Fernando García Díaz -  16 de octubre 2021 – PARA UTE-NOTICIAS

Hace dos años, demandas populares que se venían manifestando desde hacía años con absoluta claridad, -educación gratuita, laica y de calidad, no más AFP, fin del patriarcado, nueva Constitución, entre otras- estallaron en una seguidilla de movilizaciones de masas como hacía décadas que no se había producido, generando un proceso de cambios, acelerado a niveles inimaginables hasta el día anterior a ese ya famoso 18 de octubre. Este nuevo 18 de octubre encuentra a nuestro país en medio de un período transformador profundo, -el más relevante por décadas- que se propone modificar de manera radical aspectos esenciales de nuestra sistema social, superando el neoliberalismo, por un lado, y por otro, terminando con lo que ha sido la matriz histórica del Estado y la sociedad chilena, y con ello, modificando sustancialmente algunos elementos centrales de lo que ha sido hasta hoy el modelo hegemónico capitalista en nuestro país.

La superación del neoliberalismo, impuesto en nuestro país a sangre y fuego por la dictadura cívico militar significa, entre otras cosas, recuperar el Estado, hasta el día de hoy en manos de privados, terminar con la mercantilización de los derechos –que desde el momento que sólo están disponibles para quien los puede comprar dejaron de ser derechos para transformarse en mercancías- terminar con la sobre explotación de la mano de obra, recuperar las riquezas naturales de todos los chilenos, eliminar la concentración de la riqueza, establecer una sociedad solidaria, ecológicamente sustentable, etc.

Pero como se pudo apreciar desde el primer momento en que se masificaron las movilizaciones sociales de octubre de 2019, no sólo se buscaba superar el neoliberalismo, sino también llevar adelante un proceso profundo de revisión y modificación de nuestra identidad y de nuestro proyecto nacional, en definitiva reconstruir nuestra imagen del Estado, terminar con elementos sustanciales de su matriz histórica, como el patriarcado, el centralismo, el desconocimiento de los pueblos originarios, la intolerancia con la diversidad sexual, etc., que han formado parte de ella desde los orígenes de nuestra república.

En estas últimas materias ya se han alcanzado éxitos significativos, en los que resulta difícil pensar que se pueda retroceder significativamente, como la paridad de género lograda para la Convención Constituyente, las elecciones parlamentarias y de concejales, los escaños reservados para los pueblos aborígenes, la constatación creciente de nuestra diversidad sexual y cultural, no un solo pueblo, no una sola lengua, no una sola religión, sino varios pueblos, varias lenguas, varias religiones, aplicación especial para atender los efectos del cambio climático en la vida humana, animal y vegetal, etc.

Se trata, como se ha venido manifestado desde el primer momento, de poner término a los sistemáticos y permanentes abusos sufridos por el pueblo y luchar “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Ahora bien, la mantención y profundidad del proceso transformador en que nos encontramos no está asegurada. Por el contrario, está en permanente disputa, la que se da en forma simultánea en todos los espacios de nuestra vida social, política, y cultural, y muy especialmente en torno al Poder Constituyente, los poderes constituidos y “la calle”.

El Poder Constituyente, manifestado en la Comisión Constituyente elegida recién en los días 15 y 16 de mayo, tiene el mayor desafío, elaborar un proyecto de Constitución Política que no sólo consagre las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos sino también los mecanismos que permitan hacer exigible el desarrollo legislativo de esas aspiraciones, así como su posterior implementación práctica. Pero, además, y esto lejos de ser menor es uno de los grandes desafíos, lograr que el proyecto que propongan a la aprobación ciudadana sea percibido como la adecuada y legítima respuesta a sus demandas, y por tanto sea aprobado por abrumadora mayoría.

Después de largas y agotadoras jornadas, la Comisión Constituyente logró redactar y aprobar los cuatro reglamentos que consideró necesarios para poder desarrollar su labor, general, de ética, de participación y consulta indígena y de participación popular, y constituir las siete diferentes comisiones que abordarán los temas de fondo, a partir del 18 de octubre del presente. Para apreciar parcialmente lo que éste trabajo ha significa, recordemos que el Congreso Nacional recién electo, en 1990, demoró cuatro meses en aprobar un reglamento provisorio y sólo 4 años después logró aprobar el definitivo.

Tal como se ha podido apreciar hasta aquí, no se ha tratado de una cuestión fácil. Por el contrario, ha sido necesario un proceso complejo, originario en nuestro país, en el que nunca antes nuestros pueblos habían tomado parte en un procedimiento similar, y más aún, en condiciones aún más complicadas a como ha ocurrido históricamente en Latinoamérica, toda vez que las experiencias similares exitosas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, lo han sido bajo  el contexto de un gobierno de izquierda, que precisamente promovía ese cambio, la redacción de una Constitución, y en nuestro país se realiza bajo un gobierno de derecha que se ha opuesto sistemáticamente a ellos.

En este contexto, el Poder Constituyente, se enfrenta además a dos problemas relevantes.

El primero es una derecha económicamente poderosa, con todos los medios de comunicación de masas a su disposición, que desde el primer momento ha desarrollado diferentes estrategias para impedir las transformaciones o hacerlas simplemente cosméticas, al más puro estilo gatorpardista. Y el primer esfuerzo por parar las transformaciones que el pueblo exigía en las calles, fue precisamente, conciliar, entre gallos y medianoche, reviviendo la desprestigiada política de los consensos, la elaboración de una nueva Constitución, que en ese momento buscaba permitirle sobrevivir, que no consideraba la paridad, ni los escaños reservados para los pueblos originarios, y si un altísimo porcentaje de votación de 2/3, para aprobar los diferentes contenidos. La segunda estrategia para frenar las transformaciones fue la campaña del “Rechazo”, en la que el gobierno y sus partidarios se jugaron por evitar el triunfo del Apruebo, y una vez perdido este plebiscito, la participación en la elección de constituyentes, en donde buscaban sacar al menos 52 constituyentes, para tener el tercio que les permitiría paralizar cualquier transformación. En términos generales, la única que les ha resultado parcialmente exitosa ha sido la de los 2/3, que sigue siendo un quorum muy alto para la aprobación de los textos.

En la actualidad, y dado que no lograron obtener la votación mínima para paralizar los cambios desde dentro de la Convención Constituyente, la derecha ha desarrollado esencialmente tres estrategias para oponerse al cambio: a) la obstaculización del quehacer de la Convención, incluso con cuestiones prácticas como la falta de computadores, de espacios para que sus miembros almuercen, etc., b) el llamado “tercio móvil”, esto es, que buscarán alcanzar el porcentaje que les permite rechazar la norma intentando lograr apoyos puntuales en función de cada uno de los temas que les parezcan más relevantes y por sobre todo, c) el alcanzar un desprestigio tal de la Comisión Constituyente, que la haga perder legitimidad y que en definitiva su propuesta termine siendo rechazada por la ciudadanía. Para lograr esto no se han escatimado esfuerzos. Y si bien la propia Comisión ha colaborado con más de un evento para verse desprestigiada, básicamente lo que ha habido es un aprovechamiento por parte de la derecha de esas situaciones, o lisa y llanamente la mentira. Que los convencionales son flojos, que solicitaron aumentar sus sueldos, que la presidenta no está capacitada para el cargo, que se eliminó la consideración de “República”, de nuestro país, o que ya se decidió que no existirá libertad de enseñanza. son algunas de las afirmaciones falsas que se han difundido. A su divulgación no sólo han contribuido representantes de la derecha en la misma constituyente, (Marcela Cubillos y Teresa Marinovic, son buenos ejemplos), también parlamentarios de RN y la UDI, el propio Piñera y de manera muy especial, unas 8.000 cuentas de twiter que de manera “coordinada” se han dedicado a difamar a la presidenta y a la convención.

Pero la Convención Constituyente tiene un problema adicional, y esto es lograr que todos aquellos que fueron elegidos para implementar las transformaciones, es decir la inmensa mayoría, efectivamente tengan la voluntad de llevarlas a cabo, y con la profundidad que ello requiere. Y esto no es una cuestión que esté del todo clara, ya porque un número significativo de constituyentes pertenecen a partidos políticos cuyo compromiso con los cambios es dudoso, ya porque existiendo un alto número de independientes aún no tenemos claro cuál es su nivel de compromiso con esas transformaciones.

En el ámbito de los poderes constituidos, y especialmente en relación con los poderes ejecutivo y legislativo, la lucha por las transformaciones se da en función de dos momentos. El primero, referido a lo que esos poderes representan en la actualidad y el segundo, y dada las elecciones que tenemos ya en poco más de un mes, el segundo, referido a lo que esos poderes representarán a partir de lo que dichos procesos eleccionarios entreguen. Y es que dichos poderes juegan y jugarán un rol importantísimo en la concreción de las demandas populares.

En la actualidad, si bien poco o nada podemos esperar de un presidente como el que tenemos, sumergido en su propio estiércol, es especialmente importante estar atento al recurrente uso e la violencia que desata.

Obviamente la lucha política con mayor relevancia se da en relación con las elecciones que vienen. Y es que los cambios constitucionales que la nueva Constitución consagre necesitarán ser implementados, para lo cual el rol de los nuevos poderes ejecutivo y legislativo será indispensable. Así, por ejemplo, la Constitución deberá sancionar el derecho a una educación laica, gratuita, de calidad y no sexista, a un sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas, a una atención de salud de calidad y oportuna, etc., así como los mecanismos para que su exigencia sea posible, pero la implementación de todo ello requerirá la dictación de leyes que aterricen dichas normas, así como de un gobierno que esté dispuesto a implementar dichas modificaciones.

El último escenario de esta lucha política es “la calle”, que en definitiva significa la calle, la plaza, el metro, la población, el sindicato, la universidad, los medios de comunicación, es decir, todos los espacios de nuestra vida social y política. Después de todo jamás debemos olvidar que lo avanzado hasta ahora es precisamente resultado de la lucha social y política desarrollada precisamente en “la calle”.

Aquí, dos cuestiones parecen esenciales, la toma de conciencia y la movilización social organizada.

Lo primero es tener clara conciencia del momento histórico que vivimos y de cómo no es exagerado decir que de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy dependerá el curso que probablemente determine gran parte de la vida política, social y cultural de los próximo 30 o 40 años en nuestro país. Y en esa perspectiva, de lo que puede ser nuestra propia vida, la de nuestros hijos y nuestros nietos.

Para ello, es preciso profundizar la lucha ideológica, hasta lograr una verdadera reforma intelectual y moral de la sociedad, en la que se afirme la necesidad y la posibilidad del cambio. Debemos ser capaces de erradicar de nuestro pueblo ideas como que “los pobres siempre han existido”, los empresarios “dan trabajo”, los “políticos son todos corruptos”, “salga quien salga tengo que trabajar igual”, que son algunas de aquellas expresiones que dan cuenta de esa visión que consagra y legitima un modelo que se presenta como el ideal “para todos”, el único que asegura gobernabilidad, el que permite el desarrollo económico que el país necesita.

Se trata de generar una verdadera voluntad nacional-popular que reúna al mayor número de personas, trabajadores, estudiantes, pobladores, jóvenes, mujeres, organizaciones y movimientos sociales, que logren pasar de personas, clases sociales o movimientos “en sí”, a personas, clases sociales o movimientos “para sí”. En el decir de Abraham Lincoln, que la democracia efectivamente sea un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Esta nueva perspectiva, que debemos aspirar a que se transforme en verdadera hegemonía intelectual, que en algunos momentos se ha manifestado con fuerza en estos días, ha desatado ya la furia de la derecha, como por ejemplo lo muestra día a día El Mercurio, indudable órgano oficial del “Rechazo”.

El otro elemento esencial de la lucha por los cambios, y que se integra plenamente con la lucha ideológica, es la movilización y organización del movimiento de masas.

Por un lado, si estamos ideológicamente convencidos de la necesidad de las transformaciones, debemos exigir, en las diferentes instancias en que nos desenvolvemos, que ellas se lleven a cabo, organizando y participando de aquellas movilizaciones que precisamente las promueven. Por otro, las movilizaciones sociales van a su vez generando conciencia social y política, es decir, constituyen también elementos que aportan, y de manera significativa, a la formación de esta nueva identidad ideológica.

Las movilizaciones sociales debieran ir dirigidas esencialmente a dos asuntos, en el próximo y complejo proceso electoral, a apoyar a aquellos candidatos que se han manifestado claramente partidarios de las transformaciones que necesitamos, pues hoy más que nunca es imprescindible elegir un Presidente de la República que esté a la altura de los tiempos y a aquellos parlamentarios que den garantías de estar comprometidos con los cambios profundos que requerimos.

Pero eso aún no basta, se hace imprescindible politizar al país en torno al desarrollo de la convención, que todos estemos atentos a los temas que se debaten, a las posiciones que los diferentes constituyentes van desarrollando y que, “rodeando la convención”, seamos capaces de manifestar nuestro apoyo a aquellas decisiones que van encaminadas en la línea de las transformaciones profundas que nuestros pueblos exigen, y si es necesario, haciéndoles saber nuestra molestia cuando las decisiones que quieran adoptar no lo hagan. En este sentido, las diferentes organizaciones sociales debieran tener la capacidad de estar en la calle mientras los temas que directamente las afectan se estén discutiendo.

Esto requiere superar los escasos niveles de organización que se vieron hace dos años. Así, por ejemplo, los apoderados, los alumnos, los profesores, debieran discutir, ya sea en cabildos abiertos u otro tipo de…. los diferentes temas que sobre la educación les preocupan, hacerse oír en las comisiones que los aborden, asegurando la participación de sus representantes, entregando sus propuestas a la comisión, pero también estando masivamente en las calles cuando los temas se deban votar. Algo similar debiera ocurrir cuando se vea cada derecho, cada tema que resulte relevante. Después de todo, sólo el pueblo movilizado y organizado es la única garantía que tenemos.

Por ello, la celebración de este 18 de octubre nos debiera encontrar, Unidos y Luchando.

Santiago, 16 de octubre de 2021.