Crónica Digital. 20 noviembre, 2026
La organización de exintegrantes de la histórica Universidad Técnica del Estado (UTE) respaldó la querella de la Rectoría y pidió esclarecer si el funcionario actuó bajo instrucciones superiores y con qué fundamento legal.
Desde la entidad advirtieron que “investigar delitos no es lo mismo que vigilar la organización estudiantil” y llamaron a defender la autonomía universitaria y la educación pública frente a las lógicas de mercado.
Ante la denuncia realizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) por el ingreso de un funcionario de Carabineros al campus para fotografiar a estudiantes durante las movilizaciones del 18 de noviembre, la Corporación Solidaria UTE-USACH emitió una declaración pública exigiendo que la justicia establezca responsabilidades en todos los niveles que correspondan.
La entidad valoró la querella presentada por la Rectoría de la casa de estudios y sostuvo que el episodio pone en jaque la autonomía universitaria, un pilar esencial de la democracia. En su pronunciamiento, la organización recalcó que la investigación judicial debe determinar con precisión quién era la persona denunciada, qué labores realizaba dentro del recinto, si actuaba bajo órdenes de superiores y cuál era el respaldo legal de su presencia.
“Carabineros tiene responsabilidades legítimas en materia de seguridad pública, pero estas deben ejercerse respetando los derechos fundamentales y los procedimientos legales. Investigar delitos no es lo mismo que vigilar la organización estudiantil. Prevenir la violencia no puede convertirse en una justificación para intimidar a quienes ejercen pacíficamente sus derechos”, señaló la Corporación.
Memoria histórica como responsabilidad democrática
Desde la perspectiva de quienes integraron la antigua Universidad Técnica del Estado (UTE) en las décadas de 1960 y 1970, la organización vinculó este hecho con el deber de resguardar las libertades académicas conquistadas tras la Reforma Universitaria de 1967 —que permitió la elección democrática del rector Enrique Kirberg en 1968— y posteriormente arrasadas por la intervención militar de septiembre de 1973.
En el texto recordaron que, tras el golpe de Estado, la comunidad sufrió la detención de Kirberg, el asesinato de Víctor Jara y la ejecución o desaparición forzada de 88 de sus integrantes, además de sufrir mecanismos internos de vigilancia mediante informes, fotografías y filmaciones. “No corresponde equiparar automáticamente los acontecimientos actuales con la represión de aquellos años. Pero conocer esa historia nos obliga a defender con especial atención las libertades universitarias. La memoria no es nostalgia. Es una responsabilidad democrática”, enfatizaron.
Defensa de la educación pública y rol social
Finalmente, la Corporación Solidaria UTE-USACH llamó a proyectar el legado de la institución hacia el futuro de la educación superior chilena, cuestionando el modelo basado en la competencia y las lógicas de mercado instaurado tras las reformas de 1981.
“La educación no puede reducirse a una mercancía ni los estudiantes a simples clientes”, afirmaron, abogando por financiamiento público suficiente, investigación al servicio del desarrollo nacional y compromiso con la movilidad social. “No queremos una universidad vigilada, sometida ni silenciada. Queremos una universidad que piense, investigue, cuestione y contribuya a transformar la sociedad”, concluyó la declaración.
Declaración – a universidad no se vigila
Santiago de Chile, 20 de noviembre 2026 Crónica Digital
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