Lun Lee - 30/04/2024 – Interferencia.cl
El ministro de Justicia había sugerido la renuncia de Yáñez. El denominado 'criterio Tohá', que insta a las autoridades a renunciar ante procesos judiciales para no entorpecer la labor de las instituciones, lo presionaba también. Además, lo ocurrido con el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, también influyó. Sin embargo, el contexto cambió con el asesinato de tres carabineros y la formalización en contra de Yáñez se aplazó. Así, continuará en el cargo por los próximos meses a tan solo días de que su salida fuera prácticamente un secreto a voces.
El asesinato de tres carabineros la madrugada del sábado coincidió con tres hechos que revisten la situación de un contexto particular. El primero de ellos, el aniversario de la institución policial el 27 de abril que se tiñó con el crimen de los funcionarios. El segundo, la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, imputado por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social y, tercero, la lectura de sentencia de Héctor Llaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
No obstante, fue la formalización de Yáñez —que acabó aplazándose según lo confirmó el propio fiscal nacional, Ángel Valencia—, fue la que mayores roces generó al interior de las filas oficialistas, pues no hubo consenso político respecto a si la decisión tomada iba en la línea correcta. Según Valencia, la decisión de aplazar responde a "las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación".
Así, la audiencia de formalización de Yáñez, junto con los ex generales Mario Rozas y Diego Olate quedó fijada para el 1 de octubre a las 09:00 horas. Es decir, cinco meses después, ya que inicialmente estaba programada para el próximo 9 de mayo.
Desde el Gobierno, antes de conocerse la decisión de aplazar, hubo respaldo a dicha decisión. “Todos somos necesarios, por cierto, lo es también el general Yáñez“, afirmó Boric. "En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). "Es una acción [...] que se entiende y es de sentido común, tenemos un contexto distinto a lo que teníamos la semana pasada", acotó la ministra Vocera, Camila Vallejo (PC).
En tanto, Yáñez señaló sobre su propia renuncia que "las decisiones se tomarán en su minuto, tal como lo señaló el Presidente. La tomaré con él". Hasta antes del asesinato de los tres carabineros, la renuncia era prácticamente un secreto a voces y así lo anunciaban distintos medios de prensa.
En parte, la renuncia de Yáñez al cargo se entroncaba además con la denominada 'doctrina Tohá' (o 'criterio Tohá'), que insta a autoridades enfrentadas a la justicia a abandonar su posición antes de un procedimiento legal de estas características. Además, más atrás en el tiempo, fue el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, quien afirmó sobre Yáñez que "esperaría que evaluara su renuncia antes de ser formalizado". Las palabras del secretario de Estado luego fueron matizadas por Vallejo, quien indicó que se referían a una "opinión personal".
Así, el tablero cambió para Yáñez pero las críticas no se hicieron esperar para los sectores oficialistas, que, desde su rol como oposición en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, fueron regios promotores de la formalización del general director.
El tablero cambió para Yáñez pero las críticas no se hicieron esperar para los sectores oficialistas, que, desde su rol como oposición en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, fueron regios promotores de la formalización del general director.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue uno de los primeros en referirse a la formalización de Yáñez. "Yo no he dicho que el gobierno haga tal o cual. No soy yo quien va a intervenir, sino que me parece que el general director, pensando en la institución debiera tomar una decisión él mismo", dijo el timonel oficialista. En esa línea, el bloque parlamentario del partido tomó una línea más directa, la diputada Lorena Pizarro, señaló que "cuesta creer el nivel de descaro para perpetuar la impunidad en un país herido por la falta de justicia". "Dejar impunes a quienes cometieron o fueron parte de graves violaciones a los DD.HH. no solucionará la situación de seguridad", añadió el diputado Matías Ramírez, mientras que la diputada Carmen Hertz, agregó que "una vergüenza de decisión […] Peligroso para la institucionalidad".
La diputada Alejandra Placencia (PC), también cuestionó la decisión y señaló que "llama profundamente la atención que la Fiscalía pida más plazo para la defensa en medio de este contexto y cuando lo que le corresponde es ser el ente persecutor. No hay ningún elemento hoy día que nos permita decir que hay algo nuevo en esta solicitud de postergación y yo preferiría de antemano no asumir que se está actuando con un criterio político".
Así, la posición del bloque Apruebo Dignidad estaba clara, sin embargo, la otra alma del Gobierno tiene una postura distinta. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, sostuvo que "vamos a respetar la institucionalidad y apoyar todas las decisiones que tome el Presidente de la República". Desde el PPD, fue el diputado Raúl Soto quien se refirió a la decisión. "Si el Gobierno decidió respaldar la posición de la Fiscalía de postergar la audiencia de formalización [..] lo mínimo es que generemos unión al interior del oficialismo para respaldar esa medida".