By El Clarín de Chile  1 mayo, 2025  

El alza acordada entre el gobierno y la CUT apenas roza las demandas sindicales, mientras las grandes empresas celebran que todo siga casi igual.

El reciente acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre el salario mínimo marca un nuevo capítulo en una discusión histórica, pero también deja al descubierto las limitaciones del avance alcanzado. El proyecto, que será discutido en el Congreso, contempla un alza del 3,6% a partir de mayo, elevando el salario mínimo a $529.000, y un aumento posterior de 1,9% en enero próximo, alcanzando $539.000. Una cifra que, pese a representar un avance frente al piso actual de $510.536, queda muy por debajo de las aspiraciones del mundo sindical.

La CUT había propuesto un aumento mucho más ambicioso: $578.000 en 2025 y una trayectoria que llevara el salario mínimo a $1 millón en 2029, duplicando prácticamente el monto actual. Esta diferencia no es menor, porque refleja la persistente distancia entre las demandas de los trabajadores y los márgenes que el Ejecutivo y el empresariado consideran aceptables. El presidente de la CUT, David Acuña, reconoció que el alza es insuficiente, aunque subrayó que cubre parte importante de las demandas sindicales.

Paradójicamente, el empresariado recibió con tranquilidad el acuerdo. La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró la “prudencia” del aumento, calificándolo como una decisión realista ante un escenario económico débil, con baja inversión y estancamiento productivo. En otras palabras, si el gran empresariado está conforme, es porque el costo del alza ha sido mínimo en términos reales, lo que pone en duda cuánto ganan efectivamente los trabajadores en esta negociación.

El problema de fondo es estructural: en los últimos diez años, el salario mínimo real ha crecido un 46%, mientras que la productividad laboral apenas un 12%. El gran empresariado no deja de repetir este desfase, exigiendo que los aumentos salariales vayan acompañados de incrementos en productividad, pero rara vez reconoce que las ganancias empresariales han crecido a un ritmo muy superior al de los salarios o que la precarización laboral ha sido funcional a sus márgenes.

El acuerdo incluye la instalación del Observatorio de Ingresos y Costo de Vida, una instancia tripartita que busca aportar datos técnicos a futuras negociaciones. Esto podría significar un avance si efectivamente ayuda a institucionalizar la discusión salarial como una política de Estado y no como un forcejeo coyuntural cada cierto tiempo. También se acordó inyectar recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, buscando contener los precios durante el invierno, y reactivar el postergado proyecto de negociación ramal, que promete transformar el panorama laboral, aunque sigue esperando turno en el Congreso.

En resumen, el aumento del salario mínimo es un paso adelante, pero apenas eso: un paso. Si el empresariado respira aliviado, es porque el peso del acuerdo recayó, nuevamente, sobre los hombros de quienes menos ganan. La meta de $1 millón en 2029 planteada por la CUT es, hasta ahora, solo una aspiración lejana, pero señala el camino de lo que aún queda pendiente en la lucha por una distribución más justa del ingreso.

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