Por: Álvaro Ramis Olivos. Teólogo, doctor en filosofía, Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
El Mostrador. 12 noviembre, 2026|
En 2019 quedó claro que un malestar sin cauce institucional termina expresándose de otro modo y que puede ser imprevisible. Esta vez se mueve en camiones y lo protagonizan pequeños propietarios en vez de estudiantes, pero la dinámica es parecida.
El paro que comenzó en la madrugada del martes, convocado por la Confederación Fuerza del Norte, ya excede con creces al gremio camionero. En menos de dos días se plegaron el movimiento No Más TAG, buses interurbanos, operadores de grúas, furgones escolares, colectiveros, taxistas y motociclistas. Desde el campo, dirigentes agrícolas se declararon parte de la misma cadena y culparon al Gobierno Central de haber desoído advertencias que venían de hace meses.
La CUT, estudiantes y pobladores anunciaron sus propias movilizaciones contra los recortes. Un reclamo por el precio del diésel se fue convirtiendo en la protesta de quienes mueven la economía cotidiana del país.
Ese mismo miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió ante Bloomberg que Chile está técnicamente en recesión. Responsabilizó a la caída del cobre, habló de un contratiempo pasajero y aprovechó de sugerir la entrada de capitales privados a Codelco. Coincidió en el día con las imágenes de la Ruta 5 y la Ruta 68, donde se veía bastante más que un problema de oferta minera.
El origen inmediato está en marzo, cuando el Gobierno neutralizó el MEPCO y traspasó de una sola vez el alza internacional del petróleo: 370 pesos por litro a la gasolina y 580 al diésel. El IPC de ese mes subió 1%. Para quien tiene uno o dos camiones, el diésel es el gasto que define si el mes cierra en azul o en rojo, y si los fletes no se reajustan, cada alza sale directamente de su bolsillo. Varios transportistas lo han dicho estos días en las carreteras, sin dramatismo: están quebrados.
A eso se sumó la apuesta de Hacienda por recortes amplios, en un momento en que las familias pagaban más por casi todo, lo que terminó por deprimir la demanda. El desempleo llegó a 9,8%. Los efectos se concentran en quienes trabajan con márgenes estrechos y sin respaldo financiero, como los transportistas pequeños, los agricultores medianos o el comercio de barrio, que difícilmente podrá esperar hasta 2028, el año en que Quiroz sitúa la recuperación.
Quien recuerde octubre de 2019 encontrará varias semejanzas. Entonces un alza acotada, de 30 pesos en el pasaje, cayó sobre un malestar acumulado durante años.
Hoy, además del detonante, se repite un fenómeno más preocupante: las bases avanzan por su cuenta y las dirigencias quedan atrás. Las dos confederaciones históricas del transporte de carga, encabezadas por Juan Araya y Sergio Pérez, se negaron a adherir. Uno de los voceros del paro les respondió que ninguno de los dos representaba al gremio, y ahora esas mismas organizaciones están consultando a sus asociados si se suman.
Esto deja al Gobierno sin un interlocutor capaz de comprometer a todos. El martes pidió deponer el paro, ofreció un proyecto de ley que limita las alzas a 20 pesos durante 90 días y pidió plazo hasta el jueves. La respuesta fue que no se había avanzado en ningún punto.
En la mesa hay agrupaciones con demandas distintas, desde la reposición del MEPCO hasta la eliminación del impuesto específico o la revisión de los contratos del TAG, y nadie tiene mandato para firmar por el conjunto. Para Kast el cuadro resulta especialmente incómodo. Llegó al poder con la promesa de orden y libre tránsito, y la misma Fuerza del Norte que encabezó el paro de 2022 contra Boric lo pone hoy frente a la disyuntiva de aplicar la mano dura a una parte de su propio electorado.
La oposición, entretanto, observa desde la berma. Lleva meses concentrada en la tramitación de la megarreforma y del presupuesto, una tarea necesaria que, sin embargo, poco le dice a quien paga el diésel con tarjeta de crédito. Cuando el conflicto se resuelve en las rutas y en los puertos, los partidos sin presencia en esos espacios quedan relegados al comentario.
Respaldar el paro los obliga a validar cortes de ruta y demandas, como la eliminación del impuesto específico, que la izquierda no puede suscribir como política fiscal. Condenarlo los alinea con el Gobierno. De cualquiera de las dos formas pierden peso.
Salir de ahí exige cambiar el centro de la agenda. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, lo planteó ayer: cada alza de las bencinas “también se siente en el transporte, en los alimentos y en el costo de la vida” de familias que hacen esfuerzos todos los meses para llegar a fin de mes.
Pidió al Gobierno revisar sus decisiones sobre el MEPCO y no descargar el peso de las alzas sobre las familias trabajadoras, y resumió la prioridad en una frase: un plato de comida en cada mesa y un puesto de trabajo para cada trabajador y trabajadora. Viene de alguien que gobierna una comuna popular y que ve a diario cómo una decisión de Hacienda llega a las casas de sus vecinos. Bien haría la oposición en tomarla como vara para medir sus propuestas y dejar en segundo plano todo lo que no contribuya a ese objetivo.
Ese criterio permite identificar medidas concretas. La primera es reponer un mecanismo de estabilización de combustibles con financiamiento explícito, que no dependa de la voluntad del ministro de turno. Otra es establecer que los fletes se reajusten según el precio del diésel, para que el costo deje de recaer siempre en el eslabón más débil.
También puede crearse un programa de empleo de emergencia ejecutado por los municipios, que conocen mejor que nadie quién perdió el trabajo y dónde vive. Y es urgente frenar los recortes que siguen contrayendo la demanda en plena recesión. Ninguna de estas propuestas es radical. Basta con anteponer las necesidades de los hogares a las cuentas fiscales y a las negociaciones entre bancadas.
En 2019 quedó claro que un malestar sin cauce institucional termina expresándose de otro modo, y que puede ser imprevisible. Esta vez se mueve en camiones y lo protagonizan pequeños propietarios en vez de estudiantes, pero la dinámica es parecida. Si la oposición no ofrece ese cauce, alguien más lo hará, y nada asegura que sea desde un proyecto democrático.
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