Por: Ivette Barrios
El Ciudadano. 24/04/2026
Comunidad educativa denuncia persecución laboral tras publicaciones de prensa y acusa abandono administrativo.
El pasado 20 de abril el medio El Líbero publicó el artículo La “tía Caro” del Instituto Nacional y los otros dos adultos identificados en las querellas por violencia en liceos emblemáticos, cuyos párrafos sugieren ligar a trabajadores del Instituto Nacional con los «overoles blancos» sin mostrar pruebas reales. El texto, escrito por la periodista Diana Lozano, es visto por los afectados como un intento de culpar a los funcionarios para tapar los problemas de gestión del colegio.
En conversación con El Ciudadano, uno de los docentes del establecimiento, quien prefiere resguardar su identidad, asegura que existe una obsesión de la periodista por instalar la idea de que los profesores ayudan a los encapuchados. Según explica, el medio repite datos antiguos para crear una sospecha que termina en despidos de los funcionarios que estarían basados solo en rumores. Ante las repercusiones que tienen estas noticias, la fuente afirma que «la prensa apunta y el sostenedor ejecuta la persecución», usándose para castigar al personal.
La denuncia también apunta a que se filtra información privada de sumarios y querellas que llega a manos de la prensa sin ningún cuidado por la honra de los trabajadores. El docente relata que se ha llegado a acusar a colegas con nombre y apellido sin que exista una investigación previa, lo que creó un ambiente de miedo dentro del liceo que busca callar a quienes no están de acuerdo con la dirección.
Uno de los puntos más cuestionados es el caso de la llamada «tía Caro», una figura que el medio identifica como funcionaria de planta a pesar de no estar imputada por la justicia. El docente se pregunta cómo la prensa consigue nombres que no están en las querellas para presentarlos como un supuesto «golpe periodístico». En ese sentido, critica que «no existe interés real en develar el origen de la violencia, o desarticular sus redes, sino proteger la gestión de un Equipo que ha demostrado en tres administraciones distintas (Hassler, Desbordes y SLEP) su incapacidad de enmendar el rumbo de la institución», sostiene.
A pesar de que se aplican medidas como Aula Segura, que significó 35 expulsiones en 2025, la violencia no para. El docente detalla que los ataques de encapuchados subieron de 17 en 2022 a 26 durante el año pasado, lo que demuestra que la estrategia actual no funciona. Para los trabajadores, estas notas de prensa solo dejan en libertad a los verdaderos culpables mientras castigan a la comunidad.
Entre 2023 y 2025, el instituto tuvo cinco protocolos de evacuación distintos, lo que genera caos al momento de reaccionar debido a la confusión que vive la comunidad ante hechos de violencia. Además, denuncian que los documentos oficiales disponibles tienen errores de ortografía, mencionan a personal que ya no trabaja en el establecimiento y jamás fueron informados ni discutidos con los profesores, dejándolos a manos de la improvisación.
El personal también advierte que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar no se actualiza desde 2023, incumpliendo la normativa vigente de la Superintendencia de Educación. Esta falta de herramientas legales actualizadas impide un abordaje integral que vaya más allá de lo reactivo, como mejorar la infraestructura o recuperar espacios como el Estadio y el Sector 3 para alejar a los jóvenes de los discursos violentos.
Por último, los trabajadores exigen que se dejen de lado los discursos de odio y se invierta en mejorar el liceo y sus protocolos de seguridad. Actualmente, los documentos de emergencia tienen errores básicos y no han sido trabajados con los profesores, dejando a todos a la deriva cuando hay incidentes. Por ahora, sostienen que se sigue con una política de persecución que afecta la dignidad laboral de quienes están en el aula.
El Ciudadano
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