Por ANTU - 04-09-2025 - Para UTE-NOTICIAS
La democracia chilena atraviesa un momento de fragilidad. A pesar de haberse consolidado como un régimen formalmente estable desde el retorno a la democracia en 1990, su legitimidad se encuentra erosionada por una ciudadanía que percibe crecientes abusos por parte de las élites económicas y políticas. Las colusiones del papel tissue, las farmacias y el pollo han marcado la memoria colectiva como ejemplos de cómo el mercado, en ausencia de una regulación fuerte, puede transformarse en un espacio de abuso sistemático contra consumidores indefensos.
En este contexto, la eventual llegada de José Antonio Kast a la presidencia acompañada de asesores como el economista Juan Andrés Quiroz (quien defendió públicamente la colusión empresarial) abre un escenario particularmente preocupante. Lo que está en juego no es únicamente un modelo económico ultraliberal, sino la normalización de la captura empresarial del estado, con efectos directos sobre la justicia social, la cohesión democrática y la legitimidad de las instituciones.
Un eventual gobierno de Kast con asesores de esta naturaleza representaría un retroceso en términos democráticos y de justicia económica, pues tendería a legitimar los abusos del gran capital, debilitar los organismos reguladores y profundizar la brecha entre élites y ciudadanía. Se distinguen entre otras cuestiones: la normalización de la corrupción empresarial, la captura del estado por el gran capital y los riesgos sociales y democráticos de este proyecto político.
1.-La normalización de los abusos empresariales
Uno de los pilares de cualquier democracia sana es la existencia de un marco ético compartido: aquello que se reconoce como aceptable y lo que se sanciona como abuso. La defensa de la colusión empresarial por parte de economistas cercanos a Kast como Juan Andrés Quiroz quiebra este marco, pues relativiza delitos que han tenido un impacto directo en la vida cotidiana de millones de chilenos. La colusión del papel tissue, conocida como “la colusión del confort”, es un caso emblemático. Durante más de una década, las empresas CMPC y SCA manipularon los precios de un producto básico para toda la población. Este hecho no solo afecto a las familias, sino que socavo la confianza ciudadana en el mercado y en las instituciones encargadas de proteger a los consumidores.
Defender la colusión bajo el argumento de que “el mercado se autorregula” implica validar la impunidad y reforzar la credibilidad en que el lucro se antepone al bien común. En las sociedades neoliberales la lógica del rendimiento y de la eficiencia termina colonizando todos los ámbitos de la vida, incluso la ética. Lo que debiera ser condenado como el abuso pasa a ser justificado como simple “estrategia competitiva “.
En un gobierno como el aspira Kast está el riesgo de flexibilizar las sanciones, y también de legitimar socialmente los abusos, lo que constituye un deterioro cultural profundo.
2-La captura del Estado por el gran capital
'Por qué fracasan los países? Las instituciones extractivas son aquellas que sirven a una élite económica y política para perpetuar su poder, mientras las instituciones inclusivas amplían derechos y participación. Chile, desde la dictadura de Pinochet, ha convivido con un diseño institucional que favorece a los grupos empresariales, en gran medida gracias a un Estado reducido y con escasa capacidad regulación. Con José Antonio Kast en la presidencia, este sesgo se profundizaría. Su programa se orienta a disminuir la carga tributaria a los grandes empresarios, privatizar áreas estratégicas y reducir aún más el rol del Estado. En este marco, contar con asesores que han defendido la colusión empresarial es un indicio claro de que el estado no se fortalecería como árbitro neutral, sino que se transformaría en cómplice de los interese privados.
La llamada “puerta giratoria” entre empresas y Estado ya existe en Chile, exministros de Hacienda que luego asesoran bancos, directores de empresas que pasan a ser parlamentarios, y técnicos que diseñan leyes con nombres y apellidos de conglomerados económicos son parte de esta dinámica. Lo que se anticipa con Kast es la profundización de este fenómeno, bajo la premisa de que el estado es un obstáculo para el emprendimiento y no un garante del bien común.
3.-El debilitamiento institucional y sus consecuencias
En la práctica, esto implicaría desarmar o debilitar organismos de control como la fiscalía nacional Económica, el SERNAC o la Comisión para el Mercado Financiero. La historia chilena demuestra que cuando estos organismos pierden atribuciones, las colusiones y fraudes se multiplican. Basta recordar que la sanción por la colusión del papel tissue no contemplo cárcel efectiva, generando la sensación de que los delitos de cuello y corbata no reciben castigo proporcional, o simplemente no reciben castigo.
Si un gobierno no solo acepta esta realidad, sino que la justifica ideológicamente, el mensaje hacia la ciudadanía es devastador: robar en grande no solo es rentable, sino también tolerado por el poder político. En este sentido, la desigualdad no se expresa únicamente en ingresos o riqueza, sino también en la aplicación diferenciada de la justicia.
Como lo mostró el estallido social de 2019, esta percepción de abuso acumulado puede desembocar en estallidos de gran magnitud. La frustración de una sociedad que se siente sistemáticamente engañada y desprotegida frente al poder económico es un factor de inestabilidad política que no se puede ignorar.
- Impacto en la cohesión democrática
La democracia no se sostiene únicamente en elecciones periódicas, sino también en la confianza ciudadana de que las instituciones actúan en defensa del interés general. Cuando esta confianza se erosiona, se abre el espacio a la apatía, la rabia o incluso la violencia.
La eventual llegada de Kast, con un equipo que relativiza la corrupción económica, consolidaría la percepción de que la democracia chilena funciona como un dispositivo para blindar a las élites más que como un espacio de representación ciudadana. Esto refuerza lo que han denominado la “democracia del espectáculo” en la que el voto se transforma en un mecanismo de manipulación más que en un acto de soberanía popular.
En otras palabras, lo que estaría en riesgo no es solo el modelo económico, sino la legitimidad del sistema democrático en su conjunto.
5.- Amenaza a la institucionalidad y a los controles democráticos.
Kast ha manifestado en más de una ocasión que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”. Pretende gobernar por Decretos. Estas declaraciones generaron críticas transversales, incluso desde su propia coalición, al considerarse una visión autoritaria que menoscaba la separación de poderes. La diputada Ximena Ossandón advirtió que esa idea es propia de gobiernos autoritarios.
6.- Relaciones con la ultraderecha y nostalgia pinochetista.
Kast, aunque niega ser pinochetista, ha defendido públicamente la dictadura: reveló que dudaba de las acusaciones contra violadores de derechos humanos como Miguel Krassnoff y afirmó que, de estar vivo, Augusto Pinochet votaría por él. Además, fue fotografiado junto a un peón con camiseta que aludía burlescamente a la “Caravana de la Muerte”, lo que encendió críticas y controversias. Estas actitudes generan alarma por la rehabilitación simbólica de un régimen marcado por violaciones a los derechos humanos.
7.-Riesgos autoritarios y socavamiento de libertades.
Un informe de CIPER señala preocupantes actitudes de liderazgo autoritario: falta de compromiso con las reglas democráticas, deslegitimación de adversarios, tolerancia a la violencia y predisposición a coartar libertades. Sumado a ello, su retórica agresiva y polarizadora potencia contextos de inestabilidad política y erosión de la convivencia democrática.
8.- Propagación sistemática de desinformación.
Kast ha sido vinculado a la difusión repetida de "noticias falsas". Por ejemplo, promovió falsedades sobre la aprobación del aborto en un constitucional, manejó informaciones falsas sobre una supuesta muerte ignorada por el INDH, y divulgó rumores acerca de la salud mental de Boric. Otro ejemplo es la inmoral campaña contra la candidata de su propio sector Evelyn Matthei.
9.- Polarización política y fragmentación social.
Kast dificulta la construcción de acuerdos esenciales para el desarrollo nacional. Su estilo abrasivo y su rechazo al diálogo profundizaran la polarización, con consecuencias económicas, políticas y sociales negativas En el proceso constituyente, su decisión de imponer un texto radical y rechazar acuerdos amplios fue vista como torpe y desgastante para la convivencia institucional. Cuando se siente ganador, no articula poder, lo sabotea”, aplastando incluso a aliados próximos como Kaiser o Marinovic y demostrando una incapacidad para construir liderazgo compartido.
10.- Riesgos a la cohesión social y derechos civiles.
En un entorno de creciente inseguridad y autoritarismo, las propuestas de Kast —centradas en mano dura— podrían oxigenar tendencias represivas e intolerantes, especialmente hacia grupos históricamente vulnerados. Su retórica contra el movimiento feminista, referirse a “ideología de género” como agenda impuesta y su vinculación con grupos internacionales anti-LGBTIQ+ Esto sugiere un gobierno menos inclusivo y más ideológico, que amenaza la diversidad y la igualdad de derechos.
11.- Distinguidos Honorables posibles de ser ministros, su currículum, y sus riesgos de corrupción.
| Ministerio / Cargo | Nombres Probables | Riesgos de Corrupción / Vulnerabilidad | Ejemplos o Mecanismos Posibles |
| Hacienda / Economía | José Luis Daza, Sebastián Claro, Eduardo Guerrero | Favorecimiento de empresas, evasión fiscal, adjudicación de subsidios sin control | Reducción de impuestos corporativos, incentivos a grandes grupos, desregulación financiera |
| Salud | Paula Daza | Contratos con clínicas privadas, manejo discrecional de recursos públicos | Asignación de fondos a prestadores privados, favoritismo en licitaciones de hospitales |
| Interior / Seguridad Pública | Evelyn Matthei / Cristián Araya | Militarización selectiva, contratos con proveedores de seguridad, desvío de recursos | Estado de excepción en La Araucanía, compra de equipamiento y servicios de seguridad sin licitación |
| Mujer y Equidad de Género | Marcela Sabat | Asignación discrecional de programas, recorte de fondos con criterios políticos | Programas sociales y presupuestos para ONG y ministerios vulnerables a favoritismos |
| Segundo Piso / Segpres | Cristián Valenzuela, Marco Antonio González, Arturo Squella | Influencia política sobre leyes y nombramientos, nepotismo | Colocación de aliados ideológicos en cargos estratégicos y fiscalización débil |
| Coordinación Económica / Empresariado | Jorge Quiroz + equipo de confianza | Captura del Estado, favoritismo empresarial, conflictos de interés | Facilitar contratos y licitaciones a empresas cercanas, protección frente a sanciones |
| Educación | Técnicos UDD / Universidad de los Andes | Privatización de recursos, favoritismo en subvenciones | Asignación de subvenciones escolares y universidades privadas sin control transparente |
| Medioambiente / Energía | Técnicos pro-minería y forestales | Licencias ambientales a empresas, evasión de normas de impacto ambiental | Permisos de explotación, reducción de sanciones a industrias extractivas |
| Conflicto Mapuche | Exmilitares o políticos duros | Uso discrecional de recursos militares y policiales, violaciones de derechos | Estado de excepción, asignación de fondos para seguridad sin fiscalización |
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