Crónica Digital 23 agosto, 2025

Frente a la proliferación de los negacionismos, parece necesario hacer una reflexión sobre la reciente polémica generada desde el comando de Evelyn Matthei, por el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. En una entrevista con CNN Chile, señaló, refiriéndose al régimen cívico–militar que encabezó Augusto Pinochet: “Para mí no era una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Y eso fue una salida negociada (…) una salida democrática”.

Respecto a ese periodo de la historia aseguró: “No estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia, y eso fue ejemplar. Porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día, por ejemplo”.

Por cierto, no era la primera vez que en el país se conocían argumentaciones de ese tipo, con el propósito de minimizar el carácter dictatorial del régimen de Pinochet, caracterizado por su perpetuación por 17 años (más de cuatro períodos presidenciales en la democracia de la actualidad) durante los cuales hubo una grave, permanente y generalizada violación a los derechos humanos. “Ninguna dictadura entrega el poder voluntariamente, ninguna ha reconocido una derrota electoral”, sostienen.

Son expresiones de “negacionismo” en el sentido del Diccionario de la Real Academia Española (RAE): “negación de determinadas realidades y hechos históricos (…) relevantes”.

FUE UNA DICTADURA

Por cierto, esas aseveraciones representan, en primer lugar, una transgresión a la lógica. Por ejemplo, el acto de dejar de ser delincuente se refiere a un cambio en el comportamiento presente y futuro. La acción de haber sido delincuente, sin embargo, es un hecho que ocurrió en la realidad. En la lógica, los eventos pasados son inmutables. El hecho que una persona haya cometido un delito es un evento histórico que no puede ser deshecho. La acción pasada permanece como un hecho.

Así las cosas, en más de una ocasión hemos escuchado a ex delincuentes y hoy cristianos evangélicos, que al presentar su testimonio de conversión por lo general señalan: “Yo fui un delincuente, pero el Señor cambió mi corazón y ahora camino en el Evangelio”.

Una dictadura se define por su naturaleza fundamental: un sistema de dirección del Estado y la sociedad en el que el poder está concentrado sin restricciones legales ni de oposición permitida. La falta de libertades, el control total del Estado y la represión a la disidencia son parte de sus características esenciales.

El Diccionario de la RAE define “dictadura” como un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Precisamente eso es lo que existió en Chile durante el régimen de Pinochet: fue una dictadura y la más prolongada desde inicios del Siglo 20.

La Junta Militar, liderada por Augusto Pinochet, derrocó al Presidente Salvador Allende por la violencia y transgrediendo el orden constitucional existente. De inmediato disolvió el Congreso Nacional, proscribió a los partidos de izquierda y declaró en receso a las otras colectividades, destruyó los registros electorales y suspendió la vigencia de la Constitución Política, eliminando todas las instituciones democráticas del país. Asimismo, se intervinieron militarmente las universidades e instituciones de educación, y se sometió a riguroso control a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos. Junto con clausurar los medios de comunicación afines a la izquierda, impuso un estricto control sobre todos los otros medios, que en el caso de la televisión se ejerció durante sus 17 años, eliminando y luego aplicando estrictas restricciones a la libertad de expresión y el derecho ciudadano de informarse de manera independiente. Fue un período de ausencia de un Estado de Derecho, conforme a los mínimos estándares de la teoría democrática.

Fue también un período de enorme concentración de poder: De la Junta Militar que dio el golpe de Estado, Augusto Pinochet no solo fue el comandante en jefe del Ejército, sino que asumió el título de Presidente de la República, mientras que la Junta asumía las funciones legislativas. Con un Poder Judicial que se sometió a la voluntad del régimen y renunció a su independencia, no hubo la separación de poderes que es un elemento consubstancial a la democracia. Esta centralización del poder es característica fundamental de los regímenes dictatoriales.

La Constitución Política de 1925, que fue eliminada por la fuerza, fue reemplazada por un texto constitucional cuyas bases fueron elaboradas por una Comisión que fue designada por la propia dictadura (Comisión Ortuzar), por el Consejo de Estado, cuyos integrantes también fueron impuestos por el régimen, y finalmente por la Junta Militar y el propio Pinochet. Ese proceso de elaboración se realizó en secreto y sin participación democrática, y el texto fue ratificado mediante un plebiscito que careció de las mínimas garantías de un proceso libre y transparente. Como dijo el ex Presidente Eduardo Frei Montalva en 1980: “Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos, porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad”.

Ciertamente, uno de los rasgos distintivos de la totalidad del período fueron las violaciones masivas de los derechos humanos. Una parte significativa del tiempo, la dictadura ejerció bajo estados de excepción (estado de sitio o emergencia), con medidas como el toque de queda o el control policiaco–militar, por cierto con propósitos de reprimir la resistencia y disidencia política y social. No obstante, la violación a los derechos humanos fue constante.

Hubo decenas de miles de desaparecidos, ejecutados, víctimas de prisión política y tortura, exiliados, relegados y exonerados. Se violaron todos los criterios del respeto a la dignidad humana y el debido proceso: junto con los campos de concentración de la primera etapa, se crearon centros clandestinos de detención en los que se aplicaban apremios ilegítimos y se recluía a personas arrestadas por servicios de represión, los cuales operaban en secreto y sin órdenes judiciales, y que además realizaban montajes para esconder sus crímenes. También hubo una brutal represión generalizada e indiscriminada, en particular en los meses posteriores al Golpe de Estado y luego desde 1982–1983 cuando irrumpió la protesta ciudadana el espacio público.

Estos hechos fueron denunciados en su momento por la Iglesia Católica bajo la orientación del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Hoy están acreditados por el Estado de Chile. Se registran al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura,​ 2298 ejecutados y 1209 detenidos desaparecidos. ​

No hay nada que puede eliminar esos hechos de la memoria histórica del país y acreditar que en ese período hubo una dictadura.

Aunque el régimen militar concurrió a una negociación con la oposición moderada a fines de los 80, ello no cambia su carácter. La salida pactada puso fin al ciclo de los 17 años de dictadura, pero no redefinió su carácter. La aseveración de Sutil confunde la forma específica del proceso de término de un régimen dictatorial con la naturaleza intrínseca de aquel. Una salida negociada no contradice la naturaleza dictatorial del régimen que concurrió a esas negociaciones. La conclusión de la dictadura a través de una salida negociada no la hace dejar de haber sido una dictadura.

El hecho de que el régimen termine por un acuerdo, en lugar de por una revuelta, no cambia su naturaleza realmente existente durante el tiempo que ejerció el poder. La naturaleza intrínseca de la dictadura, con sus abusos y falta de libertades democráticas, no se borra.

LA SALIDA PACTADA

En términos politológicos, una salida negociada es un proceso político en el que los actores de la dictadura y de la oposición, o una parte de la oposición, acuerdan condiciones para el fin del régimen. Este acuerdo puede incluir aspectos como impunidad para crímenes del pasado; reformas constitucionales; cronograma de elecciones; la permanencia de ciertas instituciones o figuras del régimen anterior.

En la historia, Chile no es una excepción, como sugieren los conservadores y negacionistas. Existen otros países que han transitado de una dictadura a una democracia a través de negociaciones. En todos esos casos, a pesar de que la transición fue un proceso pactado e intrasistema, el período anterior sigue siendo reconocido y estudiado como una dictadura.

Algunos casos notables de la historia contemporánea son los siguientes:

España: Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, España inició una transición a la democracia, en contradicción con los sectores más duros del franquismo que aspiraban a perpetuar sus instituciones. Este proceso se caracterizó por acuerdos y reformas políticas que culminaron con la aprobación de la Constitución de 1978. La transición fue liderada por la élite del régimen y la oposición.

La transición española fue resultado, por cierto, de la muerte del tirano. Tras la muerte de Franco, el Rey Juan Carlos I juró como jefe de Estado. Cuando nombró a Adolfo Suárez, un político proveniente del régimen, logró desmantelar las estructuras franquistas desde el interior. Su principal logro fue la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las propias Cortes franquistas y ratificada en referéndum. En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, ganadas por la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez. Luego se materializaron los Pactos de la Moncloa ese mismo año. Esto dio lugar a la redacción de una nueva Constitución en 1978 por los principales partidos políticos, aprobada en un referéndum, que estableció el Estado de las Autonomías y un sistema de libertades democráticas fundamentales. Lo más importante fue establecer que España tiene un Estado Social de Derecho. Los 46 años de franquismo quedaban atrás.

Aunque negociada, la transición dio origen a una nueva Constitución, la que consagró una democracia social y avanzada en España, establecido a partir de un proceso participativo.

Por ello, se le suele considerar una “transición modelo”, aunque desde el campo progresista se le reprocha su déficit en materia de memoria, verdad y justicia. El instrumento central fue la Ley de Amnistía de 1977, que se aprobó por consenso en las Cortes Generales. Esta ley, que entró en vigor en octubre de ese año, estableció la amnistía para los crímenes cometidos por los funcionarios del régimen franquista.

Uruguay: La dictadura cívico–militar que controló el país entre 1973 y 1985 llegó a su fin a través de una negociación entre los militares y los líderes de los principales partidos determinando las condiciones para la transición y elecciones libres.

El punto de inflexión fue el plebiscito constitucional de 1980. La dictadura, liderada por el general Gregorio Álvarez, propuso un proyecto de reforma constitucional que buscaba la institucionalización del poder militar. La población votó masivamente “No”, rechazando la propuesta del régimen. La derrota se considera el inicio del fin de la dictadura y el primer paso hacia la democratización.

Tras el plebiscito, la movilización popular ganó fuerza. Las “caceroleadas” y los “apagones” (la gente apagaba las luces en protesta) se multiplicaron. Los sindicatos y los estudiantes, agrupados en la central sindical PIT-CNT y en la FEU, jugaron rol clave. Sus manifestaciones, como la del 1º de mayo de 1983, exigieron el retorno a la democracia.

La dictadura, ya desgastada, se vio obligada a negociar. Estas conversaciones culminaron en el “Pacto del Club Naval” en 1984. En estas negociaciones, participaron la cúpula militar y representantes del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio. El pacto sentó las bases para la salida del régimen, incluyendo la convocatoria a elecciones y la amnistía para militares que cometieron crímenes en la dictadura.

Las elecciones se realizaron en noviembre de 1984: el Partido Colorado ganó con Julio María Sanguinetti. Fue el fin de 12 años de dictadura.

La transición a la democracia en Uruguay estableció un marco de impunidad para los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos a través de la Ley N° 15.848 de 1986, conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Sudáfrica: El régimen del apartheid fue desmantelado a través de un largo proceso de negociación entre el régimen minoritario blanco y el Congreso Nacional Africano (CNA), liderado por Nelson Mandela. Las negociaciones resultaron en liberación de presos políticos, abolición de las leyes raciales y primeras elecciones multirraciales.

En febrero de 1990 el Presidente Frederik Willem de Klerk anunció la liberación de Mandela, después de 27 años en prisión. También levantó la prohibición de los partidos políticos anti–apartheid, en particular del CNA.

A pesar de haber sido un líder conservador y firme defensor del apartheid, De Klerk se vio obligado a negociar por una combinación de factores. A fines de los 80, Sudáfrica enfrentaba una enorme crisis económica por los impactos de las sanciones económicas internacionales. El régimen estaba completamente aislado. Las empresas y la élite blanca entendieron que la estabilidad económica a largo plazo solo se lograría con el fin del apartheid.

La oposición interna había crecido y se había vuelto más organizada y violenta. Las protestas, las huelgas y los levantamientos en los guetos urbanos, como el de Soweto, mostraban que la represión no era suficiente.

De Klerk y Mandela iniciaron un complejo proceso de negociaciones. El 27 de abril de 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas en las que los sudafricanos tuvieron derecho a votar sin exclusiones. El CNA ganó de forma abrumadora y Mandela se convirtió en primer Presidente negro del país, luego de 46 años de régimen del apartheid.

En materia de verdad y justicia, se estableció un modelo de justicia transicional basado en una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada en 1995 mediante la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación. Uno de sus componente fue una “amnistía condicionada”, mediante la cual se ofreció amnistía a los perpetradores de crímenes graves cometidos por motivos políticos durante el apartheid, a cambio de que confesaran sus transgresiones de forma completa y verídica en audiencias públicas.

Brasil: La dictadura que controló Brasil de 1964 a 1985 terminó con un proceso gradual de “apertura”, que permitió legalizar los partidos políticos y la elección de un Presidente civil. Fue una “transición por transacción” o “por arriba”, iniciada y controlada por las propias élites militares y políticas del régimen.

El proceso comenzó bajo el régimen del general Ernesto Geisel, quien en 1974 anunció una “apertura lenta y gradual”, manteniendo el poder en las élites militares y conservadoras.

Pese al control militar del proceso, la sociedad civil y la oposición ganaron protagonismo. En 1984, el movimiento “Diretas Já” (¡Directas Ya!) estalló en las calles de las principales ciudades. Millones de brasileños se manifestaron exigiendo elecciones libres. La fuerza de la movilización erosionó la legitimidad del régimen y lo obligó a acelerar la transición.

Ante la presión popular, el régimen se vio forzado a convocar elecciones presidenciales en 1985, aunque de forma indirecta, a través de un Colegio Electoral. La oposición se unió en una coalición conocida como la Alianza Democrática, con Tancredo Neves como candidato a Presidente y José Sarney (un exmiembro del partido de la dictadura) como Vicepresidente.

Esta coalición derrotó al candidato del régimen, Paulo Maluf. La victoria de Tancredo Neves fue simbólica, pero no llegó a asumir la Presidencia, ya que murió antes de la investidura. En su lugar, asumió Sarney, quien se convirtió en el primer Presidente civil después de 21 años de dictadura, marcando el inicio de la Nueva República.

Uno de los pilares de la transición brasileña fue la Ley de Amnistía de 1979 promulgada por el último dictador, João Figueiredo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó la validez de esta ley en 2010.

La transición pactada en Chile

Como puede apreciarse, no es verdad que Chile fuera el único caso en que la salida a una dictadura fuera negociada. Tampoco es cierto que la dictadura fuera la única que reconoció su derrota en un plebiscito, más allá de la evidencia de que hubo una planificación destinada a desconocer un resultado adverso. Las transiciones pactadas o intrasistema tampoco son una concesión graciosa de las dictaduras, las que tienden a perpetuarse y en todos los casos examinados se mantienen en el poder por prolongados períodos de tiempo.

Las transiciones pactadas son resultado de hechos críticos como la muerte del tirano, una situación de ingobernabilidad del país, la presión internacional, y el desgaste del régimen por una profunda crisis económica o social. En ese contexto, la salida pactada se convierte en una necesidad, para perpetuar las instituciones impuestas por la dictadura, o a lo menos, garantizar la impunidad.

Fue el caso de Chile. La salida pactada fue resultado combinado de la crisis de gobernanza que resultó de una generalizada rebelión social, un despliegue sin precedentes de acciones armadas de enfrentamiento al autoritarismo, la crisis económica y social y la presión a nivel internacional, que en este caso se expresó en la resolución de Estados Unidos de imponer el fin a la dictadura de Pinochet mediante un proceso de negociación.

Por cierto, el hecho decisivo para posibilitar la negociación fue el resultado del plebiscito de 1988. Al respecto, no puede soslayase que fue la expresión de una ciudadanía que, a pesar de los años de represión, logró organizarse para votar por el “No” y forzar un cambio de régimen. No fue un acto que definiera la naturaleza del régimen, sino el proceso que le puso fin. Fue comparable a la rendición de un ejército: el acto de rendirse no anula el hecho de que hubo una guerra. Del mismo modo, el final pactado del régimen de Pinochet no borra el hecho de que fue una dictadura.

Por Víctor Osorio. El autor es periodista y ex Ministro de Estado.

Santiago, 23 de agosto de 2025. - Crónica Digital.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.