MARCELO MELLA POLANCO – Academico de la Usach – 19 de octubre 2026
A siete años del estallido social, Chile atraviesa un nuevo momento histórico sin haber resuelto los problemas que desencadenaron la crisis de octubre de 2019. La promesa de una transformación profunda del modelo de desarrollo y del sistema político fue sustituida por una demanda reactiva de orden, seguridad y certidumbre. Sin embargo, sería un error interpretar este desplazamiento como la desaparición del malestar social. Lo que ha cambiado no es necesariamente la profundidad de las tensiones, sino la forma en que la sociedad las expresa y las respuestas políticas (policy responses) que está dispuesta a respaldar.
Sectores de la derecha se equivocan cuando simplifican el diagnóstico sobre los factores del estallido y la crisis multisectorial que lo precedió, reduciéndolos a la etiqueta de “estallido delictual”. Se trata de un gesto habitual de miopía política que termina autolimitándolos al horizonte interpretativo aceptado por “la tribu”. También se equivocan sectores de la “nueva izquierda” cuando, movidos por una irrefrenable pulsión de goce propio, se enorgullecen de haber conseguido “poner a la oligarquía contra la pared”, sin considerar la intensidad de la reacción provocada por la derrota constituyente ni los costos hundidos de su fracaso. Por su parte, el “silencio conmemorativo” de la clase política y del actual Gobierno de Kast frente al 18-O constituye una expresión de la afición por los no- lugares, en el sentido de Marc Augé, de una élite débil e impotente, así como de su evidente incapacidad para apropiarse de la experiencia histórica e incorporarla a las identidades partidarias.
En 2020 propuse examinar la crisis del 18 - O desde tres dimensiones (Mella Polanco, 2020): primero, el autoengaño que precedió al estallido; segundo, las dinámicas de la explosión social; y tercero, las incertidumbres abiertas por el colapso de los consensos. Consideradas retrospectivamente, estas dimensiones permiten comprender una paradoja central: Chile ha experimentado una intensa sucesión de cambios políticos, pero no ha logrado reconstruir un horizonte compartido de estabilidad y legitimidad.
El primer problema fue el autoengaño de las élites. Durante décadas, el desempeño económico, la estabilidad institucional y la capacidad de negociación fueron considerados pruebas suficientes del éxito de la democracia chilena. Sin embargo, bajo la superficie del discurso del establishment se acumulaban experiencias de desigualdad, abusos y profunda desconfianza hacia las instituciones. En vísperas del estallido, los datos de Latinobarómetro 2018 ya mostraban una extendida percepción de injusticia en la distribución de la riqueza -solo un 8% la consideraba justa-, una profunda deslegitimación del ejercicio del poder -el 74% percibía que se gobernaba para grupos poderosos- y una severa crisis de intermediación política, expresada en que apenas un 14% confiaba en los partidos y un 17% en el Congreso. Estos indicadores configuraban un escenario de creciente complejidad, precisamente cuando las decisiones políticas cruciales parecían confiarse a “algoritmos tecnocráticos”.
La estabilidad del sistema político terminó confundiéndose con legitimidad y la ausencia de conflictos abiertos, con la existencia de consensos sociales efectivos. Todo ello a pesar de que, entre 2011 y 2015, las movilizaciones encabezadas por la Confech habían representado una advertencia relevante sobre el agotamiento de esos consensos. Octubre de 2019 reveló violentamente la distancia entre ambas realidades.
La segunda dimensión fue la dificultad para transformar la intensidad de las protestas en capacidad de conducción política. El estallido reunió demandas heterogéneas, expectativas contradictorias y formas de movilización que carecieron de una representación común. Su capacidad para desestabilizar el orden existente fue considerablemente mayor que su capacidad para construir uno nuevo. Esa asimetría explica, al menos parcialmente, por qué una movilización de enorme intensidad pudo abrir un proceso constituyente sin producir un acuerdo duradero sobre el tipo de sociedad que debía surgir de la crisis.
Al respecto, una de las consecuencias menos comprendidas del estallido social fue la apertura de un “momento populista” transversal. La crisis de representación debilitó las “fronteras” tradicionales de la competencia política y abrió oportunidades para actores extrainstitucionales que reivindicaban una relación directa con la ciudadanía, al tiempo que cuestionaban la legitimidad de las organizaciones partidarias establecidas. La irrupción de la Lista del Pueblo y del Partido de la Gente en 2021 constituye una evidencia notable de ese desplazamiento. La primera, consiguió elegir 27 convencionales, equivalentes al 17,4% de la Convención Constitucional. El segundo, obtuvo seis diputados y, con la candidatura de Franco Parisi, alcanzó el 12,8% de los votos en la elección presidencial. Aunque respondían a tradiciones y expectativas diferentes, ambos compartían la pretensión de representar, desde los márgenes institucionales, a una parte de la ciudadanía que había dejado de reconocerse en los intermediarios políticos convencionales.
Los rechazos constitucionales de 2022 y 2023 mostraron los límites de aquellas interpretaciones que atribuyeron al estallido un mandato político homogéneo o coherente. La demanda de cambio no constituía necesariamente un respaldo a cualquier proyecto transformador. Tampoco los rechazos posteriores significaron una adhesión al orden previo. En ambos casos, la ciudadanía manifestó una considerable disposición a castigar proyectos políticos que percibía distantes de sus expectativas, en un escenario de alta entropía, como suele ocurrir en coyunturas caracterizadas por movilizaciones multisectoriales y demandas heterogéneas.
La tercera encrucijada resulta particularmente visible en el Chile actual. El ascenso de las demandas de seguridad y el fortalecimiento de las opciones conservadoras pueden entenderse, en parte, como una reacción frente a los costos de una incertidumbre prolongada. Una proporción relevante de esos costos experimentó un «efecto multiplicador» debido a la fallida conducción de la crisis política a través del cauce institucional abierto por el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Sin embargo, el predominio actual de una agenda de orden no elimina los problemas de representación, desigualdad y desconfianza que antecedieron a 2019. Por el contrario, una estrategia que confunda el control político con la reconstrucción de la legitimidad corre el riesgo de reproducir el mismo autoengaño que caracterizó al ciclo anterior.
A nuestro juicio, la principal lección del estallido es que la democracia chilena no entró en crisis exclusivamente por los resultados de su funcionamiento, sino también porque sus instituciones y actores perdieron la capacidad de interpretar las transformaciones de la sociedad. La crisis de 2019 fue, en buena medida, resultado de una persistente subestimación del malestar ciudadano acumulado por parte de las élites. Posteriormente, distintos actores sobreestimaron la profundidad y homogeneidad del mandato de transformación, olvidando la dependencia de la trayectoria (path dependence) del país. Sabemos que lo que ocurre en un momento determinado (t₁) condiciona el campo de posibilidades del momento siguiente (t₂). Actualmente, existe el riesgo inverso de interpretar estratégicamente el giro hacia el orden como una cancelación definitiva de las demandas de cambio.
El concepto de “octubrismo” contiene, en alguna medida, esa carga semántica, al representar un lugar político y simbólico del cual sería necesario distanciarse para conservar competitividad en el actual escenario político. Quizás por ello, para la marcha conmemorativa de los siete años del 18-O no existieron convocatorias de los partidos de oposición, convirtiendo la conmemoración en un no-lugar o en un espacio políticamente marginal. Pero este es, ante todo, un problema de oferta política. Por el lado de la demanda, mientras los partidos no consigan construir un marco interpretativo convincente sobre la crisis de 2019, el “momento populista” seguirá abierto en Chile. De hecho, la retórica del “Gobierno de Emergencia” y la “Batalla Cultural”, que se impuso en las últimas elecciones, constituye también una manifestación de ese mismo momento político.
La historia política chilena reciente no describe una trayectoria lineal desde la protesta social hacia la restauración conservadora. Más bien, revela una sociedad que oscila entre expectativas de transformación y necesidades de protección, mientras sus instituciones enfrentan severas dificultades para articular ambas aspiraciones. Una tensión entre los efectos de corto plazo orientados al cambio y efectos de mediano - largo plazo orientados a la reacción. Siete años después del 18- O, la encrucijada sigue siendo, en lo fundamental, la misma de 2019, a saber, construir una democracia capaz de ofrecer simultáneamente cambio, orden y representación. Aunque para muchos el estallido de 2019 haya quedado atrás como acontecimiento, convertido en un lugar incómodo o en un no-lugar para la oposición y el Gobierno, sus causas permanecen como desafíos latentes, incluso cuando los actores institucionales vuelven a refugiarse
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.