EDITORIAL: 26 DE OCTUBRE 2025

Análisis del fallo en el caso SQM desde la perspectiva de Carlos Gajardo y Mauricio Daza

El reciente fallo judicial en el caso SQM ha sacado a la luz una serie de cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial chileno en la lucha contra la corrupción, especialmente cuando se trata de delitos cometidos por políticos y grandes empresarios. Desde la mirada crítica del ex fiscal Carlos Gajardo y del abogado querellante Mauricio Daza, este fallo no solo refleja una resolución jurídica particular, sino que revela un fallo estructural que agudiza la percepción de impunidad en el país.

Para Gajardo, quien ha dedicado gran parte de su carrera a investigar y denunciar casos de corrupción, el fallo representa un retroceso en los esfuerzos por instaurar una justicia que sancione con eficacia las conductas ilícitas relacionadas con el financiamiento ilegal de campañas y delitos económicos. Considera que no hay una auténtica voluntad institucional para sancionar a quienes aprovechan su influencia y recursos para evadir la ley. La decisión, en su opinión, envía un mensaje desalentador: que la impunidad continúa siendo la norma para los poderosos, fortaleciendo un círculo vicioso en el que las élites permanecen impunes.

Por su parte, Mauricio Daza ha sido claro en calificar la decisión como “inverosímil”. Él señala que, pese a que la empresa SQM reconoció el financiamiento ilícito, el fallo exime de responsabilidad a sus responsables, enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía. Daza advierte que este tipo de decisiones refuerzan el “manto de protección” que tradicionalmente ha beneficiado a los actores políticos y económicos con mayor poder, perpetuando una cultura de tolerancia.

Ambos coinciden en que el fallo agrede la percepción pública respecto a la justicia, alimentando la sensación de que en Chile los delitos de alta corrupción simplemente no están penados o, peor aún, que existen mecanismos que diluyen la responsabilidad de los responsables. Esta percepción es profundamente dañina para la confianza en las instituciones y para la legitimidad del Estado de Derecho. La justicia, que debería ser un pilar fundamental de la democracia, en estos casos aparece como un sistema que, en la práctica, favorece a  políticos y grandes empresarios corruptos.

Este escenario, además, tiene implicancias más allá del caso particular. Refuerza la idea de que los delitos relacionados con financiamiento ilegal, sobornos o lavado de dinero son considerados “daños colaterales” de un sistema que prioriza los intereses de las élites económicas y políticas. La sensación de que existe una “justicia a medida” produce una desafección social, desmotiva a quienes luchan por mayor transparencia.

El fallo no solo refleja un problema judicial, sino un desafío democrático que requiere acciones concretas para revertir la tendencia de impunidad. Es imprescindible impulsar reformas profundas en el sistema judicial que garanticen mayor autonomía, independencia y transparencia. La creación de mecanismos efectivos de fiscalización, sanción y control son urgentes para que los delitos de corrupción sean perseguidos y sancionados. No basta con denunciar y evidenciar los delitos, es fundamental que las leyes y su aplicación sean efectivas, con sanciones ejemplares que sirvan como disuasivo real para quienes consideran que pueden actuar por sobre la ley.

Además, es fundamental fortalecer la cultura de la transparencia y la participación ciudadana, promoviendo una mayor vigilancia social y mayor responsabilidad de los actores políticos y económicos. Solo mediante un compromiso genuino de todos los poderes del Estado, junto con un sistema judicial reformado y comprometido, será posible recuperar la confianza de la ciudadanía y construir un país en que la justicia realmente prevalezca.

En respuesta a la percepción de impunidad que enfrentan políticos y empresarios de altos niveles, diversos países han llevado a cabo reformas judiciales dirigidas a fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia, implementar mecanismos de rendición de cuentas y reducir la influencia de los actores políticos en los procesos judiciales. Estas reformas buscan garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su nivel socioeconómico o influencia política, sean sometidos a la ley, promoviendo la justicia, la lucha contra la corrupción y la consolidación de la impunidad.

1.- Independencia y autonomía del Poder Judicial:

• Crear un mecanismo de nombramiento de jueces y fiscales estrictamente meritocrático, que garantice su independencia del poder político y económico.
• Establecer sistemas de protección efectiva para los jueces y fiscales que enfrentan casos de alta complejidad y riesgo, garantizando su integridad y seguridad.
• Implementar auditorías periódicas y controles.

2. Unidad de investigación especializada en delitos económicos y de corrupción:

• Crear una fiscalía nacional anticorrupción y unidades especializadas, con competencia exclusiva en delitos relacionados con financiamiento ilegal, lavado de dinero, soborno
• Dotarlas de recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para tareas de investigación exhaustivas, con capacidad de coordinarse con organismos internacionales.
• Proteger a los fiscales e investigadores mediante protocolos de protección integral y anonimato en los casos de

3. Mecanismos digitales de transparencia y control ciudadano:

• Implementar plataformas en línea pública, accesibles y fáciles de usar, que permitan verificar en tiempo real el financiamiento de campañas, contrataciones públicas y movimientos financieros de actores relevantes.
• Facilitar canales de denuncia ciudadana protegidos y anónimos, con seguimiento transparente y mecanismos de protección para los denunciantes.

4. Reformas en la normativa penal:

• Incrementar las penas en casos de delitos de corrupción, especialmente aquellos que involucren a funcionarios públicos, empresarios y
• Establecer sanciones accesorias como la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos o directivos en empresas vinculadas.
• Facilitar la confiscación de bienes ilícitos y el uso de medidas de reparación del daño como herramientas de sanción efectiva.

5. Cooperación internacional y adopción de estándares internacionales:

• Ratificar y aplicar estándares internacionales contra la corrupción, siguiendo las recomendaciones de la UNODC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
• Crear redes de cooperación con agencias de justicia internacionales para investigar y perseguir delitos transnacionales.

6.- Aprobar la ley del secreto Bancario

Estas reformas buscan fortalecer la institucionalidad, reducir la impunidad y enviar un mensaje claro de que en Chile la corrupción será perseguida y sancionada con firmeza. La implementación de estas propuestas requiere compromiso político, recursos adecuados y la participación activa de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales.

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