SENADO REVIERTE RECORTES A SITIOS DE MEMORIA Y REPONE RECURSOS PARA BUSCAR A DETENIDOS DESAPARECIDOS

Por: Simon Del Valle. Periodista

El Clarín Chile. 20 noviembre, 2026

La Cámara Alta aprobó las partidas de Cultura y Justicia del Presupuesto 2027, restituyendo los fondos que habían sido reducidos a $1.000 por indicaciones de diputados republicanos. También recuperó disposiciones del Plan Nacional de Búsqueda y aprobó una auditoría extraordinaria sobre las rebajas de condenas tramitadas durante 2026, medida que el Gobierno objetó por razones constitucionales. Sin embargo, la reposición presupuestaria no garantiza que los sitios de memoria recuperen los niveles de financiamiento del año anterior.

El Senado revirtió este jueves 19 de noviembre uno de los recortes más controvertidos introducidos durante la tramitación del Presupuesto 2027: la reducción a apenas $1.000 de las asignaciones destinadas a diversas instituciones y programas de memoria histórica.

La decisión se produjo durante la tercera jornada de discusión presupuestaria, cuando la Cámara Alta aprobó por 29 votos a favor y dos en contra la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentara una indicación para reponer recursos rechazados durante el primer trámite legislativo.

La restitución fue valorada por parlamentarios de distintos sectores políticos y permitió modificar el escenario que había generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos.

Las rebajas habían sido impulsadas por diputados del Partido Republicano y afectaban, entre otras instituciones, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Estadio Nacional Memoria, el Museo y Memoria de Neltume, la Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua y el Fondo Programa Sitios de Memoria.

En conjunto, las asignaciones contemplaban aproximadamente $3.903 millones en el proyecto original de 2027, pero habían quedado reducidas a un total de $6.000 después de las indicaciones aprobadas en etapas anteriores.

La votación del Senado restituyó los recursos previstos en el proyecto presupuestario y evitó que esas reducciones se mantuvieran en el texto aprobado por la Cámara Alta.

Una reposición que no elimina todos los recortes

Aunque la restitución constituye una modificación sustantiva respecto del resultado del primer trámite, todavía existe una diferencia importante entre los montos recuperados y el financiamiento que las organizaciones habían solicitado.

El proyecto original del Ejecutivo ya contemplaba reducciones para determinados programas de memoria histórica respecto de 2026.

Por ello, recuperar las asignaciones incluidas inicialmente en el Presupuesto 2027 no significa necesariamente volver a los niveles de financiamiento del año anterior.

Las organizaciones de memoria, junto con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), habían solicitado precisamente esa restitución más amplia, advirtiendo que los recortes originales también podían afectar el funcionamiento de archivos, espacios educativos y programas de conservación patrimonial.

La información oficial difundida por el Senado confirma la recuperación de los recursos del proyecto de 2027, pero no entrega en su resumen el desglose definitivo de cada institución ni una comparación con los montos de 2026.

Esa diferencia será relevante para establecer el alcance efectivo de la reposición.

Durante la discusión, el ministro Quiroz también destacó incrementos para programas patrimoniales y la apertura de mecanismos de fondos concursables asociados a metas de gestión.

Esta última orientación introduce una discusión adicional: la conveniencia de financiar instituciones de memoria mediante aportes estables o mecanismos concursables, considerando que muchas de ellas desarrollan labores permanentes de conservación documental, investigación y atención al público.

El Plan Nacional de Búsqueda recupera su financiamiento

La reposición presupuestaria también alcanzó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La partida fue aprobada por 23 votos a favor y tres en contra, incorporando indicaciones del Ejecutivo que restablecieron disposiciones relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

Entre ellas se encuentra la obligación del Servicio Médico Legal de entregar informes trimestrales sobre los procesos de identificación de restos óseos que pudieran corresponder a personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

La recuperación de estos recursos y obligaciones fue destacada por el senador comunista Daniel Núñez, quien afirmó que el Estado debe mantener su compromiso con las familias que llevan décadas esperando conocer el destino de sus familiares.

El Plan Nacional de Búsqueda busca esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, mediante la recopilación y sistematización de antecedentes, la investigación y la coordinación de instituciones públicas.

Su continuidad presupuestaria resulta especialmente relevante porque se trata de una tarea estatal de largo plazo, cuyo cumplimiento depende de investigaciones documentales, diligencias judiciales, peritajes científicos y trabajo especializado.

Una auditoría sobre las rebajas de condenas durante la gestión de Rabat

La discusión de Justicia produjo otra decisión de importancia política.

El Senado aprobó por mayoría una indicación presentada por la senadora socialista Daniella Cicardini que instruye a la Subsecretaría de Justicia a realizar una auditoría extraordinaria durante el primer semestre de 2027.

La revisión deberá abarcar todos los expedientes administrativos de reducción de condenas tramitados o resueltos durante 2026, tanto aquellos en que se concedió el beneficio como los que fueron rechazados, en el marco de la Ley N.º 19.856.

Cicardini vinculó expresamente la propuesta con la conducción del Ministerio de Justicia por Fernando Rabat.

La indicación se inscribe en un contexto de cuestionamientos públicos a decisiones relacionadas con beneficios penitenciarios y reducciones de condenas.

Sin embargo, su aprobación no equivale a establecer irregularidades en los expedientes examinados. La auditoría busca precisamente revisar los procedimientos y sus resultados.

El Gobierno objetó la disposición.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García, sostuvo que la indicación sería inadmisible porque impone una tarea administrativa al Ministerio de Justicia en lugar de establecer una obligación de información al Congreso.

Según García, ya existen otras seis glosas destinadas a proporcionar antecedentes sobre las rebajas de condenas.

El Ejecutivo formuló una reserva de constitucionalidad, por lo que la controversia sobre las atribuciones del Congreso para imponer esta auditoría podría continuar durante las siguientes etapas legislativas.

Ex Colonia Dignidad: una nueva obligación de informar

La Cámara Alta también aprobó una indicación presentada por la senadora Paulina Vodanovic para que el Ejecutivo entregue información sobre el plan de recuperación y habilitación de la ex Colonia Dignidad como sitio de memoria.

El antiguo enclave, ubicado en la Región del Maule, fue escenario de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y permanece vinculado a demandas de verdad, justicia y preservación patrimonial.

La nueva disposición no significa por sí misma que se hayan aprobado todos los recursos necesarios para recuperar el recinto, pero establece una obligación de informar sobre los planes gubernamentales.

Su cumplimiento permitirá conocer el estado de las iniciativas y las responsabilidades institucionales para avanzar en su habilitación.

Ciencia: el Senado abre otra controversia con Hacienda

Durante la misma jornada, el Senado aprobó por 26 votos a favor la partida del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Los parlamentarios respaldaron una indicación que permite destinar recursos a propuestas que permanecen en lista de espera del concurso de Centros de Interés Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), siempre que su evaluación continúe vigente.

La disposición faculta a priorizar iniciativas que puedan desempeñarse como centros asesores científicos de la futura Secretaría del Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como BBNJ.

Chile busca albergar la secretaría de este acuerdo internacional, destinado a fortalecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

Los senadores que defendieron la indicación señalaron que los proyectos adjudicados suelen concentrarse en la Región Metropolitana y destacaron la necesidad de ampliar las oportunidades de financiamiento científico.

El Ejecutivo objetó la propuesta, argumentando que se trata de un concurso cuyos resultados no deberían ser intervenidos mediante una disposición presupuestaria.

El Gobierno formuló una reserva de constitucionalidad, por lo que el alcance definitivo de la indicación permanece sujeto a la continuación del trámite legislativo.

Una negociación que modificó el proyecto original

Las decisiones de este jueves se suman a otras rectificaciones introducidas durante la tramitación del Presupuesto 2027.

Hacienda ya había anunciado la incorporación de US$160 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional y recursos adicionales por $28.000 millones para la Ley Ricarte Soto.

La reposición de los fondos para sitios de memoria y para el Plan Nacional de Búsqueda confirma que el proyecto original ha experimentado modificaciones importantes como resultado de las negociaciones parlamentarias.

También muestra que las indicaciones republicanas que redujeron determinadas asignaciones a montos simbólicos no se mantuvieron en el texto aprobado por el Senado.

No obstante, el acuerdo sobre las partidas de Cultura y Justicia no cierra todas las controversias.

Persisten interrogantes sobre la suficiencia del financiamiento de las instituciones de memoria respecto de 2026, mientras que las reservas de constitucionalidad formuladas por el Ejecutivo anticipan posibles nuevas discusiones sobre la auditoría de rebajas de condenas y los recursos destinados a investigación científica.

Además, las modificaciones introducidas por el Senado deberán continuar su tramitación legislativa.

La jornada dejó, en todo caso, un resultado concreto: la Cámara Alta restituyó recursos para preservar sitios de memoria y mantener la búsqueda de detenidos desaparecidos, dos políticas públicas cuya continuidad había quedado comprometida durante las etapas anteriores de la discusión presupuestaria.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.