Marcelo Mella Polanco - Apuntes Políticos – 04 de enero 2026

La intervención militar ordenada por el presidente Trump, ejecutada el sábado 3 de enero y cuyo objetivo fue la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como su traslado a Estados Unidos para enfrentar diversos cargos criminales, ha sido interpretada -en una narrativa ampliamente difundida- como la solución a la crisis venezolana. Sin embargo, la realidad es considerablemente más compleja que el simple derrocamiento del dictador, pues esta lectura ignora la estructura de poder que sostiene al régimen. Puede adelantarse que la defenestración de Maduro constituye una condición necesaria, pero en ningún caso suficiente, para un cambio estructural del sistema político venezolano.

Quitar al líder no es desmantelar el régimen

Un error estratégico crucial consiste en asumir que Maduro es el régimen. En realidad, el chavismo ha operado durante 27 años como una compleja coalición político-militar, con poderosos incentivos para su propia supervivencia. La salida forzada de Maduro, quien gobierna desde 2013, debilitará el centro de gobierno, pero no necesariamente desmantelará la red de intereses cruzados que articulan a la Fuerza Armada, los servicios de inteligencia, las élites económicas y las redes informales que controlan el Estado.

Comprender esta distinción resulta crucial, porque revela que el problema de fondo de Venezuela no se resuelve con la captura del Dictador, sino con la transformación de una estructura de poder profundamente arraigada. La caída del presidente no implicaría una transición ordenada hacia la democracia, sino apenas el fin del vértice visible de la dictadura y, probablemente, el inicio de una fase de reacomodo acelerado y potencialmente conflictivo. Desde esta perspectiva, el primer riesgo analítico es confundir la caída del vértice presidencial con el colapso efectivo del régimen.

Si la memoria histórica fuese un factor determinante en la política exterior, bastaría observar intervenciones militares recientes orientadas tanto a reestructurar regímenes autoritarios como a maximizar el control sobre la producción petrolera, como Irak (2003) y Libia (2011). Aunque ambas concluyeron con la caída de Saddam Hussein y Muamar Gaddafi, respectivamente, derivaron en procesos prolongados, costosos y, en la mayoría de sus objetivos, fallidos.

La “solución” externa puede ser una trampa de legitimidad

Un escenario plausible es la instalación de una administración transitoria tutelada por Estados Unidos -anunciada por Donald Trump- orientada a estabilizar la crisis, facilitar un cambio de régimen y asegurar, en paralelo, activos estratégicos, particularmente el petróleo. Aunque esta fórmula podría permitir un control rápido de la infraestructura crítica, enfrentaría un déficit de legitimidad interna casi insuperable. La narrativa de una “ocupación” extranjera se transformaría en un poderoso catalizador del nacionalismo y de los sectores más duros del chavismo, alimentando protestas, sabotajes y formas de resistencia pasiva.

Este escenario encierra una contradicción estructural que podría condenarlo al fracaso: su eventual eficacia en la estabilización del país podría, paradójicamente, fortalecer el rechazo político interno. La paradoja es clara: cuanto más efectiva sea la estabilización, mayor puede ser el rechazo si no se transfiere en el corto plazo el poder a una autoridad civil con anclaje interno y legitimidad social.

Trump ha señalado que Estados Unidos controlará Venezuela “hasta que vuelva la normalidad”. Sin embargo, la experiencia estadounidense en la construcción de regímenes democráticos tras 2001 ha sido ampliamente negativa, con una sombría contabilidad de costos económicos, humanos y políticos.

El temido escenario de la “balcanización de facto”

La consecuencia más peligrosa de la caída de Maduro es la fragmentación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En la práctica, esto implicaría la pérdida del monopolio estatal de la fuerza y la emergencia de “mandos regionales” que, en alianza con actores armados no estatales y economías ilegales, pasarían a controlar territorios específicos del país. En este contexto, Venezuela podría deslizarse hacia una división territorial de facto. Este escenario de “balcanización” no solo sería el más costoso para la sociedad venezolana, sino también el más desestabilizador para la región, con un impacto potencialmente incalculable en términos de crisis migratoria y seguridad transnacional.

A ello se suma que el vacío de poder, la ausencia de un mando unificado y la proliferación de caudillismos locales afectarían gravemente el control de los recursos estratégicos y de la producción petrolera. Este punto resulta clave, ya que compromete la gobernabilidad de cualquier diseño institucional posterior a Maduro y, al mismo tiempo, incide directamente en el precio del petróleo para el consumo estadounidense.

Existe, además, la posibilidad de una insurgencia chavista de baja intensidad. Sectores del régimen, privados del control del Estado pero no de las armas ni de sus redes de apoyo, podrían optar por una estrategia de resistencia prolongada orientada a hacer ingobernable el país. Mediante sabotajes a infraestructuras críticas y episodios de violencia selectiva, podrían convertir cualquier intento de reconstrucción en un esfuerzo sistemáticamente fallido.

El “chavismo sin Maduro” y la congelación del conflicto

La intervención del gobierno de Trump podría no producir una transición real, sino la simple sustitución de una figura por otra. En este escenario, el chavismo habría definido previamente a un sucesor, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el fin de preservar el control del aparato estatal y territorial en ausencia de Maduro. Rodríguez habría sido considerada por Trump y el secretario Rubio como una opción funcional para evitar la “balcanización” del proceso.

El resultado sería un sistema de “doble poder”: por un lado, una autoridad ad hoc respaldada por Estados Unidos; por otro, una estructura que mantiene el control efectivo de las instituciones y del territorio. Este tipo de equilibrio inestable tiende a “congelar” la crisis, prolongando el deterioro económico y social sin resolver el conflicto de fondo. Además, este diseño podría desincentivar el retorno de la diáspora venezolana y bloquear cualquier dinámica de reconstrucción sostenida.

La intervención militar para forzar la salida de Maduro no resuelve, por sí sola, la crisis estructural de Venezuela. Una transición que implique algún nivel de coordinación entre el gobierno de Trump y las estructuras de poder heredadas del chavismo, aunque políticamente costosa y altamente exigente, aparece como la mejor alternativa para evitar una “balcanización” o un escenario de colapso similar a Libia tras la caída de Gaddafi. Sin embargo, las opciones más seguras para la Casa Blanca parecen orientadas, ante todo, a asegurar el control de la producción petrolera y contener el riesgo de alzas en los precios para consumo interno, que podrían tener consecuencias muy adversas para Trump en las elecciones intermedias de este año.

Este diseño, sin embargo, no protege a Venezuela de nuevas formas de autoritarismo, de esquemas de doble poder derivados de un tutelaje prolongado de Estados Unidos, ni tampoco de una inestabilidad crónica producto de la fragmentación del poder. Tal como están las cosas, la conducción del proceso recaerá inicialmente en aquellos actores capaces de evitar una escalada de desorden generalizado y de mejorar la posición estratégica de Washington D.C. en la economía del petróleo; en el mediano plazo, dicha conducción corresponderá a quienes logren estabilizar el sistema político y reconstruir mecanismos básicos de gobernabilidad. Solo si estas etapas se desarrollan con éxito podrá, finalmente, abrirse un escenario propicio para la instalación de un gobierno representativo. El dilema central, por tanto, no es quién gobierna inmediatamente después de Maduro, sino cuando se producirá un margen político real para iniciar un proceso gradual de democratización en Venezuela.

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