Por: Fernando Sagredo Aguayo. Profesor de Historia y Geografía, Magíster en Curriculum y Evaluación, Magíster en Filosofía Política. Universidad de Santiago de Chile (USACh).

El Desconcierto. 11.02.2026

Los datos demuestran que la educación pública, cuando se gestiona con enfoque territorial y no de mercado, funciona. Ignorar esa evidencia para imponer una ideología no es modernización; es un retroceso de la razón, y también de la propia experiencia. Después de todo, los acontecimientos del 2006 y del 2011, dejaron muy en claro que aquello a lo que se quiere volver, está condenado al fracaso.

El escenario político que se configura en Chile tras el triunfo presidencial de José Antonio Kast no constituye un mero cambio de administración, sino el inicio de una profunda "restauración conservadora". La conformación del nuevo gabinete ministerial en Educación, encabezado por María Paz Arzola y secundado por el recientemente nombrado Daniel Rodríguez, (geógrafo de profesión y director de Acción Educar) cristaliza la alianza descrita por el sociólogo y referente en educación Michael Apple como "Modernización Conservadora": una fusión entre la ortodoxia neoliberal de libre mercado y la demanda neoconservadora de orden y autoridad. Sin embargo, esta cruzada ideológica nace con un defecto de origen: choca frontalmente con la evidencia empírica más reciente.

La designación de María Paz Arzola -proveniente de Libertad y Desarrollo- revela la intención de reinstalar el mercado como el motor del sistema. Su crítica histórica a la Ley de Inclusión y al Sistema de Admisión Escolar (SAE) no es técnica, sino política: busca restaurar la capacidad de los establecimientos para seleccionar a sus estudiantes bajo el eufemismo del "mérito". Fenómeno largamente estudiado y cuestionado, sobre todo, en un país de profundas y permanentes desigualdades como en Chile.

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Frente a esto, la realidad de los datos es obstinada. Mientras la retórica del plan "Patines para Chile" diagnostica una crisis terminal de la educación pública para justificar su privatización, el informe del Mineduc liberado este 12 de enero desmiente categóricamente tal colapso.

Los números son contundentes y políticamente incómodos para la nueva administración. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no sólo han sostenido el sistema, sino que lideran la recuperación post-pandemia. Según el reporte, los SLEP lograron un aumento de 3,2 puntos porcentuales en asistencia promedio, superando el repunte nacional. Más decidor aún es el combate a la exclusión: mientras el promedio país redujo la desvinculación escolar en un 18%, la Nueva Educación Pública logró una caída del 22%, alcanzando un mínimo histórico de 1,5% de abandono.

¿Cómo se justifica, entonces, desmantelar una institucionalidad que ha logrado revincular a más de 4.500 estudiantes -un 39% del total de niños y jóvenes recuperados- mediante equipos territoriales y no mediante la competencia de mercado? La respuesta radica en que, para el futuro gabinete Arzola-Rodríguez, estos datos son irrelevantes frente al dogma. Y aquí, el mantra contra ideológico que durante tanto tiempo desplegó la discursividad y retórica republicana, se muestra paradójica o más bien, perfectamente coherente con el espíritu “programático” del gobierno de Kast, recientemente expuesto en su gira por Centroamérica y Europa.

El derrotero que guía la planificación en el futuro Mineduc, también es ideológica, quizá la más ideológica desde el retorno a la democracia. La evidencia, por ejemplo, señala que la recuperación de aprendizajes en tres de las cuatro pruebas Simce y el desempeño superior al promedio nacional en 4° básico por parte de los SLEP son "evidencias incómodas" que contradicen la narrativa de que lo privado siempre es mejor que lo estatal.

Aquí es donde entra la figura del subsecretario Daniel Rodríguez. Su rol será instrumentalizar la "calidad" a través de la estandarización. Utilizando las categorías de Henry Giroux y la investigadora chilena Alejandra Falabella, se advierte que este tipo de gestión impulsaría una política de "altas consecuencias" basada en el Simce, empujando a las escuelas hacia la performatividad.

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Esto no mejora la educación; la convierte en un simulacro. Al atar recursos y prestigio a un puntaje, se reduce al docente a un mero técnico ejecutor, despojado de autonomía intelectual. Se concreta así lo que el pedagogo colombiano y referente absoluto de las llamadas pedagogías del sur, Marco Raúl Mejía denomina "despedagogización": el tiempo administrativo para llenar planillas devora al tiempo pedagógico, y la escuela deja de ser un espacio de construcción de ciudadanía para convertirse en una fábrica de indicadores.

La insistencia en reformar el SAE para reponer la selección es quizás el punto más crítico. Como ha demostrado largamente Cristian Bellei, en un sistema tan desigual como el chileno, el "mérito académico" es indistinguible del origen socioeconómico.

Volver a permitir que los colegios elijan a sus alumnos -y no las familias a los colegios- no es libertad; es segregación financiada por el Estado. La reducción de la inasistencia grave en 12 puntos porcentuales en los SLEP (frente a los 10 del promedio nacional) demuestra que la inclusión funciona mejor que la selección para retener a los estudiantes más vulnerables.

Chile enfrenta una encrucijada histórica en 2026. La restauración conservadora intentará imponer, mediante la fuerza de la tecnocracia y el dogma de mercado (validado silenciosamente en el marco electoral), un modelo que ya demostró su incapacidad para generar equidad. El debate que se avecina no es sólo administrativo, sino cultural.

Frente a la intención de convertir a los docentes en técnicos y a los estudiantes nuevamente en clientes, la defensa de los SLEP no debe ser corporativa, sino principista: los datos demuestran que la educación pública, cuando se gestiona con enfoque territorial y no de mercado, funciona. Ignorar esa evidencia para imponer una ideología no es modernización; es un retroceso de la razón, y también de la propia experiencia. Después de todo, los acontecimientos del 2006 y del 2011, dejaron muy en claro que aquello a lo que se quiere volver, está condenado al fracaso.

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