Octubre 27, 2020 - Por A. Ramírez
Una vez más, así como ocurrió para el 18-O, los medios de comunicación y los políticos se han declarado sorprendidos por los resultados del plebiscito. El aplastante resultado de 78,27% favorables al Apruebo y de 78,99 para la Convención Constitucional ha dejado en estado de shock tanto a los sectores de gobierno, como de la ex Concertación. La mayor sorpresa la provocaron las interminables filas de gente joven que se hizo presente para continuar con su voto la demanda social que estalló hace un año.
Su “sorpresa” tiene una sola explicación: no conocen el país en que viven, ni disponen de un mínimo de empatía para entender qué fue lo que ocurrió ayer.
El mensaje fue claro: terminar de una vez por todas con una Constitución que genera el rechazo de la amplia mayoría de la población y desbancar a todo el universo político-parlamentario “criado” al amparo del modelo económico elevado a rango constitucional.
Desde el Presidente Piñera y sus ministros, hasta los jerarcas de la Concertación, hace denodados esfuerzos por “apropiarse” de los resultados de esta consulta ciudadana. Vítores de victoria para ensalzar su “compromiso” con el cambio Constitucional. Desde las primeras horas proliferan los nombres de sus candidatos para escribir la Nueva Constitución.
Y, ¿saben qué? Son los mismos nombres que ayer fueron rechazados por casi el 80% de los chilenos. Su ambición de poder y codicia no hace más que nublar su ya deteriorada capacidad de comprensión lectora y de empatía social: no entienden que los chilenos les dijeron que se fueran para la casa, que ya no los quieren como sus representantes, de ningún tipo.
No faltará quién diga que no es democrático privar a estos “políticos” de su derecho a participar en la nueva etapa que inicia nuestra sociedad. Primero que nada, hay que aclarar que nadie les priva de sus derechos políticos. Pero, no hay nada más antidemocrático que ignorar la voluntad de la mayoría, que ha expresado de manera categórica su rechazo por una clase política que arrastró a la sociedad chilena, a su economía, a su cultura, a tal nivel de deterioro que no quedó más que un estallido social, para poner fin a su incompetencia.
A partir de hoy, frente al movimiento social se plantea una enorme tarea, que pasa por tres momentos centrales: Organización, Unidad, Movilización.
Se trata de dar al movimiento social multiforme, diseminado por los territorios, la capacidad necesaria para organizar la demanda ciudadana en torno a una unidad programática común. Generar la Unidad de las mayorías en torno a ese Proyecto Común. Mantener la movilización social para que ese proyecto común logre prevalecer en la nueva Carta Magna.
El fin de la Constitución de Pinochet no significa aún el fin del modelo neoliberal, pero si debiera generar fundamentos para que el conjunto de la sociedad acuerde las bases para el desarrollo de una sociedad empática con las necesidades de sus miembros, sustentable, profundamente democrático y participativo. Esto necesariamente pasa por el deber del Estado de garantizar, a lo menos, los derechos al Trabajo, la Salud, la Educación, la Vivienda y una Previsión Social digna.
La Nueva Constitución deberá asegurar el reconocimiento de Chile como un país multinacional y multicultural, a la vez que el derecho originario, constituyente, de los pueblos que lo habitan. Este reconocimiento debe ir acompañado con la descentralización administrativa del Estado, que permita generar las necesarias condiciones para el desarrollo productivo de cada una de sus regiones, así como una mejor redistribución de los ingresos que genera el país.
Un elemento central en la discusión debe ser el trato que se da a la Propiedad. En primer lugar, se debe reconocer el derecho a la existencia de, a lo menos, la propiedad comunitaria, la propiedad personal/individual, la propiedad privada, la propiedad cooperativa, la propiedad mixta y, por cierto, la propiedad pública, representada por el Estado. Para todas estas formas de propiedad debe existir un límite, establecido por el bienestar común. Ello significa, por cierto, terminar con ciertos niveles de concentración económica, así como con monopolios que perjudiquen el libre funcionamiento del mercado. De manera inmediata deben ser reestructurada la propiedad de los recursos naturales, entre ellos los mineros y el océano, considerando nuevas formas de propiedad, con participación del Estado. Debe ser eliminada de inmediata la propiedad privada sobre el agua y todos los recursos hídricos.
Estos y otros temas deberán ser parte de ese programa común que debe acordar el movimiento social. Tras ellos se aprecian poderosos intereses que se enfrentarán en el curso de la Convención Constitucional y que, necesariamente, se cruzarán con interpretaciones diversas en materias tales como: solidaridad, libertad, desarrollo económico, soberanía, papel de las fuerzas armadas y policiales, por solo mencionar algunos.
Nada de lo anterior, sin embargo, será posible sin el control ciudadano, sin la movilización social, que deberá hacerse presente a lo largo de todo el Proceso Constituyente. Esto significa fortalecer los organismos sindicales, las asociaciones de profesionales, los centros comunitarios, las organizaciones vecinales y el funcionamiento de los cabildos ciudadanos. Es preciso asegurarse que sus voces y opiniones lleguen a los delegados constituyentes. De la misma manera, es necesario asegurar la plena transparencia de las sesiones de la Convención Constituyente. Nada debe ser secreto, ni de espaldas a la ciudadanía.
Hay un “detalle” no menor, presente en todas las demandas ciudadanas, y que fuera muy patente durante el estallido social, y luego convenientemente enmascarado por el Gobierno tras el Plebiscito. Nos referimos a todo aquello que la ciudadanía manifestó fehacientemente en las calles. Entre otros aspectos nos referimos a los siguientes:
- Congelar por un año los precios de los servicios básicos del agua, luz, gas, combustibles y telefonía / internet.
- Gratuidad inmediata del transporte público para estudiantes y tercera edad.
- Inmediata eliminación del IVA al consumo individual de una canasta de productos básicos, entre ellos: pan, leche, azúcar, aceite, arroz.
- Cese inmediato de toda negociación internacional que comprometa la adopción de políticas públicas.
- Inmediata reducción en un 50% de los altos sueldos públicos, dietas parlamentarias. Eliminación de las dietas y privilegios a expresidentes de la república.
Y, finalmente, un elemento no menor para asegurar el acceso de toda la ciudadanía a la democratización del país: inamovilidad laboral mientras dure el proceso constituyente, tanto para el sector público como privado. Esto con el objeto de evitar persecuciones y despidos, salvo aquellos casos que se vinculen directamente con delitos.
GENTILEZA DE DOBLE CLIK