Por Apolo Olivares – Para UTE-NOTICIAS – 22 de octubre 2026

Durante más de cuatro décadas, millones de trabajadores chilenos han entregado obligatoriamente una parte de sus remuneraciones al sistema de administradoras de fondos de pensiones. La promesa ha sido que esos ahorros, invertidos durante toda una vida laboral, permitirían enfrentar la vejez con seguridad económica y dignidad.

Sin embargo, existe una contradicción que Chile no ha resuelto: mientras el ahorro previsional constituye una enorme fuente de capital para los mercados financieros, una parte importante de quienes lo aportaron llega a la jubilación con pensiones insuficientes.

Comprender esta realidad exige mirar más allá del monto de las pensiones. Es necesario establecer qué ocurre con los recursos, quiénes toman las decisiones de inversión, cuánto ganan las instituciones que participan del sistema y quiénes soportan sus costos y riesgos.

Porque las AFP no solamente administran fondos destinados a financiar jubilaciones. Forman parte de una estructura económica donde el ahorro obligatorio de los trabajadores participa activamente del financiamiento de bancos, empresas y mercados de capitales.

El dinero pertenece a los trabajadores; el poder de decisión, a otros

El sistema de capitalización individual fue establecido durante la dictadura mediante el Decreto Ley N.º 3.500 de 1980. Desde entonces, los trabajadores cotizan obligatoriamente y sus recursos son administrados por empresas privadas.

Los fondos pertenecen a los afiliados, pero las decisiones concretas sobre dónde invertirlos corresponden a las administradoras, dentro de las normas establecidas y bajo fiscalización estatal. El trabajador puede elegir AFP y determinados fondos, pero no participa directamente en las estrategias de inversión ni en la selección de las instituciones que recibirán financiamiento. Esta separación entre propiedad y poder de decisión constituye una de las características fundamentales del modelo.

Según estimaciones del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), publicadas en sus informes IMACEI-CENDA, las cotizaciones previsionales acumuladas desde la creación del sistema AFP hasta fines de mayo de 2026 alcanzaban aproximadamente los 335 mil millones de dólares, expresados en valores comparables.

Se trata de una enorme cantidad de recursos provenientes fundamentalmente del trabajo, que no permanece inmóvil esperando la jubilación de sus propietarios. Circula por los mercados financieros nacionales e internacionales mediante depósitos, bonos, acciones y otros instrumentos. Cuando invierten en acciones, participan de sus resultados mediante dividendos y variaciones de valor, formando parte del funcionamiento general de los mercados de capitales.

Los bancos obtienen financiamiento para desarrollar sus actividades. Las empresas acceden a recursos. Los intermediarios cobran por sus servicios. Las AFP reciben comisiones por administrar los fondos. Las compañías de seguros también participan de este circuito, especialmente mediante las rentas vitalicias: reciben primas provenientes del ahorro previsional y asumen la obligación de pagar pensiones a sus asegurados.

Estas actividades tienen costos, riesgos y obligaciones. Tampoco todos sus ingresos constituyen utilidades. Pero existe una pregunta que no puede quedar fuera del debate: ¿Cómo se distribuyen los beneficios económicos de un sistema financiado con ahorro obligatorio y por qué sus propietarios no siempre reciben pensiones suficientes?

¿Quién gana y quién soporta los costos?

Las cifras permiten observar dos realidades que deben examinarse conjuntamente.

Según la Superintendencia de Pensiones, las siete AFP obtuvieron durante 2025 utilidades conjuntas cercanas a los 691 mil millones de pesos, con una rentabilidad empresarial del 23,21% sobre su patrimonio inicial. Por su parte, las compañías de seguros de vida registraron utilidades por aproximadamente 405 millones de dólares (unos 370 mil millones de pesos) durante el primer semestre de 2026, según la Comisión para el Mercado Financiero. En ese período, el 70,5% de sus ventas correspondió a seguros previsionales. Los bancos registraron durante 2025 una rentabilidad patrimonial cercana al 15%, participando activamente del mercado financiero donde se invierten estos recursos.

Frente a estas cifras empresariales aparece un antecedente particularmente significativo. Un estudio oficial publicado en 2024 por la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos estableció que, entre quienes se jubilaron por vejez entre 2015 y 2022, la mediana de la pensión autofinanciada representaba apenas el 17% de las remuneraciones previas a la jubilación. Al incorporar la Pensión Garantizada Universal (PGU), esa mediana aumentaba considerablemente hasta alrededor del 63%. Sin embargo, este alivio beneficia de forma principal a los sectores de menores ingresos; para la clase media y rentas más altas, el impacto de la PGU se diluye y la tasa de reemplazo real vuelve a desplomarse.

No corresponde confundir estos indicadores: las rentabilidades empresariales miden utilidades respecto del patrimonio de las compañías, mientras la tasa de reemplazo compara una pensión con el salario previo. Pero la distinción técnica no elimina la contradicción social. Las instituciones que participan del sistema pueden obtener importantes beneficios económicos mientras numerosos trabajadores necesitan aportes públicos para alcanzar ingresos previsionales mínimos.

La situación resulta todavía más reveladora cuando se examinan los costos de administración. Las AFP cobran comisiones sobre las remuneraciones imponibles, independientemente de que los fondos obtengan ganancias o pérdidas. Según la administradora, las tasas van del 0,46% al 1,45% del sueldo, lo que para una remuneración de un millón de pesos representa entre 4.600 y 14.500 pesos mensuales. La diferencia fundamental es que la AFP cobra por administrar, mientras que el afiliado asume directamente todo el riesgo de las variaciones del valor de sus ahorros. Los incentivos económicos y los riesgos de ambas partes no son equivalentes.

El Estado financia mucho más que la PGU

Existe otro aspecto que suele quedar insuficientemente explicado: el sistema previsional chileno no descansa exclusivamente en las cotizaciones individuales. El Estado ha cumplido históricamente un papel decisivo mediante el antiguo Pilar Solidario, las garantías previsionales, los bonos de reconocimiento y, actualmente, la PGU.

Considerados en conjunto, estos mecanismos muestran que la seguridad económica durante la vejez nunca ha dependido únicamente del rendimiento de las cuentas individuales. La reforma previsional despachada durante el gobierno de Gabriel Boric, que incorporó nuevos aportes de los empleadores y mecanismos de protección social, representa un cambio importante respecto del diseño original, pero sus efectos finales deben evaluarse a medida que se implementen en régimen.

La intervención estatal no es un detalle secundario; es parte constitutiva de la protección previsional chilena. De allí surge una pregunta fundamental: si el Estado debe intervenir de manera tan significativa para mejorar las pensiones, ¿por qué el debate sobre el sistema continúa concentrándose principalmente en la administración privada del ahorro individual?

Las pérdidas de 2026 y la responsabilidad de las administradoras

Las pérdidas registradas durante 2026 en los fondos más conservadores han vuelto a colocar en el centro del debate la responsabilidad profesional de las AFP. Entre enero y septiembre, el Fondo E acumuló una caída real cercana al 10,4% y el Fondo D retrocedió aproximadamente un 6,4%.

El problema no se limita a la magnitud de esas disminuciones. Los riesgos asociados a las tasas de interés y a determinadas estrategias financieras habían sido advertidos con anterioridad por el Banco Central, lo que llevó a la autoridad previsional a adoptar medidas regulatorias respecto del uso de instrumentos derivados. En octubre de 2026, la Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras para investigar posibles incumplimientos de sus deberes de diligencia y lealtad.

No resulta suficiente atribuir lo ocurrido a las fluctuaciones normales de los mercados. Las AFP son instituciones especializadas que reciben remuneraciones por administrar profesionalmente recursos destinados a financiar la vejez.

Las críticas, además, han superado las fronteras tradicionales del debate previsional. Ignacio Briones, exministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera y defensor de la capitalización individual, cuestionó públicamente las explicaciones de las AFP en octubre de 2026, calificando la gestión del Fondo E como imprudente y sosteniendo que las administradoras debían asumir sus errores. Desde una perspectiva diferente, Luis Mesina y el movimiento No+AFP han planteado que el problema es estructural, pues el modelo canaliza por diseño el ahorro salarial obligatorio hacia los mercados financieros.

Briones cuestiona la gestión dentro del sistema; Mesina plantea una transformación estructural. Pero ambas posiciones contribuyen a situar una pregunta decisiva: ¿quién debe administrar los recursos previsionales, con qué controles y bajo qué responsabilidades?

Rentabilidad financiera no significa una buena pensión

Durante décadas, la defensa del sistema AFP ha destacado las rentabilidades históricas de los fondos. Es cierto que las inversiones han generado ganancias, pero la rentabilidad financiera no puede confundirse con la suficiencia previsional.

Las bajas remuneraciones, la informalidad, las lagunas de cotización y las desigualdades laborales afectan directamente los montos acumulados. Una persona puede trabajar durante décadas, aportar regularmente y recibir una pensión muy inferior a su último salario. Por eso, el éxito de un sistema previsional no puede medirse únicamente por el volumen de capital acumulado o las utilidades de sus administradores. Debe medirse por la seguridad económica que proporciona a quienes han financiado el sistema con su trabajo. La rentabilidad es un instrumento; la pensión digna debe ser el objetivo.

Chile necesita superar el actual modelo de AFP

Los antecedentes examinados conducen a una conclusión clara: Chile debe avanzar hacia un nuevo modelo previsional que supere la estructura actual de AFP y coloque la seguridad económica de los trabajadores en el centro de sus objetivos. No se trata simplemente de cambiar el nombre de las instituciones. Se trata de transformar la relación entre los aportes, las decisiones de inversión, los costos, la distribución de los riesgos y las garantías que recibe cada pensionado.

El nuevo sistema debe transitar hacia mecanismos de seguridad social con financiamiento compartido entre trabajadores, empleadores y el Estado, incorporando solidaridad, transparencia real en los costos y una participación efectiva de los trabajadores en las decisiones.

Mientras las administradoras enfrentan cargos por el manejo de los fondos D y E el debate previsional y social exige mirar más allá de la rentabilidad financiera. La vejez no puede seguir siendo el último eslabón de la desigualdad. Los ahorros de los trabajadores deben estar al servicio de sus pensiones, y nunca las pensiones subordinadas a los intereses de quienes administran esos ahorros. Chile necesita un nuevo modelo previsional, no una administración distinta de las mismas insuficiencias.

Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Técnica del Estado

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.