Raúl Martínez sábado 10 de julio 2021 12:31 hrs. Radio Uchile
El fallecimiento de Pablo Marchant Gutiérrez en Carahue a manos de Carabineros, provocó declaraciones de todo el ambiente político condenando el hecho y lamentando que se registre un hecho tan grave a sólo horas de emitida una declaración de la Convención Constituyente pidiendo la desmilitarización del Wallmapu.
Las primeras informaciones la tarde del viernes daban a conocer que el comunero mapuche fallecido en la comuna de Carahue, en la Región de la Araucanía, era hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. Sin embargo, fue el propio dirigente el que se encargó de desmentir esta situación luego de concurrir al Servicio Médico Legal para verificar la identidad del joven, quien finalmente resultó ser Pablo Marchant Gutiérrez.
El hecho generó reacciones de todos los sectores, entre ellos de la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, quien durante la noche del mismo día viernes advertía que la violencia en el Wallmapu afectaba el desarrollo de la entidad que dirige.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Loncon comentó que “ayer sacamos una declaración contra la militarización del Wallmapu, firmada por mayoría de votos de los convencionales constituyentes. Y una de las razones de esta declaración es justamente solicitar que exista un ambiente que nos permita construir lo que estamos mandatados de manera que permita hacerlo. Pero si vamos a tener la represión de la policía y se va a continuar en esta lógica, no se están dando las garantías para que la discusión y el debate se instale”.
Loncon recordó que “los derechos de las naciones originarias aún no están instalados y las organizaciones que las demandan no pueden ser perseguidas. Hay que investigar. No conozco completamente la información, pero en primera instancia lo que nos corresponde a todo Chile es condenar la muerte por balas de Carabineros”.
En esa misma línea, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, criticó durante la mañana de este sábado lo que calificó como ausencia del Gobierno frente a un hecho tan grave como la muerte de un joven.
En la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado exigió una “investigación profunda y transparente sobre la muerte del weichafe”, al tiempo que emplazó a que “las circunstancias en que fue asesinado el weichafe deben ser clarificadas, sobre todo porque según sabemos Pablo Marchant tenía disparos en el rostro”.
Nuyado agregó que “también exigimos saber de dónde salió la información falsa, de que el weichafe muerto era Ernesto Llaitul” y subrayó que “aquí Carabineros y la Fiscalía deben decir claramente quién hizo correr esa información. Además, el gobierno debe de una vez por todas responder a las demandas del Pueblo Mapuche, no queremos que sigan muriendo nuestros weichafe, por buscar la restitución de nuestras tierras”.
Desde la Convención Constituyente también hubo reacciones, como de Camila Zárate, convencional por el Distrito 8, quien, en conversación con nuestro medio, dijo que “este ambiente de impunidad y prisión política con la revuelta social, así como este ambiente de militarización del Wallmapu, no permite que existan garantías democráticas para poder desarrollar de buena manera el trabajo que se nos ha encomendado de redactar una nueva constitución. Por lo mismo es que el día de ayer con una amplia mayoría, aprobamos una declaración que instruye al poder constituido a dos cosas. En primer lugar, al Poder Legislativo llevar adelante la Ley de Indulto y, por otro, al Poder Ejecutivo la desmilitarización del Wallmpu”.
Consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, el convencional por el Distrito 2 Hugo Gutiérrez, señaló que “la muerte del comunero mapuche es solo una expresión más de la tragedia que existe en esa región donde cuesta que el Estado chileno entienda de que ahí hay un pueblo que está luchando por su soberanía territorial y sobre sus recursos naturales que ellos entienden que están siendo usurpados permanentemente por empresas privadas a quien el Estado nación chileno le permite justamente la usurpación”.
El abogado especialista en temas de derechos humanos recordó que la declaración emanada de la Convención Constituyente “no solo incluyó la libertad de los presos políticos del estallido social, también consideramos que era fundamental tener una declaración y una expresión de intenciones respecto a que la violencia debería terminar en el Wallmapu, particularmente, lo que uno puede caracterizar como un terrorismo de Estado que existe en esa región de ya muchas décadas, si es que no siglos”.
En tanto, desde Renovación Nacional condenaron lo que calificaron como un “atentado terrorista de la CAM” para luego expresar su respaldo al trabajador forestal Ceferino González, quien resultó herido durante el hecho en el predio ocupado por Forestal Mininco.
Junto con criticar a sectores de oposición y respaldar la labor de Carabineros, desde RN llamaron al Ministerio Público a “actuar con especial cautela y diligencia, pues no nos parece oportuno el realizar imputaciones sin antes desarrollar diligencias investigativas indispensables para formarse un juicio cabal de los hechos”.
Organismos de derechos humanos y políticos también se manifestaron ante esta situación que nuevamente deja a un comunero mapuche muerto a manos de Carabineros y que se suma a la luctuosa lista de jóvenes asesinados en el marco de las reivindicaciones territoriales de ese pueblo ancestral.
GENTILEZA DE RADIO UCHILE