Por: Jorge Molina Araneda. Docente de Ciencias Sociales y de Lenguaje y Comunicación

El Desconcierto. 13.02.2026

No hay delito. No hay infracción. No hay ilegalidad. Sin embargo, hay un problema evidente de diseño institucional y de percepción pública, eso es lo que erosiona la legitimidad. Y Kast, al respaldar a Chomalí, sin cuestionar el cruce de la esfera privada a la pública, termina validando exactamente el tipo de práctica que dice combatir.

El caso de May Chomalí, futura ministra de Salud, no huele a ilegalidad. Huele a algo más sutil, más frecuente y más peligroso en la política chilena: La normalización del cruce entre pericia técnica privada y poder público, ese territorio gris donde todo es formalmente correcto, pero éticamente inquietante.

La puerta giratoria que nadie quiere ver

Max Weber advertía que el mayor riesgo de la burocracia moderna no era la corrupción burda, sino la racionalización de prácticas que terminan siendo moralmente opacas. No es el delito lo que difumina la confianza pública, sino la sensación de que las decisiones se toman dentro de un círculo cerrado de expertos que se contratan entre sí, se validan entre sí y, finalmente, gobiernan entre sí.

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Eso es exactamente lo que revela la red de convenios entre el CENS —Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud— y el sistema público de salud.

Tratos directos, proveedor único, confianza técnica y especialización. Palabras impecables en un expediente administrativo y profundamente problemáticas en un análisis político.

Los contratos

De acuerdo a radio Biobío, entre esos vínculos destaca el contrato autorizado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para la implementación del proyecto “Tiempo de Espera Interoperable”, iniciativa de alcance nacional destinada a mejorar la trazabilidad y gestión de las listas de espera en 15 Servicios de Salud.

El convenio, por más de $200 millones, fue adjudicado mediante trato directo, bajo el argumento de proveedor único y especialización técnica.

A esto se suman otras contrataciones de menor monto, también vía trato directo, celebradas por Servicios de Salud como el Metropolitano Oriente, donde el CENS actuó como consultor experto en concursos de innovación y proyectos internos.

No es un contrato aislado. Es un patrón de vínculo reiterado. Y cuando la modalidad reiterada es el trato directo, la discusión deja de ser contable y pasa a ser institucional.

CENS: de asesor técnico a actor estructural del Estado

El CENS no solo ejecuta proyectos, además participa en la interoperabilidad clínica, en estándares tecnológicos y en la trazabilidad de listas de espera, es decir, incide en cómo el Estado entiende y gestiona su propia información sanitaria.

Eso explica por qué la autoridad puede justificar la ausencia de licitaciones abiertas: porque ya se generó una dependencia estructural basada en la “confianza técnica”.

El Estado, en esta área, externalizó parte de su capacidad estratégica, y ahí es donde la presencia reiterada de Chomalí como representante legal del CENS deja de ser un dato administrativo y se convierte en un antecedente político mayor.

El conflicto

Legalmente, hoy no hay infracción. Sin embargo, Pierre Rosanvallon advertía que la democracia no se diluye por ilegalidades, sino por situaciones que, siendo legales, destruyen la confianza pública.

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Si Chomalí asume como ministra, pasaría a dirigir el mismo ministerio que contrató, mediante tratos directos, a la entidad que ella representaba legalmente. No es un conflicto hipotético, es un conflicto preconfigurado.

La ley de probidad exige abstenciones, pero aquí la abstención no resuelve lo esencial: ¿Cómo se revisan contratos donde tú fuiste firmante? ¿Cómo se evalúa la continuidad de proyectos que tú ayudaste a posicionar ante el Estado? ¿Cómo se decide sobre futuras contrataciones con un organismo que tú misma representaste?

Esto no es un problema jurídico, es un problema de credibilidad política.

Kast: retórica anticorrupción

El discurso de José Antonio Kast se ha construido sobre la promesa de limpiar el Estado de redes, pitutos y élites que viven del aparato público. Pero este caso encaja con precisión en esa descripción, salvo porque la protagonista aparece dentro del círculo de confianza de su sector.

Aquí la vara moral se vuelve elástica. Como diría Orwell: “Todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Este no es solo un debate teórico. Los antecedentes ya están siendo analizados en la “Moneda Chica”. Eso introduce un elemento decisivo, cual es, que el propio Ejecutivo entiende que aquí hay un asunto políticamente sensible.

La interrogante no es si hubo irregularidades, sino ¿es sano para una democracia que quienes diseñan y ejecutan sistemas críticos del Estado desde el sector privado pasen luego a dirigir políticamente ese mismo Estado? Ahí se diluye la frontera entre asesor, proveedor y autoridad.

El sociólogo alemán Ulrich Beck llamaba a esto “irresponsabilidad organizada”: todo es legal, todo está justificado, pero genera desconfianza.

Conclusión

No hay delito. No hay infracción. No hay ilegalidad. Sin embargo, hay un problema evidente de diseño institucional y de percepción pública, eso es lo que erosiona la legitimidad.

Y Kast, al respaldar a Chomalí, sin cuestionar el cruce de la esfera privada a la pública, termina validando exactamente el tipo de práctica que dice combatir.

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