Por El Clarín de Chile  28 agosto, 2025

El nombre de José Zara Holger vuelve a irrumpir en la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet. El brigadier (r) del Ejército, que apenas 24 horas antes había abandonado la cárcel de Punta Peuco tras cumplir 15 años por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, fue detenido este miércoles por su participación en otro crimen de Estado: el homicidio de Ronni Moffitt en el marco del caso Letelier.

De Buenos Aires a Washington: la internacionalización del terror

Zara no fue un militar cualquiera. Integró el departamento exterior de la DINA, el aparato represivo que extendió el terrorismo de Estado más allá de las fronteras chilenas. Primero en Buenos Aires, en 1974, con el atentado que acabó con la vida del excomandante en jefe Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Luego en Washington, en 1976, con el asesinato de Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffitt, víctima directa de la bomba instalada bajo el vehículo.

El patrón es claro: atentados en el extranjero, ejecutados con explosivos, planificados desde la cúpula de la dictadura, ejecutados con redes internacionales que incluyeron al estadounidense Michael Townley. Crímenes de Estado que buscaban silenciar a quienes denunciaban la represión.

Justicia interrumpida, justicia retomada

La salida de Zara de Punta Peuco, celebrada por su familia como un retorno a la libertad, fue denunciada por los familiares de Prats como una “justicia incompleta”. La nueva detención confirma esa sensación: los procesos judiciales contra los perpetradores de la dictadura no han concluido, porque los crímenes fueron múltiples, concatenados y sistemáticos.

La orden judicial que lo aprehende esta vez no deja dudas: se lo vincula directamente con el atentado explosivo en Washington en el que murió Letelier, uno de los principales opositores internacionales al régimen, y Ronni Moffitt, ciudadana estadounidense. La investigación, que ha tenido ramificaciones diplomáticas y judiciales durante casi medio siglo, vuelve a poner en el centro la responsabilidad de agentes de la DINA que operaron bajo las órdenes de Manuel Contreras.

El peso de la historia

Zara, de 82 años, será ahora trasladado al batallón de la policía militar y puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su figura es la de un engranaje fiel de la maquinaria del terrorismo de Estado, que actuó con plena conciencia de los objetivos políticos de exterminio.

El caso Letelier, con su estallido en plena capital de Estados Unidos, demostró en 1976 la capacidad de la dictadura para exportar su violencia. Hoy, casi cincuenta años después, vuelve a recordarnos que la justicia, aunque tardía y fragmentaria, sigue persiguiendo a los responsables.

La detención de Zara reabre heridas, pero también señala que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Aun cuando algunos condenados cumplen sus penas sin aportar verdad, como denunció el propio Gobierno tras su salida de Punta Peuco, la justicia puede volver a tocar sus puertas por los otros crímenes que manchan su historial.

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