EDITORIAL: 04 DE ENERO 2026

La historia suele ser narrada por los vencedores, pero siempre es el pueblo quien paga el precio. Tras el terremoto político y militar que significó la llamada “Operación Resolución Absoluta” este 3 de enero de 2026, y luego de la confirmación de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, los focos mediáticos del mundo se concentran en Nueva York y en los salones del poder imperial.

Pero nuestra mirada —y nuestra indignación— están en otro lugar.

Están en los barrios populares de Caracas, en los llanos de Apure, en las fábricas de Guayana. Allí donde millones de hombres y mujeres que durante años sostuvieron con su trabajo, su lealtad y su esperanza el proyecto bolivariano, hoy despiertan bajo la imposición de un futuro decidido desde afuera, bajo una bandera que no es la suya.

Este texto es un grito de denuncia y solidaridad. Es la voz del trabajador público que no sabe si mañana seguirá teniendo empleo. De la madre que depende del CLAP para alimentar a sus hijos. Del pensionado cuyo ingreso —ya miserable— estaba anclado a un Estado que Washington ahora promete “desmantelar” con la frialdad de un contador.

El anuncio de Donald Trump no deja lugar a dudas ni a eufemismos: Estados Unidos “administrará” Venezuela y sus empresas petroleras entrarán a “tomar control” del crudo venezolano. No es ayuda humanitaria. No es reconstrucción. Es saqueo con lenguaje diplomático.

Se confirma así el peor de los temores: la soberanía energética ha sido la primera víctima de esta intervención. Si el petróleo —históricamente el corazón económico del país y sustento de políticas sociales— pasa a manos de corporaciones extranjeras para “cobrar” el costo de una operación militar, ¿qué queda para el pueblo? Nada. Solo el retorno a la vieja lógica colonial: extracción, exclusión y miseria para las mayorías.

La renta petrolera en manos del imperialismo no traerá bienestar popular. Traerá recortes, privatizaciones y la conversión de derechos sociales en “gastos innecesarios”.

Expresamos nuestra total y activa solidaridad con quienes hoy no solo temen por su sustento material, sino por su identidad política. La designación de Delcy Rodríguez como autoridad transitoria responde a un mandato constitucional y busca preservar un mínimo de institucionalidad frente al caos impuesto desde el exterior.

Advertimos con claridad: la ultraderecha venezolana no puede —ni debe— empujar al país a una guerra civil alentada desde Washington. El camino legítimo solo puede ser uno: elecciones libres, soberanas y sin tutela extranjera. Y ese proceso debe garantizar algo irrenunciable: los recursos estratégicos, especialmente el petróleo, pertenecen al pueblo venezolano y no son botín de guerra.

La “caza de brujas”, el revanchismo y la persecución contra quienes apoyaron a Chávez y Maduro no reconstruyen una nación: la destruyen. Despidos masivos, eliminación de ayudas sociales y purgas ideológicas bajo el pretexto de “limpiar el Estado” solo abrirán una segunda tragedia humanitaria, ahora planificada desde escritorios lejanos.

La dignidad del pueblo venezolano —de todo su pueblo— está por encima de los intereses de cualquier corporación o de cualquier oficina en la Casa Blanca. Venezuela no es un barril de petróleo a repartir. Es una nación viva, con memoria, con identidad y con derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

Sin soberanía no hay democracia. Sin justicia social no hay paz.

CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH