Por: Elena Rusca. Periodista, corresponsal en Ginebra
El Clarín Chile. 5 noviembre, 2026
En Colombia, trabajadores de la planta de Nestlé en Bugalagrande iniciaron una huelga de hambre para exigir que se reviertan suspensiones de contratos, se paguen salarios y se apoye a las familias afectadas por el terremoto de agosto de 2026. Las denuncias de su sindicato plantean una pregunta que también interpela al público suizo: ¿hasta dónde puede una multinacional trasladar a sus trabajadores el costo de una crisis?
A las ocho de la mañana del 28 de octubre de 2026, integrantes de SINALTRAINAL instalaron una carpa frente a la fábrica de Nestlé en Bugalagrande, en el departamento colombiano del Valle del Cauca. Con la huelga de hambre buscan que se levanten las suspensiones de contratos, se paguen salarios y prestaciones sociales y se adopten medidas en favor de las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El sindicato también reclama el pago de préstamos destinados a reparar viviendas dañadas, el restablecimiento de derechos acordados para trabajadores pensionados e información sobre las pólizas que cubrirían los daños en la fábrica. Además, pide respetar el descanso dominical y los días festivos y reconocer los espacios de representación sindical.
SINALTRAINAL afirma que más de 141 trabajadores no pueden laborar actualmente, que en Bugalagrande se suspendieron más de 380 contratos hasta el 30 de septiembre de 2026 y que otros más de 200 fueron suspendidos en la planta Comestibles La Rosa, en Dosquebradas. Estas cifras, divulgadas por el sindicato, requieren una precisión pública: ¿cuántas personas están afectadas, en qué plantas y bajo qué condiciones? La transparencia es indispensable para comprender el conflicto y debatir sus causas.
El costo de la crisis
El terremoto agravó una situación social ya tensa. Según el sindicato, trabajadores que se quedaron sin ingresos también enfrentan daños en sus viviendas. La discusión, por tanto, no se limita a la continuidad de la producción: trata sobre cómo se distribuyen las pérdidas y los riesgos entre una empresa internacional y las comunidades que dependen de sus actividades.
SINALTRAINAL cuestiona las suspensiones y exige restablecer los contratos y cumplir los compromisos que, según afirma, se habían acordado. Nestlé debe explicar públicamente su posición: las razones y la duración de las suspensiones, las medidas adoptadas para los trabajadores y las modalidades de apoyo a las familias afectadas por el sismo. Sin información accesible y sin negociación, la incertidumbre recae sobre los trabajadores y sus hogares.
Ahí el debate trasciende la entrada de la fábrica. Para el público suizo, Nestlé no es una abstracción económica: es una empresa nacida en Suiza, cuya presencia mundial se apoya en cadenas de producción y plantas instaladas en numerosos países. Los principios que la compañía declara en su sede no pueden separarse de las prácticas denunciadas en los lugares donde opera. La responsabilidad social se mide menos por las declaraciones que por el trato que reciben los trabajadores cuando sobreviene una crisis.
Una protesta bajo presión
SINALTRAINAL afirma que el 29 de octubre policías armados llegaron a la carpa, fotografiaron y filmaron a los huelguistas y amenazaron con retirarlos por la fuerza. El sindicato también describe la llegada de militares y, posteriormente, de policías al comienzo de la movilización.
Estas denuncias deben investigarse y esclarecerse. Las autoridades tienen el deber de proteger la integridad de los huelguistas y garantizar sus derechos de asociación y protesta. La presencia de las fuerzas de seguridad no puede convertirse en un instrumento de presión contra una movilización pacífica.
El 31 de octubre, según el sindicato, llegó a la carpa una caja con pollo y gaseosa acompañada del mensaje: «Sé que no lo van a recibir, pero aquí les manda la empresa a los huelguistas». SINALTRAINAL sostiene que, durante ese mismo periodo, un trabajador fue hospitalizado y sometido a una operación, mientras otro fue trasladado en ambulancia. El documento sindical identifica a este último como César Jiménez.
La información disponible no permite establecer un diagnóstico médico ni demostrar que la entrega de alimentos haya causado el deterioro de la salud del trabajador. Tampoco confirma de manera independiente quién llevó la caja ni quién redactó el mensaje. La atribución a la empresa forma parte de la denuncia sindical y requiere una respuesta clara de Nestlé.
Sin embargo, el episodio, tal como lo describe el sindicato, condensa el clima de desconfianza. En una huelga de hambre, llevar comida anticipando que será rechazada puede percibirse como una provocación. El gesto adquiere una dimensión particular en un conflicto donde los trabajadores dicen enfrentar la pérdida de ingresos, las consecuencias de un terremoto y la falta de diálogo.
La responsabilidad de una multinacional
SINALTRAINAL solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Trabajo de Colombia. Pide medidas de protección y una reunión con la dirección de Nestlé para tratar las suspensiones de contratos y las demás demandas. El sindicato también menciona una medida cautelar judicial relacionada con la representación sindical.
La huelga de hambre pone en riesgo la salud de quienes participan. Protegerlos debe ser una prioridad inmediata, sin que eso sirva para desconocer su derecho a protestar. Las autoridades deben prevenir daños a su integridad, examinar las denuncias de hostigamiento y facilitar una mediación efectiva.
Por su parte, Nestlé no puede limitarse al silencio o a una comunicación general. Debe responder sobre la cantidad de trabajadores afectados, los motivos de las suspensiones, los pagos reclamados, los seguros relacionados con los daños y las medidas de apoyo posteriores al terremoto. También debe pronunciarse sobre las denuncias vinculadas con la caja entregada en la carpa y el trato a los representantes sindicales.
El conflicto no se reduce a una disputa entre una dirección local y un grupo de huelguistas. Pone en juego el poder concreto de una multinacional: su capacidad para suspender contratos, controlar la información e influir en las condiciones laborales de una comunidad donde su fábrica ocupa un lugar central. Cuando las decisiones empresariales trasladan los riesgos a los trabajadores y sus familias, la responsabilidad no puede detenerse en los límites de la planta ni en las declaraciones de la sede corporativa.
La caja de pollo no originó el conflicto. Se convirtió en una escena que lo revela: trabajadores que exigen respuestas, una empresa llamada a rendir cuentas y autoridades a las que se reclama garantizar derechos fundamentales. La salida no debería depender de la resistencia física de los huelguistas, sino de un diálogo transparente, garantías verificables y una respuesta a sus demandas.
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