Jorge Molina Sanhueza - 29/04/2024 – Interferencia.cl
En la acción legal, el organismo asegura que existió “un entramado de conductas dolosas”, que perjudicaron los intereses del fisco, tal como lo estableció una auditoría secreta de Cochilco, sobre un contrato de mantención del horno de la División Chuquicamata. El organismo detalla que la empresa que ganó la licitación fue favorecida desde que se ingresaron las ofertas al sistema.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por el delito de fraude al fisco en contra de quienes resulten responsables en Codelco, luego que una auditoría desarrollada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), acreditó que producto de “un entramado de conductas dolosas”, altos funcionarios de la estatal afectaron al patrimonio de la empresa en $12.800 millones. Lo anterior, en el marco de un proyecto para la mantención periódica del “horno flash” de la División Chuquicamata (DCh), que permite -previa fundición y separación de diversos metales extraídos- obtener concentrado de cobre de alta ley.
La acción legal que publica Interferencia, fue ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo contenido revela serias irregularidades en la adjudicación a la empresa Outotec, la ejecución del trabajo, pagos sin justificación e incluso sugiere la existencia de coimas a funcionarios de la minera, sin mencionar nombres ni cargos. Se colige por el monto, que no se trata de mandos medios.
Los hechos se remontan a 2017 cuando se resolvió la limpieza del horno, bajo la administración como presidente del directorio de Nelson Pizarro.
Para realizar el enfriamiento de la maquinaria, limpieza y su puesta en marcha, existían dos fórmulas. La primera (“metodología tradicional”) costaba $3.800 millones donde junto a Outotec participaría personal de Codelco.
La segunda opción (“metodología adicional propuesta”), en tanto, tenía un costo de $12.445 millones que realizaría la empresa por el mismo servicio pero de forma integral, sin que Codelco participara. La idea es que el horno estuviera la menor cantidad de tiempo detenido para no afectar los ingresos de la estatal.
¿Error?
A la licitación se presentaron tres empresas: Outotec (hoy fusionada con la multinacional china Metso), Hatch y Steel. Siguiendo las bases de licitación, todas debían cumplir con requisitos técnicos y económicos los que serían revisados por sendas comisiones evaluadoras.
En el libelo, asegura el CDE, todo comenzó al momento de la postulación, porque en tres oportunidades se modificó la fecha de entrega de ofertas. La que aparentemente era la última, quedó establecida para el 30 de enero de 2017 a las 16.00. Hutch presentó su documentación el 29 y Steel el 30 a las 14.55, cumpliendo en tiempo y forma.
Sin embargo, hubo un cuarto cambio realizado por la gestora del contrato Pamela Campos a las 10.58 am del mismo 30 de enero de 2017, “es decir, cinco horas antes del vencimiento del plazo”, relata el CDE.
Para los efectos de la querella, el organismo explica que a las 11.38 am y 12.04 pm de este último día, Outotec envió dos correos electrónicos donde aseguraba tener supuestos problemas para subir la oferta al portal.
En este sentido, destaca la presentación, Outotec fue favorecida pese a que ingresó su oferta a destiempo, ganando el proyecto por más de $8.400 millones con una duración de cuatro meses, deslizando que la coincidente demora le habría permitido conocer con antelación las propuestas de la competencia.
En el historial de oferentes quedó registrado que a las 14.07 pm se creó el perfil de Outotec para que el sistema -supuestamente malogrado-, acogiera los documentos. Sin embargo, la acción legal hace hincapié en un detalle: la propuesta de la compañía quedó verificada el 1 de febrero y la modificación nunca fue informada al resto de los participantes como indicaban las bases.
En este sentido, destaca la presentación, Outotec fue favorecida pese a que ingresó su oferta a destiempo, ganando el proyecto por más de $8.400 millones con una duración de cuatro meses, deslizando que la coincidente demora le habría permitido conocer con antelación las propuestas de la competencia.
Codelco, apunta el CDE, eligió a la compañía mencionada y la “metodología adicional propuesta”, luego que el entonces Superintendente de Mantenimiento de la División Chuquicamata, rechazara la “tradicional”, pues la consideró inviable, “por no contar con el personal necesario para ejecutar el plan de mantenimiento”. La supuesta decisión, “no se encuentra documentada”.
Para cumplir las labores licitadas (enfriado, limpieza y puesta en funcionamiento) Outotec subcontrató los servicios de Ale Heavylift que no dio los resultados esperados, debiendo recurrir a los empleados de Codelco.
Todo mal
Para construir su teoría del caso en torno al fraude al fisco, el CDE aportó otros detalles para sostener que los servicios de Outotec no fueron prestados en su totalidad. Por ejemplo, que la entrega del horno para iniciar los trabajos se realizó el 15 de julio de 2017 a las 7.00 am y el personal de la compañía licitada se apersonó tres días más tarde.
Ello “implicó que Codelco debiese realizar el enfriamiento acelerado del horno con recursos propios (,,,) el proceso de enfriamiento acelerado duró desde el 16 al 20 de julio, de manera que la empresa adjudicataria participó solamente en tres de los cinco días”.
Como fuera, hubo un atraso del proyecto de 42 días en el trabajo, lo que logró ser subsanado gracias a la intervención de Codelco, reduciéndolo solo a 25. “(Estas) intervenciones (...) no hubiesen sido necesarias si el contrato hubiese contemplado cláusulas que exigieran a Outotec, ante fallas o desviaciones en el servicio, dar una eficaz y oportuna solución a su costo”, enfatiza el organismo.
Pese a todo lo anterior, Outotec de todas formas recibió pagos sin documentación por más de $5 mil millones que respaldaran lo obrado, dice el CDE, citando a la auditoría de Cochilco.
Es más, se descubrió que uno de los miembros de la comisión evaluadora mantenía serios conflictos de intereses con al menos uno de los oferentes. El CDE lo identifica como Maglio Deberdani, quien nunca presentó una declaración dando cuenta de su inhabilidad. Pudo ser un error de redacción, pero después de la revisión hecha por este medio en distintas bases de datos, la identidad no existe.
Whistleblower
Frente a los problemas acaecidos, quien dio la voz de alarma fue el gerente general de DCh, por entonces Mauricio Barraza (hoy vicepresidente de operaciones), quien solicitó una auditoría al área Corporativa de Codelco con miras a establecer irregularidades y responsabilidades internas.
Sin embargo, mientras se desarrollaba la investigación interna, Outotec presentó un reclamo a Codelco por supuestos trabajos adicionales y “una interferencia al desarrollo de los servicios”. Lo llamativo es que hubo una negociación entre ambas y se firmó un “pago de término y finiquito” por $8.150 millones. “Dicho acuerdo fue aprobado por el nivel facultado el 27 de agosto de 2018”, detalla la querella, sin mencionar quién fue el “nivel facultado”.
Finalizada esa negociación, la auditoría solicitada por Barraza vio la luz el 28 de diciembre de 2018 y solo recién se estableció que Outotec tenía responsabilidad y se le comunicarían eventuales sanciones pecuniarias.
Modalidades
Según el CDE, Codelco cometió una serie de infracciones normativas. Detalla falta de transparencia, cambios y avisos nunca ingresados al libro de obras, emisión de estados de pago sin contar con la documentación legal, pero sobre todo no cobrar multas que superan los $2,134 millones en beneficio fiscal.
Dentro de la solicitud de diligencias que debería realizar la Fiscalía Centro Norte, está la obtención de todos los documentos que expliquen la conducta de los funcionarios o ejecutivos de Codelco que participaron en el proyecto y quienes resolvieron pagar a Outotec más de $8.000 millones, entre otras.
A renglón seguido, enfatiza que el fraude al fisco tiene dos modalidades: comisiva u omisiva; “a saber: defraudar o consentir en que se defraude”.
Por esta razón, el organismo apunta que la investigación debiera dirigir sus pasos a establecer “si el beneficio pecuniario correlativo al respectivo perjuicio fiscal, fue solamente para la empresa adjudicataria, o también para los empleados de Codelco que intervinieron en dicha contratación en razón de su cargo”. O sea, si hubo cohecho y soborno. También le llaman corrupción.