programas públicos, aunque reconoció en una entrevista que no recordaba las particularidades de la evaluación de este beneficio.
Una política pública puede necesitar correcciones. Pero eliminar su financiamiento sin presentar una alternativa equivalente plantea una pregunta sobre las prioridades del Estado y las oportunidades que está dispuesto a garantizar.
La situación adquiere mayor gravedad cuando se examina la salud pública.
Miles de personas esperan consultas de especialistas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas. Algunas fallecen mientras permanecen registradas en listas de espera, aunque no todos esos fallecimientos pueden atribuirse directamente a las demoras asistenciales.
Detrás de las estadísticas existen personas que sufren, familias que se endeudan y enfermedades que continúan avanzando.
Quien dispone de recursos puede recurrir a la medicina privada. Quien depende exclusivamente del sistema público enfrenta posibilidades mucho más limitadas.
La eficiencia administrativa es necesaria, pero no puede convertirse en una justificación abstracta para reducir recursos sin demostrar que mejorarán los servicios. La verdadera medida de un sistema de salud no es solamente cuánto dinero administra, sino si una persona puede recibir atención oportuna y digna, independientemente de sus ingresos o del lugar donde vive.
Las catástrofes naturales revelan otra dimensión de esta misma desigualdad.
Durante julio, las intensas lluvias afectaron gravemente a Coquimbo y otras regiones del país. Aunque existían medidas preventivas, el estado de excepción constitucional de catástrofe para Coquimbo y Huasco fue decretado el 20 de julio, después de varios días de afectaciones.
En octubre, tras el aluvión que afectó a Las Condes, el Gobierno declaró zona afectada por catástrofe durante la misma jornada.
Los instrumentos jurídicos y las características de ambas emergencias fueron diferentes. Sin embargo, el contraste provocó cuestionamientos sobre los criterios, la oportunidad de las decisiones y la capacidad de respuesta del Estado.
No se trata de cuestionar que Las Condes recibiera ayuda rápidamente. Era indispensable hacerlo.
Se trata de preguntar por qué las comunidades con menores recursos enfrentan mayores dificultades para conseguir protección, asistencia y reconstrucción.
Las experiencias de Valparaíso, Biobío y otras regiones afectadas por incendios, inundaciones y terremotos muestran que una catástrofe no termina cuando desaparece de los noticiarios. Para muchas familias, continúa durante meses o años, mientras esperan recuperar sus viviendas, sus fuentes de trabajo y sus condiciones de vida.
Una comuna con abundantes ingresos municipales dispone de mayores posibilidades de contratar maquinaria, disponer de equipos técnicos y enfrentar una emergencia. Otra, con recursos limitados, depende mucho más de la asistencia del gobierno central.
Precisamente por eso, el Estado debería actuar para compensar esas diferencias.
La protección frente a una catástrofe no puede depender de la riqueza del territorio donde ocurre.
También corresponde examinar las declaraciones de las autoridades responsables. El ministro Louis de Grange explicó en una entrevista cómo recibió información sobre las lluvias a través de su celular. Más allá de esa circunstancia, lo relevante es establecer cómo funcionaron los mecanismos de alerta, qué decisiones se adoptaron y si existieron fallas de coordinación.
La responsabilidad política no se agota en informar que se conoció una emergencia. Incluye demostrar que las instituciones disponían de mecanismos adecuados para anticiparla y responder oportunamente.
Estas situaciones permiten observar una cuestión más profunda: las prioridades de un gobierno no se conocen solamente por sus discursos, sino por las decisiones que adopta y las consecuencias que producen.
El Ejecutivo tiene respaldos parlamentarios para impulsar parte de su programa económico. Es legítimo preguntarse qué otras iniciativas podrían promoverse con semejante determinación para enfrentar las desigualdades en salud, educación, vivienda y protección territorial.
Las prioridades legislativas también son decisiones políticas.
La desigualdad chilena tiene raíces históricas. La concentración económica, las diferencias territoriales y la distribución desigual de oportunidades han atravesado administraciones de distintos sectores. Las disputas sobre tributación, derechos laborales, previsión y servicios públicos expresan concepciones diferentes acerca del papel del Estado y del mercado.
La derecha chilena ha defendido tradicionalmente una mayor participación de la iniciativa privada y ha resistido o negado diversas propuestas de transformación social. Su responsabilidad histórica, al igual que la de otros sectores políticos, debe examinarse a partir de las decisiones y consecuencias concretas de sus políticas.
Pero existe otra pregunta que merece reflexión.
¿Cómo se explica que personas afectadas por la precariedad económica continúen respaldando proyectos políticos cuyas medidas pueden perjudicar sus condiciones materiales?
La sociología política ha estudiado ampliamente este fenómeno. Las personas no votan solamente según sus ingresos. También intervienen la identidad, la seguridad, los valores culturales, las expectativas de futuro y la confianza que depositan en determinados liderazgos.
La persistencia de la desigualdad se relaciona, por tanto, no solamente con la distribución del poder económico y la representación política, sino también con el control de la información y la construcción de relatos que pueden distorsionar la realidad. La difusión deliberada de noticias falsas, la manipulación de las redes sociales y la fabricación de enemigos imaginarios pueden desviar la atención de los problemas estructurales, alimentar temores y enfrentar a sectores de la sociedad que comparten dificultades semejantes. Estas prácticas, asociadas a estrategias de comunicación política como las que han generado controversia en torno a Fernando Cerimedo, plantean una pregunta fundamental: ¿cómo puede una sociedad reconocer y transformar sus desigualdades cuando la propia percepción de la realidad es objeto de manipulación? Todo ello debilita la posibilidad de construir respuestas colectivas y favorece la persistencia de las estructuras de poder existentes.
Una ciudadanía fragmentada, donde cada persona enfrenta individualmente sus dificultades, encuentra mayores obstáculos para organizarse alrededor de objetivos comunes.
Y una democracia no puede reducirse exclusivamente al derecho a votar periódicamente. También necesita garantizar condiciones materiales que permitan ejercer efectivamente los derechos reconocidos por la ley.
Chile necesita crecimiento económico, inversión productiva, innovación y empleo. Pero el crecimiento no constituye por sí mismo una garantía de justicia social.
Una economía puede aumentar su producción sin reducir sus desigualdades. Puede incrementar las utilidades empresariales sin mejorar proporcionalmente los salarios. Puede atraer capitales mientras mantiene profundas carencias en salud, educación y vivienda.
Por eso, la discusión fundamental no consiste solamente en determinar cuánto crecerá la economía.
La verdadera pregunta es: ¿crecimiento para quiénes, con qué costos y al servicio de qué sociedad?
El presupuesto público no es simplemente una planilla de ingresos y gastos. Es también una expresión concreta de las prioridades políticas de quienes gobiernan.
Y gobernar significa decidir.
Decidir qué necesidades se atienden, qué derechos se fortalecen, qué sectores reciben determinados beneficios y qué problemas pueden continuar esperando.
La desigualdad no es solamente la distancia que separa a quienes tienen mucho de quienes tienen poco. Es también la distancia entre quienes pueden resolver sus problemas y quienes deben esperar que el poder político decida atenderlos.
Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Tecnica del Estado
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.