Por: El Clarín de Chile. 11 noviembre, 2026

La primera reunión entre las autoridades y los dirigentes movilizados terminó sin acuerdos. Camioneros, buses interurbanos y organizaciones No+TAG mantendrán las protestas por el precio de los combustibles, el impuesto específico y los peajes. A la paralización se suman operadores de grúas, transportistas especializados y motociclistas, mientras se anuncian nuevas movilizaciones en distintas localidades del país.

La negociación entre el Gobierno de José Antonio Kast y las organizaciones de transportistas movilizadas concluyó este martes 10 de noviembre sin resultados. Tras reunirse con autoridades del Ministerio de Transportes, los dirigentes anunciaron que mantendrán el paro y que podrían intensificar las protestas si el Ejecutivo no presenta respuestas concretas a sus demandas.

El encuentro se realizó después de una jornada de bloqueos parciales y concentraciones de vehículos en carreteras de distintas regiones. La reunión había sido acordada durante la mañana, luego de que el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, acudiera a la Ruta 68 para conversar con los camioneros apostados en el sector de Ciudad de los Valles, en Pudahuel.

Sin embargo, el diálogo no consiguió acercar las posiciones.

Andrés Alarcón, vocero del movimiento No+TAG, informó que las organizaciones resolvieron mantener las movilizaciones en todo el país y en los distintos puntos de concentración de Santiago.

El dirigente explicó que los representantes del Gobierno se comprometieron a trasladar las demandas a los ministros correspondientes y a gestionar una nueva instancia de conversación. A cambio, solicitaron que los manifestantes depusieran la paralización.

La propuesta fue rechazada porque, según los dirigentes, no contenía compromisos concretos.

Alarcón sostuvo que las organizaciones mantienen su disposición a negociar, pero que las protestas continuarán mientras no existan soluciones verificables.

Nuevos sectores se incorporan a la movilización

El paro, convocado inicialmente por organizaciones de pequeños y medianos camioneros, comenzó a reunir a distintos sectores del transporte.

Entre los participantes se encuentran representantes del movimiento No Más TAG, empresas de buses interurbanos, operadores de grúas, transportistas de carga especializada y organizaciones de motociclistas.

En San Bernardo, 27 buses interurbanos pertenecientes a catorce empresas vinculadas al Terminal Sur se incorporaron a las manifestaciones.

Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, explicó que el aumento del precio del combustible ha elevado considerablemente los costos de operación de las empresas, cuyos ingresos dependen de la cantidad de pasajeros que utilizan cada servicio.

El dirigente señaló que las organizaciones habían intentado previamente establecer conversaciones con distintas autoridades sin obtener respuestas satisfactorias.

También participan operadores de grúas y camiones de cama baja, utilizados para transportar maquinaria y cargas especiales. Estos sectores, integrados en buena medida por pequeños y medianos empresarios, denuncian dificultades para absorber los aumentos del combustible, los peajes y otros gastos operacionales.

La presencia de motociclistas amplía todavía más la composición de las protestas, aunque no existe un balance nacional que permita establecer cuántos participantes de cada sector se han incorporado efectivamente.

Las organizaciones movilizadas también han expresado diferencias con las principales confederaciones nacionales del transporte de carga, a cuyos dirigentes cuestionan por considerar que no representan adecuadamente a los pequeños transportistas.

San Antonio, Valparaíso, Talagante, Melipilla y Paine

Tras el fracaso de la reunión, Alarcón anunció nuevas adhesiones en distintas localidades de la zona central.

Según el dirigente, se estaban coordinando movilizaciones en San Antonio y Valparaíso, mientras camioneros de Talagante y Melipilla comenzaban a incorporarse a la protesta.

También anunció nuevas concentraciones en Paine, en la Ruta 5 Sur, que se sumarían a las manifestaciones registradas previamente en esa comuna.

En la Región Metropolitana, las protestas se han concentrado en sectores de la Ruta 68, San Bernardo, Quilicura y la Ruta 5, además de otros puntos donde los vehículos han ocupado parcialmente las calzadas o reducido la velocidad de circulación.

En el norte, la Región de Antofagasta aparece como uno de los nuevos focos de tensión.

Transportistas de esa zona anunciaron que mantendrán las movilizaciones y que podrían realizar nuevos bloqueos en el sector de La Negra y en rutas que conectan Antofagasta con Calama y Tocopilla.

En la Ruta 25, a la altura del sector Enaex, se reportó una concentración de 78 camiones que ocupaban parcialmente la calzada, aunque se mantenían pistas disponibles para otros vehículos.

Durante la jornada también se registraron protestas en Tarapacá, Coquimbo, Biobío y La Araucanía.

La ampliación territorial anunciada por los dirigentes no significa que todas esas localidades se encuentren completamente paralizadas. La situación varía según el lugar y, en numerosos puntos, las restricciones han sido parciales.

Tres demandas que el Gobierno no ha resuelto

Las organizaciones presentaron tres exigencias principales durante la negociación.

La primera es modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), con el objetivo de conseguir una reducción efectiva de los precios o una contención mayor de las alzas.

La segunda es eliminar el impuesto específico a los combustibles, considerado por los dirigentes como uno de los factores que incrementan sus costos.

La tercera consiste en revisar los contratos de concesión de autopistas y los cobros asociados al TAG y los peajes. Para ello, los representantes del movimiento propusieron utilizar las disposiciones del artículo 19 de la Ley de Concesiones.

El Gobierno, por su parte, anunció la denominada «Ley Frenazo», que busca limitar a veinte pesos por litro las futuras alzas de los combustibles durante noventa días.

La iniciativa no contempla una reducción general de los precios actuales, una de las principales exigencias de los movilizados.

Alarcón calificó la propuesta como insuficiente, argumentando que los consumidores continuarían pagando los elevados precios acumulados durante los últimos meses.

La diferencia entre ambas posiciones explica por qué el anuncio gubernamental no consiguió desactivar la protesta.

Mientras el Ejecutivo ofrece moderar los incrementos futuros, las organizaciones demandan disminuir los costos que ya enfrentan.

El Gobierno advierte sobre los bloqueos

El fracaso de la negociación también ha incrementado las tensiones sobre el uso de las carreteras.

Durante la mañana, el delegado Germán Codina había solicitado a los camioneros despejar la Ruta 68 como condición para facilitar una reunión con las autoridades.

Aunque posteriormente se realizó el encuentro, los dirigentes mantuvieron su decisión de continuar las movilizaciones.

El Gobierno ha señalado que reconoce el derecho a manifestarse, pero que no permitirá interrupciones ilegales del tránsito.

Codina advirtió que, si se configuran delitos asociados al bloqueo de carreteras, las autoridades deberán actuar conforme a la legislación vigente, incluida la intervención de Carabineros.

Desde las organizaciones movilizadas, Alarcón sostuvo que las protestas se han desarrollado de manera pacífica, aunque no descartó intensificar las medidas de presión.

Las declaraciones dejan abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre las autoridades y los transportistas si aumentan las restricciones a la circulación.

Las grandes confederaciones permanecen al margen

Pese a la extensión de la protesta, las dos principales organizaciones nacionales del transporte de carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), no se han incorporado a la paralización.

La Asociación de Dueños de Camiones de Puerto Montt también decidió mantenerse al margen, aunque declaró permanecer en estado de alerta y sostuvo conversaciones con autoridades regionales.

Esta diferencia revela que el sector del transporte no mantiene una posición uniforme frente al Gobierno.

Las organizaciones convocantes han insistido en que las dificultades económicas afectan especialmente a pequeños y medianos transportistas, que disponen de menor capacidad para negociar tarifas y trasladar sus costos a las empresas que contratan sus servicios.

La participación de buses, grúas y organizaciones contra los peajes también demuestra que el conflicto supera las demandas de un solo gremio.

Una nueva jornada de incertidumbre

La primera negociación terminó sin acuerdo y, hasta el cierre de esta información, no existía una nueva reunión formalmente confirmada que permitiera anticipar una solución.

Los dirigentes anunciaron que continuarán coordinando las movilizaciones entre regiones y que esperan una respuesta del Ejecutivo durante los próximos días.

La posibilidad de nuevas adhesiones, especialmente en la zona central y el norte, podría ampliar las restricciones al tránsito y aumentar sus consecuencias sobre las actividades económicas.

El Gobierno enfrenta así una nueva jornada de negociaciones en medio de un conflicto que comenzó por el encarecimiento del diésel, pero que ahora incorpora demandas sobre impuestos, concesiones de autopistas y condiciones de funcionamiento de distintas actividades del transporte.

Por ahora, la «Ley Frenazo» no ha conseguido detener la paralización. Los transportistas mantienen sus exigencias y las autoridades deberán decidir si presentan nuevas propuestas o insisten en la fórmula anunciada.

La continuidad del paro dependerá de esa respuesta y de las decisiones que adopten las organizaciones durante las próximas horas.

Redacción El Clarín

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