Por Zarigüeya  - Para UTE-NOTICIAS – desde ecuador  - 27-10-2025

“El poder tiene formas muy diferentes de manifestación. La más indirecta e inmediata se exterioriza como negación de la libertad. Esta capacita a los poderosos a imponer su voluntad también por medio de la violencia contra la voluntad de los sometidos al poder Byung-Chul Han

El paro indígena que comenzó el 21 de septiembre y terminó el 22 de octubre del presente año, se desarrolló de una manera bastante peculiar, que ya explicaremos. Este paro tuvo como motivación el anuncio del presidente de la república Daniel Noboa Azin de quitar el subsidio al diésel mediante el decreto 126. Esta medida golpea duramente a los sectores más empobrecidos, ya que la elevación de   este combustible se conecta con una serie de encadenamientos productivos que trae consigo la elevación del precio de un sinnúmero de productos, por los efectos reales del alza y por los inevitables efectos especulativos.

El Ecuador está viviendo uno de sus peores momentos en materia de seguridad ciudadana, la ola de violencia producto de la acción de las bandas delictivas sigue fuera de control, con la paradoja de que el gobierno se muestra muy eficaz en materia de reprimir manifestaciones de la gente y bastante menos eficaz en la “guerra” que declaró a la delincuencia. El Ecuador ocupa los primeros lugares entre los países más violentos de América Latina.

Se está viviendo en Ecuador una situación compleja en lo político, social, cultural y económico. El deterioro de las condiciones de vida para importantes sectores de la población se revela en los siguientes indicadores que señala el economista Alberto Acosta:

 “Cinco millones de habitantes tienen apenas un ingreso mensual de 90 dólares. Dos millones de habitantes sobreviven con 50 dólares al mes. Para tener un punto de referencia, el costo de la canasta básica es de más de 830 dólares y el ingreso mínimo es de 470 dólares.

Con estos elementos, sumamos la dura realidad del desempleo: más del 65% de la población económicamente activa no tiene empleo adecuado y la mayoría apenas llega al salario mínimo. Adicionalmente tenemos el impacto provocado por la ausencia de medicinas e incluso alimentación en los hospitales públicos.” (1-Artículo de: Acosta Alberto, “Ecuador: el miedo como política de Estado”, Amazonía Latitude 16/10/2025. Ecuador. )

La política de los “golpes de efecto”, - que son maniobras de distracción-, a las que acostumbra el gobierno de Noboa está dejando de dar los frutos esperados y se ha vuelto contraproducente. Ocurrió con la denuncia de la ministra de energía la abogada Inés Manzano quien salió a la prensa a denunciar un intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, cuya comitiva presidencial habría sufrido unos ataques con balas de parte de manifestantes de la etnia cañaris,   cuestión que se fue diluyendo hasta quedar en nada, puesto que la propia policía certificó que no encontraron impactos de bala en ningún vehículo de la comitiva y los 5 manifestantes detenidos fueron puestos en libertad por un juez al no contar con evidencia alguna del magnicidio denunciado. Se sospecha que dos atentados de bombas y un intento de envenamiento al presidente son parte de esta política de distracción que se ha hecho parte de su agenda.

El gobierno de Noboa se ha presentado como un fiel seguidor de las políticas de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el Ecuador recibió, hace poco tiempo, la visita del Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y pretende modificar la Constitución para autorizar a la potencia del norte a instalar una base norteamericana en la Islas Galápagos. En las nuevas formas de represión de las manifestaciones se ha notado el asesoramiento norteamericano-israelí. El Ecuador se encuentra con muy malas relaciones con la mayoría de los países latinoamericanos a excepción de la Argentina de Milei.

El Gobierno y la Represión

Este gobierno de derecha neoliberal enfrentó el paro indígena de una forma prepotente, agresiva y provocadora, en ningún momento estuvo dispuesto a un diálogo racional, el autoritarismo y la represión salvaje fue la lógica con que el gobierno confrontó a las nacionalidades, a trabajadores, a ciudadanos, a estudiantes y otros sectores de la población que adhirieron conscientemente y solidariamente al paro. La técnica empleada la militarización del país, la imposición de un clima de guerra, el amedrentamiento para generar miedo; cuando decimos provocadora hacemos alusión al hecho de que inmediatamente comenzada la movilización indígena el gobierno instaló su sede en Latacunga, -en la provincia de Cotopaxi-, ciudad ubicada al sur de Quito de alta densidad poblacional indígena y provincia donde reside un destacado líder indígena como es Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE. En Cotopaxi provincia  donde también existen fuertes destacamentos militares, los indígenas no cayeron en la provocación y realizaron sus movilizaciones contenidas. En cambio, en Otavalo donde el pequeño “rey” mandó a su vicepresidenta, María José Pinto, esta tuvo que ser rescatada en helicóptero. La señora es una empresaria que no tiene “buena prensa” entre los trabajadores de la zona que trabajaron en las empresas de su familia.

La represión del gobierno se basó en impedir con grandes despliegues policiales las concentraciones de gente en la ciudad de Quito con nuevas técnicas de copamiento y una abundancia impresionante de gases lacrimógenos, uso de gas pimienta, granadas aturdidoras y otros implementos represivos. Envío de convoyes militares fuertemente armados a las zonas álgidas del conflicto como fue la provincia de Imbabura y la ciudad de Otavalo en particular. Los militares una vez llegados a las comunidades indígenas o puntos determinados de las ciudades o carreteras procedían con violencia inusitada a detener arbitrariamente manifestantes dándoles un trato abusivo y degradante; asaltaban inclusive casas y sacaban a los jóvenes a golpes a patadas y culatazos. La práctica de utilizar infiltrados que delatan y usan fuegos artificiales en contra de militares y policías para justificar despiadados ataques represivos se ha vuelto frecuente. También cortaban el Internet en determinados pueblos como el caso de Cotacachi y otras zonas. También bloquearon las cuentas bancarias de las organizaciones indígenas y de sus dirigentes. Como resultado de todo esto resultaron muertos tres miembros de las comunidades indígenas que participaban en las protestas ellos fueron: Efraín Fuerez en Cotacachi, José Guamán en Otavalo, y Rosa Elena Paqui, en Saraguro en la provincia de Loja. En un posteo en redes sociales podía leerse lo siguiente: “Se fueron tres vidas, tres historias, tres sabidurías, tres valentías…” y queda un gobierno manchado con la sangre de nuestros pueblos originarios.

El irrespeto a los derechos humanos y al derecho a la resistencia consagrados en la Constitución es la tónica de la intervención policial militar.

La otra arista populista, demagógica y oligarca de enfrentar el paro, por parte del gobierno fue tratando de comprar a la población indígena a través de un verdadero festival de bonos y otra serie de canonjías destinadas a neutralizar o cooptar a sectores del mundo de los pueblos originarios. Cuestión que lamentablemente tuvo efectos en algunas provincias de la sierra central como Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Como se puede apreciar la vieja política del garrote y la zanahoria al servicio de la dominación y aplastamiento del justo y democrático reclamo de mejores condiciones de vida para la mayoría del pueblo ecuatoriano.

El otro aspecto que satura las políticas de este gobierno son la abultada presencia comunicacional que comprende todos los medios y redes sociales con verdaderos ejércitos de trolls y bots. Nada imaginativo ni muy creativo sino la repetición simplista del discurso gubernamental.

Ahora bien, la motivación interior que guía las actuaciones del presidente no puede ser más grotesca: es la del machista patriarcal pletórico de energía testicular, que junto con hacer uso de la fuerza que dispone, impone a como tenga lugar sus medidas; se jacta de no ser un presidente “blando” como Moreno y Lasso. Tomar la decisión de imponer la medida de eliminar el subsidio al diésel, afecte a quien afecte, mediante la feroz represión, es el talante de la “hombría” que quiere legitimar el gobernante, lo cual se parece demasiado a la tiranía. Esta actitud firme contra los manifestantes contrasta bastante con la actitud no tan firme, que tienen con las pandillas   delincuenciales. La respuesta parece obvia, los delincuentes también se encuentran bien armados y tienen nexos entre los policías y los militares.

Un gobierno,  que en realidad es el gobierno del grupo económico Noboa, además de ser respaldado por el bloque dominante, especialmente el capital bancario a quien ha favorecido con una serie de medidas, junto a sectores de las clases medias ligados  a sus inversiones o ideológicamente, además se sostiene en base a las redes clientelares que su padre formó durante 5 campañas presidenciales y las redes que ha ido generando en su propia gestión de gobierno que ha penetrado incluso a sectores del movimiento indígena, se agrega a esta base social, estos grupos aspiracionales denominados: “pobres de derecha” cooptados por la hegemonía ideológica dominante que pertenecen a las clases medias empobrecidas o a sectores francamente populares caracterizados por su bajo nivel educativo y llenos de temores, odio y miedos que provienen de las culturas mediáticas que se han apoderado de sus conciencias.

El Paro Indígena

La respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (CONAIE) al decreto presidencial emitido por el gobierno fue rápida y ya para el 22 de septiembre la dirigencia del movimiento indígena había declarado un paro nacional indefinido, solicitando la derogatoria del decreto 126 que quitaba el subsidio al diésel, lo cual desató por parte de los adherentes, periodistas y analistas partidarios del gobierno una ola de ataques contra el movimiento indígena caracterizado por abiertas y solapadas invectivas racistas.  A partir de allí el paro fue desplegándose progresivamente sobre todo en la provincia de Imbabura,  adquiriendo  especial intensidad en la ciudad de Otavalo, las comunidades Kichwas de esta zona comenzaron a demostrar altos niveles de conciencia y organización que lograron mantener totalmente paralizadas durante casi los 30 días que duró el paro con movilizaciones y cierres de carreteras en todos los cantones de esta provincia, otro refuerzo importante fue el norte de  Quito donde así mismo las comunidades Kichwas Kitu Caras de San Miguel del Común lograron mantener también cierres viales durante los 30 días que duró la movilización aún con la bestial represión que recibieron. Lo mismo podemos decir de lo ocurrido en la zona de Cayambe donde se mostraron altos niveles de combatividad y solidaridad.

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